الريــم
03-23-2023, 09:50 PM
El fiscal del Tribunal Supremo, Francisco Moreno Carrasco, se opone a la revisi?n de la sentencia que ordena el derribo total del complejo Marina Isla de Valdeca?as, seg?n un informe al que ha tenido acceso este diario. Esta petici?n de revisi?n del fallo emitido por el propioSupremo en febrero de 2022 fue solicitada en junio por el promotor del complejo, José Mar?a Gea, después de tener conocimiento de que la declaraci?n de la isla como Zona Zepa no se hizo por los cauces actuales, es decir, ni mediante resoluci?n administrativa expresa ni mediante acuerdo expreso del Consejo de Gobierno de la Junta. Por ello, el promotor entiende que solo hab?an existido meras propuestas de declaraci?n nunca aprobadas y para ello aport? unos documentos recuperados con posterioridad a la sentencia y que se?ala en su demanda como "trascendentes".
Conocido este hecho, que se ha convertido en la baza principal de las partes que se oponen al derribo, De Gea solicit? al alto tribunal un procedimiento extraordinario de revisi?n de la sentencia. Es un proceso que se contempla en la ley en los casos en que concurren hechos o circunstancias de los que cabe deducir que, de haber sido conocidos, la sentencia que se hubiere dictado ser?a distinta.
Pues bien, esto es lo que considera De Gea que deber?a ocurrir y as? lo solicit? después de preguntar al presidente de la Junta por el expediente de resoluci?n de la zona Zepa de Valdeca?as y obtener como respuesta un escrito de la consejera de Transici?n Ecol?gica. En ese escrito se se?ala que no exist?a una resoluci?n administrativa expresa de la consejer?a competente en materia de medio ambiente, sino solo unas propuestas de declaraci?n de Zepas remitidas por el director general de Medio Ambiente de la Junta durante los a?os 2003 y 2004 y que habr?an sido preparadas ante un procedimiento de infracci?n que la Comisi?n Europea habr?a iniciado contra Espa?a para que protegiera m?s territorio. A?ade el escrito firmado por la consejera Olga Garc?a que "la administraci?n no determina el alcance de su incidencia en el expediente objeto de consulta".
Moreno Carrasco se?ala adem?s que la ausencia expresa de declaraci?n de la Zepa nunca fue cuestionado
Y para el fiscal del Supremo estas palabras de la consejer?a no suponen que la Junta se retracte de modo alguno de que Valdeca?as no es una Zepa. Moreno Carrasco precisa en su informe que "no puede entenderse en absoluto que el documento de la consejera sea una retractaci?n, mientras que de los otros aportados ni siquiera parece que la parte lo pretenda".
Habla de que Olga Garc?a se expresa en "prudentes términos en los que no hay nada de retractaci?n. De hecho, llama la atenci?n su expreso aviso de que con su manifestaci?n la administraci?n no determina el alcance de su incidencia en el expediente objeto de consulta". Un expediente, adem?s, que no se aporta en la demanda: "ni se conoce la pregunta (realizada por De Gea a Vara) ni se conoce el expediente", sostiene el fiscal. "Lo que hace la administraci?n por boca de su consejera es mencionar resoluciones publicadas en el Diario Oficial de Extremadura que hacen referencia a la Zepa controvertida (su plan de uso y gesti?n y el decreto que regula la Red Natura 2000 en Extremadura), tan existente como para dar lugar a resoluciones y publicaciones de tal naturaleza", insiste.
Moreno Carrasco a?ade que en la documentaci?n aportada la administraci?n tampoco manifiesta "de forma expl?cita, consciente y reflexiva que en la misma existi? falsedad intelectual o material". Y entiende el fiscal que sin retractaci?n o demostraci?n de falsedad por un ?rgano administrativo no se cumplen los requisitos exigidos para revisar de forma extraordinaria una sentencia firme.
Fuera de plazo y "nunca cuestionado ni debatido"
Pero adem?s, en su informe, el fiscal del Supremo da otra raz?n principal para rechazar la petici?n del promotor: y es que este recurso de naturaleza extraordinaria se present? fuera del plazo legalmente establecido. Entre el fallo y la demanda de revisi?n no deben pasar m?s de tres meses y en este caso se superan. La sentencia de derribo total del Supremo se dict? el 9 de febrero del 2022 y la demanda fue presentada el 28 de junio de 2022. De Gea declara por escrito que no tuvo conocimiento de los documentos sobre la Zepa hasta el 4 de abril, "pero la parte no hace el menor esfuerzo para que esta sala pueda dilucidar el efectivo cumplimiento del plazo tan excepcional y restrictivo, por lo que es obvio que incumple plenamente una obligaci?n que a ella le corresponde, por lo que por este motivo el recurso de revisi?n debe ser inadmitido".
Por ?ltimo, el informe del fiscal del Tribunal Supremo valora que "ninguna de las partes hizo cuesti?n de lo que ahora se pretende y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura lo calificaron como hecho no controvertido". Ni siquiera el promotor ni la "tan cualificada" Junta de Extremadura usaron esta l?nea de defensa procesal de sus intereses (la falta de declaraci?n expresa de la Zepa) cuando les correspond?a:"nunca fue cuestionado ni debatido".
A?ade que la construcci?n jur?dica que da lugar a la revocaci?n del PIR (Proyecto de Interés Regional) de Valdeca?as "va mucho m?s all?" y que en esta demanda "se articula el espejismo de ‘gran aparici?n’ sobre la base de una especie de obiter dictum en un escrito de la administraci?n que apenas puede comprenderse como una respuesta a una pregunta que no se nos ha permitido conocer en qué términos se hizo".
Y concluye que la pretendida revisi?n de la sentencia de derribo total "no es sino una especie de fugaz alfilerazo poco definido contra una posici?n jur?dica perfectamente explicada y consolidada". Por todo ello, considera que se debe inadmitir dicha demanda y desestimarse.
El fiscal del Tribunal Constitucional rechaza el argumento del alto coste econ?mico
La Fiscal?a del Tribunal Constitucional se ha mostrado contraria a los argumentos esgrimidos por la Junta de Extremadura en su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que obliga a la demolici?n completa del complejo Marina Isla de Valdeca?as. En su informe, firmado por el fiscal Pedro Crespo Barquero con fecha 17 de marzo, solicita que se desestime la demanda ya que no aprecia ninguna vulneraci?n de derechos fundamentales como alega el Gobierno regional. Asimismo, rechaza el resto de los argumentos aportados por la administraci?n extreme?a, entre ellos, el alto coste econ?mico que supondr?a tirar abajo todas las edificaciones del complejo. El informe, remitido por el propio Constitucional, se?ala que "una administraci?n p?blica condenada al pago de una cantidad no puede en ning?n caso obstaculizar o impedir la ejecuci?n de la resoluci?n judicial oponiendo que no tiene fondos para pagar, sin perjuicio de que se articulen medidas oportunas para que ese pago no genere un quebranto grave a su equilibrio presupuestario".
Tras la remisi?n del informe a las partes, los socialistas apuntaron que se trata de "un tr?mite procesal m?s" que no causa ninguna sorpresa, pero Fern?ndez Vara ha sido mucho m?s rotundo. "Parece que nadie se acuerda ya de que el Parlamento extreme?o hace 15 d?as ha aprobado una ley que resuelve la situaci?n de Valdeca?as". Seg?n Fern?ndez Vara, lo que se ha buscado es una figura jur?dica que permitiera resolver el problema urban?stico del complejo. El resultado: la aprobaci?n de esta polémica ley basada en la premisa de que nunca existi? zona de especial protecci?n de aves (en este y otros 54 entornos de la regi?n) porque no hay documento que lo acredite expresamente. Y el informe de la Fiscal?a del TC, coincidente en el tiempo, obedece a que tanto este ?rgano como la Junta est?n trabajando "en paralelo" en el tema, pero cada una en su l?nea.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/sociedad/fiscal-supremo-rechaza-revision-fallo-85080959)
Conocido este hecho, que se ha convertido en la baza principal de las partes que se oponen al derribo, De Gea solicit? al alto tribunal un procedimiento extraordinario de revisi?n de la sentencia. Es un proceso que se contempla en la ley en los casos en que concurren hechos o circunstancias de los que cabe deducir que, de haber sido conocidos, la sentencia que se hubiere dictado ser?a distinta.
Pues bien, esto es lo que considera De Gea que deber?a ocurrir y as? lo solicit? después de preguntar al presidente de la Junta por el expediente de resoluci?n de la zona Zepa de Valdeca?as y obtener como respuesta un escrito de la consejera de Transici?n Ecol?gica. En ese escrito se se?ala que no exist?a una resoluci?n administrativa expresa de la consejer?a competente en materia de medio ambiente, sino solo unas propuestas de declaraci?n de Zepas remitidas por el director general de Medio Ambiente de la Junta durante los a?os 2003 y 2004 y que habr?an sido preparadas ante un procedimiento de infracci?n que la Comisi?n Europea habr?a iniciado contra Espa?a para que protegiera m?s territorio. A?ade el escrito firmado por la consejera Olga Garc?a que "la administraci?n no determina el alcance de su incidencia en el expediente objeto de consulta".
Moreno Carrasco se?ala adem?s que la ausencia expresa de declaraci?n de la Zepa nunca fue cuestionado
Y para el fiscal del Supremo estas palabras de la consejer?a no suponen que la Junta se retracte de modo alguno de que Valdeca?as no es una Zepa. Moreno Carrasco precisa en su informe que "no puede entenderse en absoluto que el documento de la consejera sea una retractaci?n, mientras que de los otros aportados ni siquiera parece que la parte lo pretenda".
Habla de que Olga Garc?a se expresa en "prudentes términos en los que no hay nada de retractaci?n. De hecho, llama la atenci?n su expreso aviso de que con su manifestaci?n la administraci?n no determina el alcance de su incidencia en el expediente objeto de consulta". Un expediente, adem?s, que no se aporta en la demanda: "ni se conoce la pregunta (realizada por De Gea a Vara) ni se conoce el expediente", sostiene el fiscal. "Lo que hace la administraci?n por boca de su consejera es mencionar resoluciones publicadas en el Diario Oficial de Extremadura que hacen referencia a la Zepa controvertida (su plan de uso y gesti?n y el decreto que regula la Red Natura 2000 en Extremadura), tan existente como para dar lugar a resoluciones y publicaciones de tal naturaleza", insiste.
Moreno Carrasco a?ade que en la documentaci?n aportada la administraci?n tampoco manifiesta "de forma expl?cita, consciente y reflexiva que en la misma existi? falsedad intelectual o material". Y entiende el fiscal que sin retractaci?n o demostraci?n de falsedad por un ?rgano administrativo no se cumplen los requisitos exigidos para revisar de forma extraordinaria una sentencia firme.
Fuera de plazo y "nunca cuestionado ni debatido"
Pero adem?s, en su informe, el fiscal del Supremo da otra raz?n principal para rechazar la petici?n del promotor: y es que este recurso de naturaleza extraordinaria se present? fuera del plazo legalmente establecido. Entre el fallo y la demanda de revisi?n no deben pasar m?s de tres meses y en este caso se superan. La sentencia de derribo total del Supremo se dict? el 9 de febrero del 2022 y la demanda fue presentada el 28 de junio de 2022. De Gea declara por escrito que no tuvo conocimiento de los documentos sobre la Zepa hasta el 4 de abril, "pero la parte no hace el menor esfuerzo para que esta sala pueda dilucidar el efectivo cumplimiento del plazo tan excepcional y restrictivo, por lo que es obvio que incumple plenamente una obligaci?n que a ella le corresponde, por lo que por este motivo el recurso de revisi?n debe ser inadmitido".
Por ?ltimo, el informe del fiscal del Tribunal Supremo valora que "ninguna de las partes hizo cuesti?n de lo que ahora se pretende y las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura lo calificaron como hecho no controvertido". Ni siquiera el promotor ni la "tan cualificada" Junta de Extremadura usaron esta l?nea de defensa procesal de sus intereses (la falta de declaraci?n expresa de la Zepa) cuando les correspond?a:"nunca fue cuestionado ni debatido".
A?ade que la construcci?n jur?dica que da lugar a la revocaci?n del PIR (Proyecto de Interés Regional) de Valdeca?as "va mucho m?s all?" y que en esta demanda "se articula el espejismo de ‘gran aparici?n’ sobre la base de una especie de obiter dictum en un escrito de la administraci?n que apenas puede comprenderse como una respuesta a una pregunta que no se nos ha permitido conocer en qué términos se hizo".
Y concluye que la pretendida revisi?n de la sentencia de derribo total "no es sino una especie de fugaz alfilerazo poco definido contra una posici?n jur?dica perfectamente explicada y consolidada". Por todo ello, considera que se debe inadmitir dicha demanda y desestimarse.
El fiscal del Tribunal Constitucional rechaza el argumento del alto coste econ?mico
La Fiscal?a del Tribunal Constitucional se ha mostrado contraria a los argumentos esgrimidos por la Junta de Extremadura en su recurso de amparo contra la sentencia del Supremo que obliga a la demolici?n completa del complejo Marina Isla de Valdeca?as. En su informe, firmado por el fiscal Pedro Crespo Barquero con fecha 17 de marzo, solicita que se desestime la demanda ya que no aprecia ninguna vulneraci?n de derechos fundamentales como alega el Gobierno regional. Asimismo, rechaza el resto de los argumentos aportados por la administraci?n extreme?a, entre ellos, el alto coste econ?mico que supondr?a tirar abajo todas las edificaciones del complejo. El informe, remitido por el propio Constitucional, se?ala que "una administraci?n p?blica condenada al pago de una cantidad no puede en ning?n caso obstaculizar o impedir la ejecuci?n de la resoluci?n judicial oponiendo que no tiene fondos para pagar, sin perjuicio de que se articulen medidas oportunas para que ese pago no genere un quebranto grave a su equilibrio presupuestario".
Tras la remisi?n del informe a las partes, los socialistas apuntaron que se trata de "un tr?mite procesal m?s" que no causa ninguna sorpresa, pero Fern?ndez Vara ha sido mucho m?s rotundo. "Parece que nadie se acuerda ya de que el Parlamento extreme?o hace 15 d?as ha aprobado una ley que resuelve la situaci?n de Valdeca?as". Seg?n Fern?ndez Vara, lo que se ha buscado es una figura jur?dica que permitiera resolver el problema urban?stico del complejo. El resultado: la aprobaci?n de esta polémica ley basada en la premisa de que nunca existi? zona de especial protecci?n de aves (en este y otros 54 entornos de la regi?n) porque no hay documento que lo acredite expresamente. Y el informe de la Fiscal?a del TC, coincidente en el tiempo, obedece a que tanto este ?rgano como la Junta est?n trabajando "en paralelo" en el tema, pero cada una en su l?nea.
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