الريــم
03-30-2023, 09:04 PM
El Consejo General del Poder Judicial, cuyos 18 miembros se mantienen por el momento en activo tras fracasar la dimisi?n en bloque planteada desde el sector minoritario progresista, ha pisado el acelerador y el Pleno celebrado este jueves ha aprobado por unanimidad los informes sobre siete anteproyectos de ley.
Entre ellos, dos de especial relevancia -- los referidos a la Ley de Familias impulsada por departamento de Ione Belarra y a la norma que sustituir? la actual ley de secretos oficiales, propuesta del Ministerio de Presidencia-- cuyo contenido es muy cr?tico con las propuestas legislativas del Ejecutivo.
As?, sobre el anteproyecto de ley de informaci?n clasificada el Consejo advierte de una "marcada indeterminaci?n (https://www.epe.es/es/politica/20230330/cgpj-ve-ley-de-informacion-clasificada-ley-de-familias-indeterminacion-tachas-inseguridad-juridica-85404566)" de los motivos incluidos en la norma para declarar una informaci?n como tal, al tiempo que pide revisar los plazos de desclasificaci?n autom?tica por considerarlos "excesivos".
La valoraci?n, que lleva la firma del vocal designado a propuesta del PP Wenceslao Olea, apunta que "la justificaci?n de la clasificaci?n de la informaci?n debe concretar el riesgo grave y cierto existente, y la concreta y directa incidencia en el n?cleo del bien jur?dico protegido ('seguridad y defensa del Estado'), no siendo admisibles meras relaciones con elementos accesorios".
A juicio del ?rgano de gobierno de los jueces, dicha incidencia "resulta dudosa y falta de concreci?n" en el art?culo que incluye entre las categor?as de alto secreto y secreto la informaci?n referida a la "seguridad p?blica y vida de los ciudadanos", a las "relaciones exteriores de Espa?a o situaciones de tensi?n internacional" y a los "intereses econ?micos o industriales de car?cter estratégico".
Tampoco en la categor?a "confidencial", incluida en el anteproyecto, se establece una vinculaci?n "clara" con la seguridad y defensa del Estado a juicio del Consejo. Y ello porque, si bien se entiende que las negociaciones pol?ticas o los intereses generales de car?cter econ?mico o industrial pueden tener importancia, ello no constituye "una afectaci?n a la organizaci?n estatal y su forma democr?tica de gobierno".
Solo debe clasificar el Gobierno
Por otro lado, el informe critica que el borrador permita clasificar informaci?n a otras autoridades que no sea el Gobierno. "En una democracia, la decisi?n de decretar el secreto es extremadamente grave, por lo que debe ser adoptada al m?s alto nivel del Poder Ejecutivo".
Adem?s, el CGPJ cree que el borrador de la ley deber?a incluir un proceso que regule el acceso de los ciudadanos a la informaci?n clasificada, as? como que el Congreso de los Diputados pueda acceder a ella a través de sus comisiones de investigaci?n, no solo de la de secretos oficiales. Finalmente, apunta que las imprecisiones antes detalladas repercuten negativamente en el régimen sancionador, que "no cumple con los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad al no determinar con precisi?n las infracciones administrativas previstas".
Problemas de la ley de familias
En cuanto a la ley de familias, se trata de un texto que ya tiene categor?a de Proyecto de Ley tras pasar por segunda vez --el pasado martes-- por el Consejo de Ministros, sin esperar a recibir el informe preceptivo del Consejo de Poder Judicial, que ha llegado dos d?as tarde.
La norma ha sido analizada por los vocales Juan Mart?nez Moya, del sector conservador, y la abogada del grupo progresista Pilar Sep?lveda, con el resultado de un fuerte reproche referido a la técnica legislativa empleada, que a juicio de ambos causa "inseguridad jur?dica" en relaci?n con varios aspectos de la norma. As?, se apunta una regulaci?n cuando menos confusa en lo que se refiere a los conceptos de unidad familiar y familia, a los efectos de poder aplicar las medidas de protecci?n que prevé.
El art?culo se?alado es el 1.2 del proyecto, que dice que son familia “las personas unidas entre s? por matrimonio o que constituyan una unidad familiar”, as? como “las personas individuales”, siempre que formen un n?cleo estable de convivencia junto con sus ascendientes, las personas que de ellas dependan por filiaci?n, tutela, curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jur?dica an?logas, guarda o acogimiento".
Adem?s, la ley impulsada por Derechos Sociales no establece de forma clara e inequ?voca, a juicio del Consejo, los requisitos para la acreditaci?n de las parejas de hecho como unidad familiar con derecho de acceso a las ayudas, por lo que el dictamen sugiere una redacci?n que diferencie la convivencia estable y notoria y el registro de la pareja de hecho.
"Rebasa el marco constitucional"
Concluye a este respecto que "la atomizaci?n que la ley realiza a la hora de detallar los distintos tipos de familia -previendo distintos tipos de protecci?n en funci?n del supuesto concreto, previendo el solapamiento de dos o m?s categor?as y previendo incluso la equiparaci?n de las personas solas sin explicaci?n alguna- rebasa el marco constitucional de protecci?n a la familia (art?culo 39 de la Constituci?n) y crea confusi?n, inseguridad jur?dica y desigualdad entre los destinatarios de las medidas de protecci?n previstas en el articulado".
El informe advierte también de la necesidad de reformar el Estatuto B?sico del Empleado P?blico para reconocer el adelanto del permiso de paternidad al nacimiento, en cumplimiento del principio de igualdad de trato.
Por otra parte, el informe se?ala que el anteproyecto contiene en gran parte de su articulado disposiciones de car?cter program?tico, algunas de las cuales se reducen a enunciados normativos meramente descriptivos sin contenido jur?dico propiamente dicho, lo que significa que carecen de mandato normativo concreto.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/cgpj-ve-indeterminacion-tachas-inseguridad-85408189)
Entre ellos, dos de especial relevancia -- los referidos a la Ley de Familias impulsada por departamento de Ione Belarra y a la norma que sustituir? la actual ley de secretos oficiales, propuesta del Ministerio de Presidencia-- cuyo contenido es muy cr?tico con las propuestas legislativas del Ejecutivo.
As?, sobre el anteproyecto de ley de informaci?n clasificada el Consejo advierte de una "marcada indeterminaci?n (https://www.epe.es/es/politica/20230330/cgpj-ve-ley-de-informacion-clasificada-ley-de-familias-indeterminacion-tachas-inseguridad-juridica-85404566)" de los motivos incluidos en la norma para declarar una informaci?n como tal, al tiempo que pide revisar los plazos de desclasificaci?n autom?tica por considerarlos "excesivos".
La valoraci?n, que lleva la firma del vocal designado a propuesta del PP Wenceslao Olea, apunta que "la justificaci?n de la clasificaci?n de la informaci?n debe concretar el riesgo grave y cierto existente, y la concreta y directa incidencia en el n?cleo del bien jur?dico protegido ('seguridad y defensa del Estado'), no siendo admisibles meras relaciones con elementos accesorios".
A juicio del ?rgano de gobierno de los jueces, dicha incidencia "resulta dudosa y falta de concreci?n" en el art?culo que incluye entre las categor?as de alto secreto y secreto la informaci?n referida a la "seguridad p?blica y vida de los ciudadanos", a las "relaciones exteriores de Espa?a o situaciones de tensi?n internacional" y a los "intereses econ?micos o industriales de car?cter estratégico".
Tampoco en la categor?a "confidencial", incluida en el anteproyecto, se establece una vinculaci?n "clara" con la seguridad y defensa del Estado a juicio del Consejo. Y ello porque, si bien se entiende que las negociaciones pol?ticas o los intereses generales de car?cter econ?mico o industrial pueden tener importancia, ello no constituye "una afectaci?n a la organizaci?n estatal y su forma democr?tica de gobierno".
Solo debe clasificar el Gobierno
Por otro lado, el informe critica que el borrador permita clasificar informaci?n a otras autoridades que no sea el Gobierno. "En una democracia, la decisi?n de decretar el secreto es extremadamente grave, por lo que debe ser adoptada al m?s alto nivel del Poder Ejecutivo".
Adem?s, el CGPJ cree que el borrador de la ley deber?a incluir un proceso que regule el acceso de los ciudadanos a la informaci?n clasificada, as? como que el Congreso de los Diputados pueda acceder a ella a través de sus comisiones de investigaci?n, no solo de la de secretos oficiales. Finalmente, apunta que las imprecisiones antes detalladas repercuten negativamente en el régimen sancionador, que "no cumple con los principios de legalidad, tipicidad, responsabilidad y proporcionalidad al no determinar con precisi?n las infracciones administrativas previstas".
Problemas de la ley de familias
En cuanto a la ley de familias, se trata de un texto que ya tiene categor?a de Proyecto de Ley tras pasar por segunda vez --el pasado martes-- por el Consejo de Ministros, sin esperar a recibir el informe preceptivo del Consejo de Poder Judicial, que ha llegado dos d?as tarde.
La norma ha sido analizada por los vocales Juan Mart?nez Moya, del sector conservador, y la abogada del grupo progresista Pilar Sep?lveda, con el resultado de un fuerte reproche referido a la técnica legislativa empleada, que a juicio de ambos causa "inseguridad jur?dica" en relaci?n con varios aspectos de la norma. As?, se apunta una regulaci?n cuando menos confusa en lo que se refiere a los conceptos de unidad familiar y familia, a los efectos de poder aplicar las medidas de protecci?n que prevé.
El art?culo se?alado es el 1.2 del proyecto, que dice que son familia “las personas unidas entre s? por matrimonio o que constituyan una unidad familiar”, as? como “las personas individuales”, siempre que formen un n?cleo estable de convivencia junto con sus ascendientes, las personas que de ellas dependan por filiaci?n, tutela, curatela representativa o medidas de apoyo para el ejercicio de la capacidad jur?dica an?logas, guarda o acogimiento".
Adem?s, la ley impulsada por Derechos Sociales no establece de forma clara e inequ?voca, a juicio del Consejo, los requisitos para la acreditaci?n de las parejas de hecho como unidad familiar con derecho de acceso a las ayudas, por lo que el dictamen sugiere una redacci?n que diferencie la convivencia estable y notoria y el registro de la pareja de hecho.
"Rebasa el marco constitucional"
Concluye a este respecto que "la atomizaci?n que la ley realiza a la hora de detallar los distintos tipos de familia -previendo distintos tipos de protecci?n en funci?n del supuesto concreto, previendo el solapamiento de dos o m?s categor?as y previendo incluso la equiparaci?n de las personas solas sin explicaci?n alguna- rebasa el marco constitucional de protecci?n a la familia (art?culo 39 de la Constituci?n) y crea confusi?n, inseguridad jur?dica y desigualdad entre los destinatarios de las medidas de protecci?n previstas en el articulado".
El informe advierte también de la necesidad de reformar el Estatuto B?sico del Empleado P?blico para reconocer el adelanto del permiso de paternidad al nacimiento, en cumplimiento del principio de igualdad de trato.
Por otra parte, el informe se?ala que el anteproyecto contiene en gran parte de su articulado disposiciones de car?cter program?tico, algunas de las cuales se reducen a enunciados normativos meramente descriptivos sin contenido jur?dico propiamente dicho, lo que significa que carecen de mandato normativo concreto.
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