الريــم
03-30-2023, 01:40 PM
La titular del juzgado de Instrucci?n n?mero 1 de Murcia, en auto notificado hoy, ordena la apertura de juicio oral contra Ram?n Luis Valc?rcel, expresidente de la Comunidad Aut?noma de la Regi?n de Murcia, por los presuntos delitos de prevaricaci?n continuada, fraude continuado y malversaci?n de caudales p?blicos en relaci?n al contrato de arrendamiento para la adquisici?n de la desaladora de Escombreras.
Tras la conclusi?n de la investigaci?n, el fiscal present? escrito de acusaci?n por la “adquisici?n de la desaladora con enormes sobrecostes por la il?cita operativa y la autorizaci?n de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipaci?n de compra del 39% de acciones de DESA en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la CARM” en el que solicitaba penas que suman 11 a?os y 6 meses de prisi?n, 20 de inhabilitaci?n absoluta y 27 de inhabilitaci?n especial para empleo (https://uc-4u.com/tags/empleo-en-murcia.html) o cargo p?blico. Penas que la acusaci?n popular eleva a 15 a?os de prisi?n por los delitos de fraude y malversaci?n y 15 de inhabilitaci?n, adem?s de una multa al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, adem?s, una indemnizaci?n por el importe del perjuicio causado.
Por ?ltimo, la Comunidad Aut?noma de la Regi?n de Murcia (CARM), como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisici?n de la planta que analiza en su escrito.
Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relaci?n al contrato de arrendamiento para la adquisici?n de la desaladora. Es decir, “la diferencia econ?mica existente entre los par?metros econ?micos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contrataci?n o concesi?n administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la f?rmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros”. Y aclara que, dicha cantidad es la total a exigir a todos los acusados en esta causa y en las Diligencias Previas 956/16 del Juzgado de instrucci?n n?mero 5 de Murcia, conocidas como caso La Sal I, en la que est?n imputados un total de 17 personas f?sicas y como responsables civiles subsidiarias 7 mercantiles.
Esta primera investigaci?n se centra en los miembros del consejo de administraci?n del Ente P?blico del Agua y la Empresa P?blica de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura (https://uc-4u.com/tags/agricultura.html) y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerd?, en lo que la resoluci?n denomina “parte p?blica”; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinizaci?n de Aguas (Tedagua), o “parte privada”. Y las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gesti?n de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos ?ltimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.
Perjuicio de 74 millones de euros
Tras la solicitud del Ministerio Fiscal y la acusaci?n particular, la magistrada acuerda la apertura del juicio oral y, al mismo tiempo, resuelve sobre las medidas cautelares procedentes, que, en este caso, se refieren exclusivamente a los bienes de las personas eventualmente responsables civiles.
En este sentido, en la parte dispositiva, se requiere al acusado para que preste fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Estableciendo, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo de sus bienes en cantidad suficiente.
Si bien, respecto a la pieza de responsabilidad civil, aclara el fundamento jur?dico tercero que, “dado que esta causa est? ligada necesariamente con el devenir de las DP 956/2016” del juzgado de Instrucci?n n?mero 5 de Murcia, “el acusado tendr? derecho a exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados, la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado”.
El auto, de acuerdo a la pena pedida por las acusaciones, declara la Audiencia Provincial de Murcia como ?rgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.
Contra este auto no cabe recurso.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/jueza-abre-juicio-oral-expresidente-85381513)
Tras la conclusi?n de la investigaci?n, el fiscal present? escrito de acusaci?n por la “adquisici?n de la desaladora con enormes sobrecostes por la il?cita operativa y la autorizaci?n de convenios de supuestos suministros de agua a los Ayuntamientos gestada, por un lado, y anticipaci?n de compra del 39% de acciones de DESA en junio de 2010 desligando a la parte privada de la ruina del proyecto y manteniendo el proyecto por otro lado derivando la carga financiera a la CARM” en el que solicitaba penas que suman 11 a?os y 6 meses de prisi?n, 20 de inhabilitaci?n absoluta y 27 de inhabilitaci?n especial para empleo (https://uc-4u.com/tags/empleo-en-murcia.html) o cargo p?blico. Penas que la acusaci?n popular eleva a 15 a?os de prisi?n por los delitos de fraude y malversaci?n y 15 de inhabilitaci?n, adem?s de una multa al séxtuple del dinero defraudado. Ambas acusaciones solicitaban, adem?s, una indemnizaci?n por el importe del perjuicio causado.
Por ?ltimo, la Comunidad Aut?noma de la Regi?n de Murcia (CARM), como actor civil, solicita la apertura de juicio oral y exige la responsabilidad civil derivada del delito que concreta en 74.194.332 euros, la diferencia de coste entre los dos sistemas de adquisici?n de la planta que analiza en su escrito.
Tanto el Ministerio Fiscal como la CARM, explica el auto, fijan dicha cantidad como el perjuicio total en relaci?n al contrato de arrendamiento para la adquisici?n de la desaladora. Es decir, “la diferencia econ?mica existente entre los par?metros econ?micos que hubiera seguido el desarrollo del proyecto desde la perspectiva de contrataci?n o concesi?n administrativa y los cauces por los que ha discurrido con la f?rmula de compra de acciones de una empresa privada cargada con un eventual pasivo patrimonial de 600 millones de euros”. Y aclara que, dicha cantidad es la total a exigir a todos los acusados en esta causa y en las Diligencias Previas 956/16 del Juzgado de instrucci?n n?mero 5 de Murcia, conocidas como caso La Sal I, en la que est?n imputados un total de 17 personas f?sicas y como responsables civiles subsidiarias 7 mercantiles.
Esta primera investigaci?n se centra en los miembros del consejo de administraci?n del Ente P?blico del Agua y la Empresa P?blica de la Desaladora de Escombreras, entre ellos el ex consejero de Agricultura (https://uc-4u.com/tags/agricultura.html) y Agua y presidente del Ente, Antonio Cerd?, en lo que la resoluci?n denomina “parte p?blica”; y los administradores o representantes de la mercantil Hidromanagemet y de la empresa Técnicas de Desalinizaci?n de Aguas (Tedagua), o “parte privada”. Y las mercantiles Hydromanagement, Tedagua, Cobra Instalaciones y Servicios SA, Moncobra SA, Cobra Gesti?n de Infraestructuras SLU, Hidronostrum SA y Desaladora de Escombreras (estas dos ?ltimas a través de ESAMUR) como posibles responsables civiles subsidiarios.
Perjuicio de 74 millones de euros
Tras la solicitud del Ministerio Fiscal y la acusaci?n particular, la magistrada acuerda la apertura del juicio oral y, al mismo tiempo, resuelve sobre las medidas cautelares procedentes, que, en este caso, se refieren exclusivamente a los bienes de las personas eventualmente responsables civiles.
En este sentido, en la parte dispositiva, se requiere al acusado para que preste fianza de 74.194.332,55 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en su caso, pudieran imponerse. Estableciendo, de acuerdo a la Ley de Enjuiciamiento, que en caso de que no se prestase, se decrete el embargo de sus bienes en cantidad suficiente.
Si bien, respecto a la pieza de responsabilidad civil, aclara el fundamento jur?dico tercero que, “dado que esta causa est? ligada necesariamente con el devenir de las DP 956/2016” del juzgado de Instrucci?n n?mero 5 de Murcia, “el acusado tendr? derecho a exigir subsidiariamente al resto de posibles condenados, la parte proporcional de la responsabilidad que hubiese abonado”.
El auto, de acuerdo a la pena pedida por las acusaciones, declara la Audiencia Provincial de Murcia como ?rgano competente para el enjuiciamiento y fallo del procedimiento.
Contra este auto no cabe recurso.
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