الريــم
01-14-2023, 12:50 PM
El Gobierno no esconde que el nuevo auto del juez Pablo Llarena sobre Carles Puigdemont queda lejos del efecto que buscaba su reforma penal. La idea del Ejecutivo, explican fuentes de la Moncloa, pasaba porque el ‘expresident’ fuese acusado de des?rdenes p?blicos, el nuevo delito que sustituy? a la derogada sedici?n, y se le rebajase la imputaci?n por malversaci?n, aplicando la nueva regulaci?n que esta misma semana ha entrado en vigor y que los socialistas impulsaron a instancias de ERC. En su lugar, el magistrado del Tribunal Supremo mantuvo la malversaci?n en su vertiente agravada, con una sanci?n de hasta 12 a?os de c?rcel, y elimin? la sedici?n sin sustituirla por otro delito, al considerar que lo ocurrido en 2017, cuando el Govern convoc? el referéndum unilateral sobre la independencia, no encaja en los des?rdenes p?blicos.
Este movimiento amenaza el plan trazado por el Ejecutivo, que pretend?a as? cumplir con la demanda de ERC de 'desjudializar' el problema catal?n y contribuir a que sus procesados o condenados por malversaci?n vieran reducidas las penas. Los republicanos lo han reclamado abiertamente y el propio presidente del Gobierno, Pedro S?nchez, ha asumido que esta era la finalidad, al ligar los cambios en este delito con la mejora de la convivencia en Catalu?a.
Por eso el Gobierno est? un tanto descolocado. Los socialistas temen que el criterio sobre la malversaci?n de Llarena, que instruye la causa sobre Puigdemont, también lo aplique la Sala Segunda del Tribunal Supremo a dirigentes ya juzgados como Oriol Junqueras, comprometiendo as? su vuelta a la pol?tica. Sin una rebaja seguir?a pesando sobre el presidente de ERC la pena de inhabilitaci?n que le fue impuesta en su d?a, lo que le impide presentarse a las elecciones.
Como public? este diario, catedr?ticos de Derecho Penal y destacados miembros de la Fiscal?a ya advirtieron que la reforma exprés de la malversaci?n podr?a no afectar a los implicados en el procés. A ello se suma el peso que la decisi?n de Llarena, que aprecia igualmente ?nimo de lucro porque se persigue un beneficio propio, tiene para el resto de jueces del Supremo.
Fuentes del Ejecutivo se?alan que "como todo el mundo sabe, la aplicaci?n de la ley corresponde a los tribunales". "Nosotros hemos cumplido con el acuerdo", afirman en referencia a ERC.
Durante estas semanas la mayor preocupaci?n del Gobierno era que se produjesen rebajas de penas a otros condenados por malversaci?n en casos de corrupci?n, la mayor?a muy medi?ticos. Pero siempre han dado por supuesto que los dirigentes catalanes se ver?an beneficiados. Pero el Supremo, que es quien debe interpretar la nueva regulaci?n, no est? dispuesto a ponerlo f?cil. Al menos Llarena.
El juez, integrante del bloque conservador dentro del Poder Judicial, también ha empleado su auto para criticar con dureza la reforma penal. B?sicamente, vino a se?alar que el discurso del Gobierno en este asunto no ten?a sentido.
Por un lado, se?ala, en contra de lo mantenido por el Ejecutivo en los ?ltimos meses, que el derogado delito de sedici?n no conten?a “imprecisiones” ni casaba mal con otras regulaciones de pa?ses europeos. Por otro, argumenta que el cambio legislativo, que sustituye este delito por uno de des?rdenes p?blicos que Llarena no considera aplicable a Puigdemont, genera “un contexto cercano a la despenalizaci?n” para los dirigentes independentistas que a?n no han sido juzgados por el referéndum.
Toque de atenci?n a Llarena
En la Moncloa también se revuelven contra las “licencias” de Llarena en su escrito. Los socialistas consideran que el magistrado se ha extralimitado en sus valoraciones sobre la controvertida reforma judicial. Sin salirse del respeto institucional, Mar?a Jes?s Montero, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, fue muy clara este viernes.
“No vamos a entrar en los contenidos de la orden, de la misma manera que pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad. Nosotros no entramos en pronunciamientos judiciales. De la misma forma, siempre pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la pol?tica para el desarrollo de su legislaci?n. Siempre pensamos que la justicia debe administrar justicia y la pol?tica promover los marcos para conseguir los fines que se propone en cada caso. En este, el de la convivencia en nuestro pa?s”, se?al? Montero tras un encuentro en la sede del PSOE para preparar el nuevo curso pol?tico, marcado por la sucesi?n de citas electorales, al que asistieron Pedro S?nchez, los ministros socialistas y la Ejecutiva del partido.
Aun as?, dentro de esta sensaci?n de ir con el pie cambiado, el Gobierno se esfuerza ahora por sacar dos conclusiones positivas de lo ocurrido. El auto de Llarena prueba que el reproche penal al ‘procés’ no ha desaparecido, pese a que el propio magistrado sostiene que el escenario es “cercano a la despenalizaci?n”, y ahora, con la desaparici?n de la sedici?n, ser? “m?s f?cil” lograr la extradici?n del ‘expresident’ de la Generalitat.
De hecho, este mismo viernes se conoci? que la Fiscal?a valora castigar el desaf?o independentista con el delito de des?rdenes p?blicos agravados.
Pero para el Ejecutivo, en el arranque de este a?o electoral, todo este asunto es un contratiempo. Se habla de ello y no de los datos econ?micos y si al final no hay rebaja de la malversaci?n en el tema catal?n, la c?pula de ERC no estar? ni tranquila ni satisfecha.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/gobierno-teme-auto-llarena-complique-81166080)
Este movimiento amenaza el plan trazado por el Ejecutivo, que pretend?a as? cumplir con la demanda de ERC de 'desjudializar' el problema catal?n y contribuir a que sus procesados o condenados por malversaci?n vieran reducidas las penas. Los republicanos lo han reclamado abiertamente y el propio presidente del Gobierno, Pedro S?nchez, ha asumido que esta era la finalidad, al ligar los cambios en este delito con la mejora de la convivencia en Catalu?a.
Por eso el Gobierno est? un tanto descolocado. Los socialistas temen que el criterio sobre la malversaci?n de Llarena, que instruye la causa sobre Puigdemont, también lo aplique la Sala Segunda del Tribunal Supremo a dirigentes ya juzgados como Oriol Junqueras, comprometiendo as? su vuelta a la pol?tica. Sin una rebaja seguir?a pesando sobre el presidente de ERC la pena de inhabilitaci?n que le fue impuesta en su d?a, lo que le impide presentarse a las elecciones.
Como public? este diario, catedr?ticos de Derecho Penal y destacados miembros de la Fiscal?a ya advirtieron que la reforma exprés de la malversaci?n podr?a no afectar a los implicados en el procés. A ello se suma el peso que la decisi?n de Llarena, que aprecia igualmente ?nimo de lucro porque se persigue un beneficio propio, tiene para el resto de jueces del Supremo.
Fuentes del Ejecutivo se?alan que "como todo el mundo sabe, la aplicaci?n de la ley corresponde a los tribunales". "Nosotros hemos cumplido con el acuerdo", afirman en referencia a ERC.
Durante estas semanas la mayor preocupaci?n del Gobierno era que se produjesen rebajas de penas a otros condenados por malversaci?n en casos de corrupci?n, la mayor?a muy medi?ticos. Pero siempre han dado por supuesto que los dirigentes catalanes se ver?an beneficiados. Pero el Supremo, que es quien debe interpretar la nueva regulaci?n, no est? dispuesto a ponerlo f?cil. Al menos Llarena.
El juez, integrante del bloque conservador dentro del Poder Judicial, también ha empleado su auto para criticar con dureza la reforma penal. B?sicamente, vino a se?alar que el discurso del Gobierno en este asunto no ten?a sentido.
Por un lado, se?ala, en contra de lo mantenido por el Ejecutivo en los ?ltimos meses, que el derogado delito de sedici?n no conten?a “imprecisiones” ni casaba mal con otras regulaciones de pa?ses europeos. Por otro, argumenta que el cambio legislativo, que sustituye este delito por uno de des?rdenes p?blicos que Llarena no considera aplicable a Puigdemont, genera “un contexto cercano a la despenalizaci?n” para los dirigentes independentistas que a?n no han sido juzgados por el referéndum.
Toque de atenci?n a Llarena
En la Moncloa también se revuelven contra las “licencias” de Llarena en su escrito. Los socialistas consideran que el magistrado se ha extralimitado en sus valoraciones sobre la controvertida reforma judicial. Sin salirse del respeto institucional, Mar?a Jes?s Montero, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, fue muy clara este viernes.
“No vamos a entrar en los contenidos de la orden, de la misma manera que pedimos que cada uno ejerza su responsabilidad. Nosotros no entramos en pronunciamientos judiciales. De la misma forma, siempre pedimos que tampoco se entre en la legitimidad que tiene la pol?tica para el desarrollo de su legislaci?n. Siempre pensamos que la justicia debe administrar justicia y la pol?tica promover los marcos para conseguir los fines que se propone en cada caso. En este, el de la convivencia en nuestro pa?s”, se?al? Montero tras un encuentro en la sede del PSOE para preparar el nuevo curso pol?tico, marcado por la sucesi?n de citas electorales, al que asistieron Pedro S?nchez, los ministros socialistas y la Ejecutiva del partido.
Aun as?, dentro de esta sensaci?n de ir con el pie cambiado, el Gobierno se esfuerza ahora por sacar dos conclusiones positivas de lo ocurrido. El auto de Llarena prueba que el reproche penal al ‘procés’ no ha desaparecido, pese a que el propio magistrado sostiene que el escenario es “cercano a la despenalizaci?n”, y ahora, con la desaparici?n de la sedici?n, ser? “m?s f?cil” lograr la extradici?n del ‘expresident’ de la Generalitat.
De hecho, este mismo viernes se conoci? que la Fiscal?a valora castigar el desaf?o independentista con el delito de des?rdenes p?blicos agravados.
Pero para el Ejecutivo, en el arranque de este a?o electoral, todo este asunto es un contratiempo. Se habla de ello y no de los datos econ?micos y si al final no hay rebaja de la malversaci?n en el tema catal?n, la c?pula de ERC no estar? ni tranquila ni satisfecha.
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