الريــم
01-13-2023, 11:45 AM
Unificar los criterios de los fiscales de toda Espa?a y atemperar el impacto que la reforma del delito de malversaci?n, especialmente en los principales casos de corrupci?n. Con estas premisas, la Fiscal?a estudia desde hace semanas la reforma impulsada por el Gobierno en el C?digo Penal, un an?lisis que cristalizar? antes de que finalice este mes con la publicaci?n de un decreto por parte del fiscal general, ?lvaro Garc?a Ortiz, en el que se incidir? en que los cambios no tienen por qué afectar a hechos criminales cometidos antes de 2015, cuando entr? en vigor la reforma legal del Gobierno de Mariano Rajoy.
Fuentes fiscales han se?alado a El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica que los planes del fiscal general pasan por adelantar la respuesta del Ministerio P?blico mediante un decreto aunque después las directrices se ampl?en en una Circular, dado que este instrumento legal lleva m?s tiempo porque tiene que llevarse a Junta de Fiscales de Sala. El fiscal general actu? del mismo modo en el caso de la denominada 'ley del s?lo s? es s?'.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
La barrera del 2015, seg?n las mismas fuentes, responde al hecho de que la ?ltima reforma del Penal supone en muchos aspectos un regreso a los criterios del C?digo de 1995 con respecto al delito de malversaci?n, por lo que los hechos cometidos entre dicha fecha y la anterior reforma ya estaban siendo analizados o fueron penados conforme a dichas previsiones, m?s favorables que las impuestas en tiempos de Rajoy.
Se trata de asuntos como los que se investigan el caso Kitchen -por desv?o de fondos policiales para espiar al ex tesorero Luis B?rcenas- o la trama P?nica en relaci?n con diversas actuaciones del PP de Madrid, si bien en los casos en los que se acredite una apropiaci?n clara de fondos p?blicos apenas deber?a haber cambios, sobre todo cuando se trate de conductas agravadas. Otra cosa es que las defensas en las diferentes causas traten de buscar el m?ximo beneficio para sus clientes, por lo que es previsible que se produzcan peticiones de revisi?n que ya se ver? en lo que quedan finalmente, seg?n las mismas fuentes.
La reforma, por el contrario, s? tendr? una incidencia --tanto en causas ya juzgadas como las que est?n a?n investig?ndose -- en relaci?n con delitos cometidos entre 2015 y 2022, especialmente los que constituyen una administraci?n desleal que la reforma del PP equipar? con apropiaci?n indebida e integr? en el tipo de malversaci?n, que es lo que ahora se ha modificado. Entre ellos se encuentran las investigaciones abiertas por compras presuntamente irregulares de material sanitario durante la pandemia.
Preguntas de la Audiencia Nacional
Sin embargo, jueces especializados en asuntos de corrupci?n como Manuel Garc?a Castell?n, de la Audiencia Nacional, no parecen estar muy de acuerdo con este criterio general de la Fiscal?a y, por el momento, ha solicitado a Anticorrupci?n que se pronuncie sobre determinados asuntos que se encuentran en plena instrucci?n y que considera que podr?an verse afectados por la reforma.
El pasado lunes lo hizo en relaci?n con el denominado caso Acuamed, para saber si la modificaci?n legislativa puede suponer un cambio en su petici?n de transformaci?n a sumario de estas pesquisas -ya que si las penas son menores deben tramitarse por un procedimiento diferente-. En este caso se investigan presuntas irregularidades en la empresa p?blica dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentaci?n y Medio Ambiente durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Este jueves, ha realizado una petici?n similar respecto de cuatro piezas del caso P?nica y el denominado 'c?rtel del fuego'. En todos ellos se ha dictado la apertura del juicio oral, y el titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero quiere saber si concurren circunstancias excepcionales que lleven a revisar las peticiones de pena ya realizadas por el Ministerio P?blico y de las acusaciones en todas estas causas.
Con la nueva ley, cuando haya ?nimo de lucro, se mantendr?n las penas actuales (de 2 a 12 de c?rcel y 6 a 20 de inhabilitaci?n); y habr? dos tipos nuevos de malversaci?n: uno sin ?nimo de lucro para "usos privados" (de 6 meses a 3 a?os de prisi?n e inhabilitaci?n de 1 a 4 a?os) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 a?os de c?rcel y 2 a 6 de inhabilitaci?n).
An?lisis de los expertos
Seg?n fuentes fiscales y expertos penales consultados por este diario, la nueva normativa podr?a considerarse algo "confusa" por establecer diferencias entre el "?nimo de lucro" que se cita en el nuevo art?culo 432 de C?digo Penal y la posibilidad apuntada en el 'bis' del mismo precepto, para cuando no exista "?nimo de apropi?rselo", pero se destine a "usos privados el patrimonio p?blico puesto a su cargo".
Para algunos fiscales consultados, el derecho penal atribuye el ?nimo de lucro a "cualquier provecho o utilidad" que se dé a los recursos p?blicos distra?dos, y ello es com?n a todos los delitos contra el patrimonio, siendo indiferente el destino que se les dé. Por ello, habr? que estudiar la incidencia en los casos concretos de la ?ltima reforma realizada en relaci?n con este aspecto.
En cuanto al delito de malversaci?n para castigar el desv?o de dinero p?blico a otros fines p?blicos, se trataba de un tipo incluido C?digo Penal del franquismo, el de 1973. Se retir? en el C?digo socialista del 95, al entender que, aunque solo preve?a multas y suspensi?n, era un castigo excesivo y se decidi? que ese tipo de conductas fueran castigadas por el Tribunal de Cuentas, no penalmente, sino como responsabilidad contable.
Con el C?digo Penal actual, esta conducta se recupera en el art?culo 433, dirigido a quien se sirva de dinero p?blico para darle una aplicaci?n diferente de aquella a la que estuviere destinado, siempre que se trate de "fines p?blicos". En este caso se prevén penas de uno a cuatro a?os e inhabilitaci?n especial de empleo o cargo p?blico de dos a seis a?os, "si resultare da?o o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado", y ?nicamente se castigar? con inhabilitaci?n si el citado da?o no puede acreditarse.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/fiscalia-tratara-frenar-impacto-reforma-81124469)
Fuentes fiscales han se?alado a El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica que los planes del fiscal general pasan por adelantar la respuesta del Ministerio P?blico mediante un decreto aunque después las directrices se ampl?en en una Circular, dado que este instrumento legal lleva m?s tiempo porque tiene que llevarse a Junta de Fiscales de Sala. El fiscal general actu? del mismo modo en el caso de la denominada 'ley del s?lo s? es s?'.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
La barrera del 2015, seg?n las mismas fuentes, responde al hecho de que la ?ltima reforma del Penal supone en muchos aspectos un regreso a los criterios del C?digo de 1995 con respecto al delito de malversaci?n, por lo que los hechos cometidos entre dicha fecha y la anterior reforma ya estaban siendo analizados o fueron penados conforme a dichas previsiones, m?s favorables que las impuestas en tiempos de Rajoy.
Se trata de asuntos como los que se investigan el caso Kitchen -por desv?o de fondos policiales para espiar al ex tesorero Luis B?rcenas- o la trama P?nica en relaci?n con diversas actuaciones del PP de Madrid, si bien en los casos en los que se acredite una apropiaci?n clara de fondos p?blicos apenas deber?a haber cambios, sobre todo cuando se trate de conductas agravadas. Otra cosa es que las defensas en las diferentes causas traten de buscar el m?ximo beneficio para sus clientes, por lo que es previsible que se produzcan peticiones de revisi?n que ya se ver? en lo que quedan finalmente, seg?n las mismas fuentes.
La reforma, por el contrario, s? tendr? una incidencia --tanto en causas ya juzgadas como las que est?n a?n investig?ndose -- en relaci?n con delitos cometidos entre 2015 y 2022, especialmente los que constituyen una administraci?n desleal que la reforma del PP equipar? con apropiaci?n indebida e integr? en el tipo de malversaci?n, que es lo que ahora se ha modificado. Entre ellos se encuentran las investigaciones abiertas por compras presuntamente irregulares de material sanitario durante la pandemia.
Preguntas de la Audiencia Nacional
Sin embargo, jueces especializados en asuntos de corrupci?n como Manuel Garc?a Castell?n, de la Audiencia Nacional, no parecen estar muy de acuerdo con este criterio general de la Fiscal?a y, por el momento, ha solicitado a Anticorrupci?n que se pronuncie sobre determinados asuntos que se encuentran en plena instrucci?n y que considera que podr?an verse afectados por la reforma.
El pasado lunes lo hizo en relaci?n con el denominado caso Acuamed, para saber si la modificaci?n legislativa puede suponer un cambio en su petici?n de transformaci?n a sumario de estas pesquisas -ya que si las penas son menores deben tramitarse por un procedimiento diferente-. En este caso se investigan presuntas irregularidades en la empresa p?blica dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentaci?n y Medio Ambiente durante el Gobierno de Mariano Rajoy.
Este jueves, ha realizado una petici?n similar respecto de cuatro piezas del caso P?nica y el denominado 'c?rtel del fuego'. En todos ellos se ha dictado la apertura del juicio oral, y el titular del Juzgado Central de Instrucci?n n?mero quiere saber si concurren circunstancias excepcionales que lleven a revisar las peticiones de pena ya realizadas por el Ministerio P?blico y de las acusaciones en todas estas causas.
Con la nueva ley, cuando haya ?nimo de lucro, se mantendr?n las penas actuales (de 2 a 12 de c?rcel y 6 a 20 de inhabilitaci?n); y habr? dos tipos nuevos de malversaci?n: uno sin ?nimo de lucro para "usos privados" (de 6 meses a 3 a?os de prisi?n e inhabilitaci?n de 1 a 4 a?os) y otro para cuando lo malversado va a un fin distinto al previsto (de 1 a 4 a?os de c?rcel y 2 a 6 de inhabilitaci?n).
An?lisis de los expertos
Seg?n fuentes fiscales y expertos penales consultados por este diario, la nueva normativa podr?a considerarse algo "confusa" por establecer diferencias entre el "?nimo de lucro" que se cita en el nuevo art?culo 432 de C?digo Penal y la posibilidad apuntada en el 'bis' del mismo precepto, para cuando no exista "?nimo de apropi?rselo", pero se destine a "usos privados el patrimonio p?blico puesto a su cargo".
Para algunos fiscales consultados, el derecho penal atribuye el ?nimo de lucro a "cualquier provecho o utilidad" que se dé a los recursos p?blicos distra?dos, y ello es com?n a todos los delitos contra el patrimonio, siendo indiferente el destino que se les dé. Por ello, habr? que estudiar la incidencia en los casos concretos de la ?ltima reforma realizada en relaci?n con este aspecto.
En cuanto al delito de malversaci?n para castigar el desv?o de dinero p?blico a otros fines p?blicos, se trataba de un tipo incluido C?digo Penal del franquismo, el de 1973. Se retir? en el C?digo socialista del 95, al entender que, aunque solo preve?a multas y suspensi?n, era un castigo excesivo y se decidi? que ese tipo de conductas fueran castigadas por el Tribunal de Cuentas, no penalmente, sino como responsabilidad contable.
Con el C?digo Penal actual, esta conducta se recupera en el art?culo 433, dirigido a quien se sirva de dinero p?blico para darle una aplicaci?n diferente de aquella a la que estuviere destinado, siempre que se trate de "fines p?blicos". En este caso se prevén penas de uno a cuatro a?os e inhabilitaci?n especial de empleo o cargo p?blico de dos a seis a?os, "si resultare da?o o entorpecimiento graves del servicio al que estuviere consignado", y ?nicamente se castigar? con inhabilitaci?n si el citado da?o no puede acreditarse.
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