الريــم
02-02-2023, 02:21 PM
En agosto de 2011, con la prima de riesgo disparada y los ‘brotes verdes’ secos, el entonces gobernador del Banco Central Europeo envi? una carta al presidente José Luis Rodr?guez Zapatero. En el Congreso, el l?der de la oposici?n, Mariano Rajoy, le pregunt? insistentemente por su contenido. “Yo entiendo que si usted no me responde a esa pregunta es que no nos han remitido ninguna carta. Quiero que me lo responda, se?or presidente del Gobierno”, qued? registrado en el diario de sesiones. Su contenido era confidencial y Zapatero se neg? a compartirlo. Un abogado extreme?o, Isaac Albéniz, solicit? la carta varias veces al propio BCE, y la respuesta fue que era “m?ximo secreto”.
Dos a?os después, cuando el ya expresidente Zapatero public? un libro de memorias, incluy? el contenido de aquella misiva en la que Jean Claude Trichet le exig?a reformas econ?micas para frenar el déficit. Mientras, el organismo europeo segu?a denegando a Albéniz el acceso: “En la decisi?n de no divulgar la carta también ha pesado el hecho de que fue publicada sin la autorizaci?n del BCE ni de las autoridades espa?olas”, le respondi?. Hasta que en diciembre de 2014 acab? accediendo a hacerla p?blica.
Lo que ocurri? con esta carta es un buen ejemplo de la gesti?n que se hace en Espa?a de los archivos de los expresidentes. O mejor dicho, de los archivos generados por los presidentes del Gobierno en el ejercicio de su cargo y que son Patrimonio del Estado. Eso es, al menos, lo que dice la ley: la pr?ctica dista mucho de lo que marcan las normas.
“Es un expolio, si no una destrucci?n, del patrimonio hist?rico. Y todos los presidentes del Gobierno lo han practicado con total impunidad”. Quien habla es el doctor en Historia y técnico de archivo Sergio Biesca, que ha investigado la “anomal?a democr?tica” de los documentos presidenciales en Espa?a entre 1978 y 2021.
“Tenemos constancia objetiva de que apenas ha llegado documentaci?n al archivo central del Ministerio de la Presidencia y esa es la constataci?n de que se lo han llevado. Pregunté yo mismo por escrito en mi investigaci?n al archivo”, insiste. Desde la Asociaci?n de Archiveros Espa?oles de la Funci?n P?blica (AEFP), Henar Alonso explica que los compa?eros en el Ministerio de la Presidencia le aseguran que tendr?n “unas quince o veinte cajas de presidentes del Gobierno”. Y no parece una documentaci?n muy numerosa en 45 a?os de democracia.
El caso de Felipe Gonz?lez
La Ley de Patrimonio Hist?rico se?ala que “forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su funci?n por cualquier organismo o entidad de car?cter p?blico, por las personas jur?dicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades p?blicas y por las personas privadas, f?sicas o jur?dicas, gestoras de servicios p?blicos en lo relacionado con la gesti?n de dichos servicios”.
Fue el propio Gobierno el que cit? esta disposici?n normativa en una respuesta parlamentaria en 2019, en la que dec?a no tener constancia de que no hubiera control sobre la documentaci?n presidencial al final de los mandatos.
“La documentaci?n generada en el ejercicio del cargo de cualquiera de los presidentes salientes se transfiere al Archivo del Ministerio de la Presidencia y conf?a en el buen hacer de los archiveros responsables”, se?alaba el Ejecutivo.
Aquella respuesta parlamentaria llegaba después de que la Fundaci?n Felipe Gonz?lez hiciera p?blicos m?s de 50.000 documentos que se presentaban como “archivos personales” que el expresidente mostraba en un gesto casi heroico por la transparencia. Pero la pregunta que se hicieron los archiveros era otra: ?c?mo hab?a llegado all? una documentaci?n que deb?a obrar en poder del Estado?
“No es ning?n ejemplo ni de transparencia ni de generosidad. Lo que tendr?an que hacer es pedir disculpas y devolver al Estado esa documentaci?n que expoli? el expresidente Gonz?lez”, dice G?lvez, que insiste en que la Fundaci?n “exhibe la documentaci?n que consideran oportuna y sin criterios archiv?sticos, sino pol?ticos, para mejorar su imagen p?blica”. “?Nos imaginamos que un expresidente se hubiera llevado los cuadros de La Moncloa y luego los hubiera mostrado en una Fundaci?n como suyos? Pues es lo mismo”, indica Alonso.
Son documentos valios?simos para la gesti?n de lo p?blico y la historia reciente del pa?s, y sin embargo, los expresidentes los utilizan como si fueran archivos personales, dando acceso a capricho e ignorando en muchos casos lo que marca la legislaci?n sobre su custodia. “Han actuado de mala fe y sab?an que saldr?an impunes. Y lo curioso es que la ley de Patrimonio la firm? el propio Gonz?lez”, recuerda Alonso.
Informaci?n clasificada
Parec?a la escena de una pel?cula. Este miércoles, varios agentes del FBI entraron de nuevo en un domicilio de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, para registrarlo. No es la primera vez que ocurre. En un registro anterior su b?squeda se alarg? casi 13 horas, hasta que encontraron documentos marcados como clasificados de sus épocas como senador y como vicepresidente.
Meses antes, el mismo FBI registraba la mansi?n de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump y se llevaba una veintena de cajas repletas de carpetas con documentaci?n clasificada e incluso de alto secreto. Ambos sucesos tendr?n repercusiones pol?ticas e incluso podr?a haberlas penales: los documentos oficiales de la Casa Blanca son propiedad federal, tienen que ser custodiados con medidas de seguridad y deben entregarse a los Archivos Nacionales cuando un presidente deja el cargo.
La ley de Secretos Oficiales espa?ola deja muy claro que la documentaci?n clasificada no puede salir de determinadas dependencias, ni siquiera puede consultarse -no se puede ni tocar- sin autorizaci?n. Sin embargo, es poco probable que entre los archivos que se han llevado los expresidentes espa?oles no figure alg?n documento de este tipo. Lo cierto es que es dif?cil comprobarlo. No existen inventarios de los documentos clasificados que genera el Gobierno y ni siquiera es posible saber qué materias o asuntos son calificados como tal. No se puede echar en falta algo que ni siquiera se sabe que existe.
“Toda la documentaci?n p?blica tiene que estar en archivos p?blicos, se pueda acceder o no a ella de manera legal”, dice Alonso, que defiende que “si no se manda a archivos p?blicos, nunca terminar? por ser accesible” ni aunque decaiga su consideraci?n como secreto.
El exministro de Defensa, José Bono, ha sido de los ?ltimos en verse envuelto en un asunto de este tipo. Don? a Fundaci?n Pablo Iglesias un archivo documental de su vida p?blica repleto de documentos oficiales: una nota que el jefe del CNI envi? al ministro sobre los atentados del 11-M o investigaciones del Estado Mayor del Aire sobre el accidente del Yak-42. Y uno de los m?s llamativos: un informe redactado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el a?o 2006 recomendando la destituci?n de un teniente general que sugiri? una intervenci?n militar en Catalu?a.
Cuando un ciudadano lo solicit? a través del Portal de Transparencia, Defensa aleg? que dicho informe no se encuentra en su archivo. Ahora, el Consejo de Transparencia ha estimado la reclamaci?n del ciudadano y tendr? que desvelarlo.
Alonso defiende que “la documentaci?n no es un bien exclusivamente cultural, nos sirve a los ciudadanos para el ejercicio de nuestros derechos”. Sin embargo, en Espa?a el Archivo Central es una subdirecci?n general dentro del Ministerio de Cultura. “Es un entorno cultural y patrimonial, y en el imaginario los archiveros manejamos legajos, muy ataditos y llenos de polvo”, dice Alonso, pero los registros son mucho m?s que eso. “En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de gestores documentales y los custodia una agencia federal, el nivel m?s alto de la Administraci?n”.
P?blico o privado
Calvo Sotelo conservaba dos centenares de cajas perfectamente catalogadas en su domicilio de Somosaguas. Algunos de ellos est?n ahora en la Fundaci?n Transici?n Espa?ola, después de que su amigo Charles Powell, entre otros, los rescataran del fondo familiar. El objetivo era “salvar la documentaci?n que algunas familias ten?an en casa y no pod?an conservar”. El problema es que hay quien los considera archivos personales.
“Cualquier documento generado en el ejercicio de la Presidencia es informaci?n oficial”, dice Antonio Malalana, historiador y documentalista. “Otra cosa es el material privado que tengan, no como presidentes, sino de manera personal”, insiste. Pero a veces no es f?cil distinguir.
“Ocurre algo parecido con los regalos que reciben los presidentes, ?son a t?tulo personal o por su cargo? Le pasaba a Felipe Gonz?lez con los bons?is que le regalaban”, recuerda. El expresidente los ‘don?’ al Consejo Superior de Investigaciones Cient?ficas (CSIC) en 1996, después de dejar la Presidencia.
En la presentaci?n del archivo de Gonz?lez, el exministro José Mar?a Maravall se?al? que hab?a informaci?n “de los servicios de inteligencia” que “manifiesta de forma contundente la posici?n del PSOE de no participar en ningunas elecciones si no estaba legalizado el PCE”. También hay cartas que diversos dirigentes extranjeros enviaban al “presidente del Gobierno”. Es dif?cil entenderlas como documentos personales.
La Comisi?n Calificadora de los Documentos Administrativos es la encargada de determinar qué se almacena y c?mo, y qué se destruye, siempre en base a unos criterios archiv?sticos y no otros. “Por eso hay un cuerpo de archiveros del Estado desde el siglo XIX”, como defiende la portavoz de la AEFP. Todo este ciclo documental parece del todo incompatible con las im?genes de las trituradoras de papel puestas a funcionar antes de un cambio de Gobierno, o la de presidentes abandonando sus despachos tras ser ‘despedidos’ con cientos de documentos en cajas de cart?n.
“Quien tiene que actuar, ?por qué no lo hace? Es a ellos a quien hay que hacerles esta pregunta”, insiste G?lvez, que recuerda que el propio ministro de Cultura aval? con su presencia en la presentaci?n del archivo de Felipe Gonz?lez lo que los archiveros consideran un expolio de documentos p?blicos y oficiales.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/archivos-presidenciales-espana-control-ilegalidad-82386815)
Dos a?os después, cuando el ya expresidente Zapatero public? un libro de memorias, incluy? el contenido de aquella misiva en la que Jean Claude Trichet le exig?a reformas econ?micas para frenar el déficit. Mientras, el organismo europeo segu?a denegando a Albéniz el acceso: “En la decisi?n de no divulgar la carta también ha pesado el hecho de que fue publicada sin la autorizaci?n del BCE ni de las autoridades espa?olas”, le respondi?. Hasta que en diciembre de 2014 acab? accediendo a hacerla p?blica.
Lo que ocurri? con esta carta es un buen ejemplo de la gesti?n que se hace en Espa?a de los archivos de los expresidentes. O mejor dicho, de los archivos generados por los presidentes del Gobierno en el ejercicio de su cargo y que son Patrimonio del Estado. Eso es, al menos, lo que dice la ley: la pr?ctica dista mucho de lo que marcan las normas.
“Es un expolio, si no una destrucci?n, del patrimonio hist?rico. Y todos los presidentes del Gobierno lo han practicado con total impunidad”. Quien habla es el doctor en Historia y técnico de archivo Sergio Biesca, que ha investigado la “anomal?a democr?tica” de los documentos presidenciales en Espa?a entre 1978 y 2021.
“Tenemos constancia objetiva de que apenas ha llegado documentaci?n al archivo central del Ministerio de la Presidencia y esa es la constataci?n de que se lo han llevado. Pregunté yo mismo por escrito en mi investigaci?n al archivo”, insiste. Desde la Asociaci?n de Archiveros Espa?oles de la Funci?n P?blica (AEFP), Henar Alonso explica que los compa?eros en el Ministerio de la Presidencia le aseguran que tendr?n “unas quince o veinte cajas de presidentes del Gobierno”. Y no parece una documentaci?n muy numerosa en 45 a?os de democracia.
El caso de Felipe Gonz?lez
La Ley de Patrimonio Hist?rico se?ala que “forman parte del Patrimonio Documental los documentos de cualquier época generados, conservados o reunidos en el ejercicio de su funci?n por cualquier organismo o entidad de car?cter p?blico, por las personas jur?dicas en cuyo capital participe mayoritariamente el Estado u otras entidades p?blicas y por las personas privadas, f?sicas o jur?dicas, gestoras de servicios p?blicos en lo relacionado con la gesti?n de dichos servicios”.
Fue el propio Gobierno el que cit? esta disposici?n normativa en una respuesta parlamentaria en 2019, en la que dec?a no tener constancia de que no hubiera control sobre la documentaci?n presidencial al final de los mandatos.
“La documentaci?n generada en el ejercicio del cargo de cualquiera de los presidentes salientes se transfiere al Archivo del Ministerio de la Presidencia y conf?a en el buen hacer de los archiveros responsables”, se?alaba el Ejecutivo.
Aquella respuesta parlamentaria llegaba después de que la Fundaci?n Felipe Gonz?lez hiciera p?blicos m?s de 50.000 documentos que se presentaban como “archivos personales” que el expresidente mostraba en un gesto casi heroico por la transparencia. Pero la pregunta que se hicieron los archiveros era otra: ?c?mo hab?a llegado all? una documentaci?n que deb?a obrar en poder del Estado?
“No es ning?n ejemplo ni de transparencia ni de generosidad. Lo que tendr?an que hacer es pedir disculpas y devolver al Estado esa documentaci?n que expoli? el expresidente Gonz?lez”, dice G?lvez, que insiste en que la Fundaci?n “exhibe la documentaci?n que consideran oportuna y sin criterios archiv?sticos, sino pol?ticos, para mejorar su imagen p?blica”. “?Nos imaginamos que un expresidente se hubiera llevado los cuadros de La Moncloa y luego los hubiera mostrado en una Fundaci?n como suyos? Pues es lo mismo”, indica Alonso.
Son documentos valios?simos para la gesti?n de lo p?blico y la historia reciente del pa?s, y sin embargo, los expresidentes los utilizan como si fueran archivos personales, dando acceso a capricho e ignorando en muchos casos lo que marca la legislaci?n sobre su custodia. “Han actuado de mala fe y sab?an que saldr?an impunes. Y lo curioso es que la ley de Patrimonio la firm? el propio Gonz?lez”, recuerda Alonso.
Informaci?n clasificada
Parec?a la escena de una pel?cula. Este miércoles, varios agentes del FBI entraron de nuevo en un domicilio de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, para registrarlo. No es la primera vez que ocurre. En un registro anterior su b?squeda se alarg? casi 13 horas, hasta que encontraron documentos marcados como clasificados de sus épocas como senador y como vicepresidente.
Meses antes, el mismo FBI registraba la mansi?n de Mar-a-Lago del expresidente Donald Trump y se llevaba una veintena de cajas repletas de carpetas con documentaci?n clasificada e incluso de alto secreto. Ambos sucesos tendr?n repercusiones pol?ticas e incluso podr?a haberlas penales: los documentos oficiales de la Casa Blanca son propiedad federal, tienen que ser custodiados con medidas de seguridad y deben entregarse a los Archivos Nacionales cuando un presidente deja el cargo.
La ley de Secretos Oficiales espa?ola deja muy claro que la documentaci?n clasificada no puede salir de determinadas dependencias, ni siquiera puede consultarse -no se puede ni tocar- sin autorizaci?n. Sin embargo, es poco probable que entre los archivos que se han llevado los expresidentes espa?oles no figure alg?n documento de este tipo. Lo cierto es que es dif?cil comprobarlo. No existen inventarios de los documentos clasificados que genera el Gobierno y ni siquiera es posible saber qué materias o asuntos son calificados como tal. No se puede echar en falta algo que ni siquiera se sabe que existe.
“Toda la documentaci?n p?blica tiene que estar en archivos p?blicos, se pueda acceder o no a ella de manera legal”, dice Alonso, que defiende que “si no se manda a archivos p?blicos, nunca terminar? por ser accesible” ni aunque decaiga su consideraci?n como secreto.
El exministro de Defensa, José Bono, ha sido de los ?ltimos en verse envuelto en un asunto de este tipo. Don? a Fundaci?n Pablo Iglesias un archivo documental de su vida p?blica repleto de documentos oficiales: una nota que el jefe del CNI envi? al ministro sobre los atentados del 11-M o investigaciones del Estado Mayor del Aire sobre el accidente del Yak-42. Y uno de los m?s llamativos: un informe redactado por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa en el a?o 2006 recomendando la destituci?n de un teniente general que sugiri? una intervenci?n militar en Catalu?a.
Cuando un ciudadano lo solicit? a través del Portal de Transparencia, Defensa aleg? que dicho informe no se encuentra en su archivo. Ahora, el Consejo de Transparencia ha estimado la reclamaci?n del ciudadano y tendr? que desvelarlo.
Alonso defiende que “la documentaci?n no es un bien exclusivamente cultural, nos sirve a los ciudadanos para el ejercicio de nuestros derechos”. Sin embargo, en Espa?a el Archivo Central es una subdirecci?n general dentro del Ministerio de Cultura. “Es un entorno cultural y patrimonial, y en el imaginario los archiveros manejamos legajos, muy ataditos y llenos de polvo”, dice Alonso, pero los registros son mucho m?s que eso. “En Estados Unidos, por ejemplo, se habla de gestores documentales y los custodia una agencia federal, el nivel m?s alto de la Administraci?n”.
P?blico o privado
Calvo Sotelo conservaba dos centenares de cajas perfectamente catalogadas en su domicilio de Somosaguas. Algunos de ellos est?n ahora en la Fundaci?n Transici?n Espa?ola, después de que su amigo Charles Powell, entre otros, los rescataran del fondo familiar. El objetivo era “salvar la documentaci?n que algunas familias ten?an en casa y no pod?an conservar”. El problema es que hay quien los considera archivos personales.
“Cualquier documento generado en el ejercicio de la Presidencia es informaci?n oficial”, dice Antonio Malalana, historiador y documentalista. “Otra cosa es el material privado que tengan, no como presidentes, sino de manera personal”, insiste. Pero a veces no es f?cil distinguir.
“Ocurre algo parecido con los regalos que reciben los presidentes, ?son a t?tulo personal o por su cargo? Le pasaba a Felipe Gonz?lez con los bons?is que le regalaban”, recuerda. El expresidente los ‘don?’ al Consejo Superior de Investigaciones Cient?ficas (CSIC) en 1996, después de dejar la Presidencia.
En la presentaci?n del archivo de Gonz?lez, el exministro José Mar?a Maravall se?al? que hab?a informaci?n “de los servicios de inteligencia” que “manifiesta de forma contundente la posici?n del PSOE de no participar en ningunas elecciones si no estaba legalizado el PCE”. También hay cartas que diversos dirigentes extranjeros enviaban al “presidente del Gobierno”. Es dif?cil entenderlas como documentos personales.
La Comisi?n Calificadora de los Documentos Administrativos es la encargada de determinar qué se almacena y c?mo, y qué se destruye, siempre en base a unos criterios archiv?sticos y no otros. “Por eso hay un cuerpo de archiveros del Estado desde el siglo XIX”, como defiende la portavoz de la AEFP. Todo este ciclo documental parece del todo incompatible con las im?genes de las trituradoras de papel puestas a funcionar antes de un cambio de Gobierno, o la de presidentes abandonando sus despachos tras ser ‘despedidos’ con cientos de documentos en cajas de cart?n.
“Quien tiene que actuar, ?por qué no lo hace? Es a ellos a quien hay que hacerles esta pregunta”, insiste G?lvez, que recuerda que el propio ministro de Cultura aval? con su presencia en la presentaci?n del archivo de Felipe Gonz?lez lo que los archiveros consideran un expolio de documentos p?blicos y oficiales.
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