الريــم
03-21-2023, 08:58 PM
La Abogac?a del Estado sigue el criterio que marc? ante el Tribunal Supremo con los l?deres del 'procés' y solicita una pena muy inferior a la planteada por la fiscal?a para el*diputado de ERC y exalto cargo del Govern Josep Maria Jové, que entiende que debe ser*condenado*por su participaci?n en el 1-O*a tres a?os y medio de c?rcel*por desobediencia y el tipo de malversaci?n atenuado incluido en la reforma del C?digo Penal.
Pero la sorpresa del escrito de acusaci?n de los Servicios Jur?dicos del Estado es que no solicita pena alguna para el presidente del Puerto de Barcelona,*Llu?s Salvad?, pese a que el ministerio p?blico pide para él pr?cticamente la misma pena que para Jové: para este propone*siete a?os de c?rcel y para el anterior, seis a?os de prisi?n, mientras que la Abogac?a no solicita pena alguna para él. Para*Natalia Garriga*la Abogac?a del Estado solicita una multa de 30.000 euros por desobediencia.
En su escrito, de 34 p?ginas y al que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, explica que tras las elecciones catalana de septiembre de 2015,*Jové y Garriga*fueron nombrados altos cargos del Departamento de la Vicepresidencia y de Econom?a y Hacienda. Ambos "en el ?mbito de sus respectivas competencias, llevaron a cabo una serie de actuaciones, dirigidas a la preparaci?n y ejecuci?n del referéndum de autodeterminaci?n, fuera de los cauces constitucionales, estatutarios y legales".
Ignorar al TC
Como secretario general del departamento, Jové era el responsable m?ximo no solo de las cuestiones presupuestarias, sino también de los procesos electorales y las consultas populares. Por su parte, Garriga era la directora de Servicios. Los dos "en su propio ?mbito funcional,*desatendieron lo ordenado por el Tribunal Constitucional, bien mediante la realizaci?n de actos, bien mediante la omisi?n de su deber de impedir o paralizar determinadas actuaciones". Y ello pese a las advertencias individuales que les dirigi? el ?rgano de garant?as para que impidieran los actos ya declarados inconstitucionales y que hab?an sido suspendidos.
Seg?n la Abogac?a del Estado, pese a ello, Garriga "no imparti? ninguna instrucci?n para impedir el funcionamiento de*la p?gina web referéndum.cat*cuyo objetivo era promover y facilitar la celebraci?n del referéndum, y colabor? para lograr la disponibilidad de locales para la votaci?n". Y Jové "no prohibi?*el uso de locales p?blicos, no paraliz? la distribuci?n de las notificaciones*de los nombramientos de los integrantes de las mesas electorales y de las tarjetas censales, o*la difusi?n de la publicidad institucional para promover la participaci?n en el referéndum".
De hecho el Constitucional le impuso una*multa coercitiva diaria de 12.000 euros*hasta que justificara "haber revocado cualquier resoluci?n dictada para la preparaci?n, ejecuci?n y/o promoci?n del referéndum ilegal", la "clausura del contenido de la p?gina web" del referéndum "y cualquier otra destinada al mismo fin, as? como cualquier otro instrumento de difusi?n del referéndum en las redes sociales" y "el cese de toda colaboraci?n en la campa?a institucional del referéndum ilegal”.
Autorizar la malversaci?n
El escrito acusa a Jové de contratar a Unipost para*distribuir 56.000 cartas certificadas con el nombramiento de cargos*en las mesas electorales, y*5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas censales*para poder ejecutar el referéndum*por 979.661 euros, pago que se fraccion? con los Departamentos de Presidencia, Cultura, Salud y Trabajo. La Abogac?a considera "un ardid" que las facturas fueran anuladas y recuerda que la empresa interrumpi? sus trabajos por la irrupci?n de la Guardia Civil en su sede.
Jové, seg?n la Abogac?a del Estado, también fue el encargado de utilizar del fondo de contingencia*3.430.000 euros para una campa?a de publicidad institucional Civisme, cuyo objeto era difundir y publicitar el referéndum, en septiembre de 2017. No se materializ? por la renuncia de las dos empresas adjudicatarias.
Los Servicios Jur?dicos del Estado no solicitan que devuelva el dinero presuntamente defraudado, porque entiende que eso se dilucidar? en el procedimiento por responsabilidad contable que se sigue ante el Tribunal de Cuentas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/abogacia-pide-tres-anos-medio-84974985)
Pero la sorpresa del escrito de acusaci?n de los Servicios Jur?dicos del Estado es que no solicita pena alguna para el presidente del Puerto de Barcelona,*Llu?s Salvad?, pese a que el ministerio p?blico pide para él pr?cticamente la misma pena que para Jové: para este propone*siete a?os de c?rcel y para el anterior, seis a?os de prisi?n, mientras que la Abogac?a no solicita pena alguna para él. Para*Natalia Garriga*la Abogac?a del Estado solicita una multa de 30.000 euros por desobediencia.
En su escrito, de 34 p?ginas y al que ha tenido acceso EL PERI?DICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, explica que tras las elecciones catalana de septiembre de 2015,*Jové y Garriga*fueron nombrados altos cargos del Departamento de la Vicepresidencia y de Econom?a y Hacienda. Ambos "en el ?mbito de sus respectivas competencias, llevaron a cabo una serie de actuaciones, dirigidas a la preparaci?n y ejecuci?n del referéndum de autodeterminaci?n, fuera de los cauces constitucionales, estatutarios y legales".
Ignorar al TC
Como secretario general del departamento, Jové era el responsable m?ximo no solo de las cuestiones presupuestarias, sino también de los procesos electorales y las consultas populares. Por su parte, Garriga era la directora de Servicios. Los dos "en su propio ?mbito funcional,*desatendieron lo ordenado por el Tribunal Constitucional, bien mediante la realizaci?n de actos, bien mediante la omisi?n de su deber de impedir o paralizar determinadas actuaciones". Y ello pese a las advertencias individuales que les dirigi? el ?rgano de garant?as para que impidieran los actos ya declarados inconstitucionales y que hab?an sido suspendidos.
Seg?n la Abogac?a del Estado, pese a ello, Garriga "no imparti? ninguna instrucci?n para impedir el funcionamiento de*la p?gina web referéndum.cat*cuyo objetivo era promover y facilitar la celebraci?n del referéndum, y colabor? para lograr la disponibilidad de locales para la votaci?n". Y Jové "no prohibi?*el uso de locales p?blicos, no paraliz? la distribuci?n de las notificaciones*de los nombramientos de los integrantes de las mesas electorales y de las tarjetas censales, o*la difusi?n de la publicidad institucional para promover la participaci?n en el referéndum".
De hecho el Constitucional le impuso una*multa coercitiva diaria de 12.000 euros*hasta que justificara "haber revocado cualquier resoluci?n dictada para la preparaci?n, ejecuci?n y/o promoci?n del referéndum ilegal", la "clausura del contenido de la p?gina web" del referéndum "y cualquier otra destinada al mismo fin, as? como cualquier otro instrumento de difusi?n del referéndum en las redes sociales" y "el cese de toda colaboraci?n en la campa?a institucional del referéndum ilegal”.
Autorizar la malversaci?n
El escrito acusa a Jové de contratar a Unipost para*distribuir 56.000 cartas certificadas con el nombramiento de cargos*en las mesas electorales, y*5.346.734 sobres ordinarios con tarjetas censales*para poder ejecutar el referéndum*por 979.661 euros, pago que se fraccion? con los Departamentos de Presidencia, Cultura, Salud y Trabajo. La Abogac?a considera "un ardid" que las facturas fueran anuladas y recuerda que la empresa interrumpi? sus trabajos por la irrupci?n de la Guardia Civil en su sede.
Jové, seg?n la Abogac?a del Estado, también fue el encargado de utilizar del fondo de contingencia*3.430.000 euros para una campa?a de publicidad institucional Civisme, cuyo objeto era difundir y publicitar el referéndum, en septiembre de 2017. No se materializ? por la renuncia de las dos empresas adjudicatarias.
Los Servicios Jur?dicos del Estado no solicitan que devuelva el dinero presuntamente defraudado, porque entiende que eso se dilucidar? en el procedimiento por responsabilidad contable que se sigue ante el Tribunal de Cuentas.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/abogacia-pide-tres-anos-medio-84974985)