الريــم
01-11-2023, 03:31 PM
Apenas hab?an pasado unas horas desde que una turba de miles de bolsonaristas invadiera por la fuerza las sedes del poder legislativo, ejecutivo y judicial brasile?o. Fue una estampa muy similar a la ya vista dos a?os antes en EEUU, donde los simpatizantes del perdedor de las elecciones irrumpieron en las instituciones reclamando derrocar al Gobierno recién elegido. En Espa?a, Pedro S?nchez condenaba el asalto en redes sociales y acto seguido, la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, le respond?a con una decena de palabras que arrastraron el debate al procés y la reciente reforma del C?digo Penal para eliminar el delito de sedici?n: “Contigo, en Espa?a esto ahora es un simple desorden p?blico…”. Pero, a juicio de los penalistas consultados por El Peri?dico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, el debate es m?s pol?tico que jur?dico.
Contigo, en Espa?a esto ahora es un simple desorden p?blico… https://t.co/O75XlbB1kL
— Cuca Gamarra (@cucagamarra) 8 de enero de 2023 (https://twitter.com/cucagamarra/status/1612180197780127745?ref_src=twsrc%5Etfw)“Por supuesto que las instituciones espa?olas est?n protegidas”, indica, tajante, la doctora en Derecho Penal Mercedes Garc?a. “La ?nica duda es si Gamarra habla por ignorancia o por mala fe”, a?ade. Garc?a considera “evidente” que estamos ante un delito de rebeli?n. “Porque hay violencia, que es lo que define al delito de rebeli?n junto con los fines que puedan perseguirse”, indica.
El catedr?tico de Derecho Constitucional Xavier Arb?s sostiene que, pese a que se haya eliminado la sedici?n, “existen medios en el actual C?digo Penal para proteger el funcionamiento de los principales ?rganos constitucionales”. “No creo que pueda darse la impresi?n de que, de producirse en Espa?a estos supuestos, ser?an sancionados como unos simples des?rdenes p?blicos agravados”, sostiene Arb?s, que recuerda que el delito de rebeli?n, a?n vigente, se refiere al intento de impedir el funcionamiento de las Cortes generales.
El jurista defiende que el ?nico episodio reciente comparable con lo acontecido en Brasil es el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuyos cabecillas acabaron condenados por rebeli?n militar. Arb?s insiste en que “la rebeli?n est?, en distintos grados y matices, en todos los ordenamientos constitucionales, porque la democracia tiene que protegerse”.
La rebeli?n y el 'procés'
Para el catedr?tico de Derecho Penal de la UOC Josep-Maria Tamarit, “no es cierto que los hechos ser?an s?lo des?rdenes p?blicos". Una irrupci?n en sede parlamentaria como la que han protagonizado los bolsonaristas en Brasil podr?a calificarse como rebeli?n. Para ello, tendr?an que cumplirse tres condiciones: que se trate de un “alzamiento p?blico y violento”, que persiga “una de las finalidades previstas en el C?digo Penal” -entre otras; destituir al Rey, disolver el Parlamento o quitarle alguna de sus competencias, sustituir al Gobierno u obligarle a hacer actos contrarios a su voluntad-, y “que los actos realizados sean id?neos para conseguir esta finalidad”.
La ausencia de esta idoneidad fue la que consider? que faltaba el Tribunal Supremo para condenar por rebeli?n, y no por sedici?n, a los encausados por el 'procés'. “Este ser?a el requisito m?s controvertido, a juzgar por lo que sabemos de lo ocurrido en Brasil”, se?ala Tamarit.
Cuando la Abogac?a del Estado se desmarc? de la Fiscal?a y no acus? por rebeli?n a los l?deres catalanes, el entonces l?der del PP, Pablo Casado, culp? al Gobierno de S?nchez de haber forzado esa decisi?n y lo calific? de “indecente” y de “humillar a Espa?a”. También Vox, que fue acusaci?n particular en el juicio, apost? por la rebeli?n, que consideraba probada, y anunci? un recurso a la sentencia. El delito de sedici?n no convenci? entonces a una derecha que apostaba por la rebeli?n, un tipo con penas de hasta 25 a?os para sus instigadores.
Delito contra las instituciones del Estado
Otra de las posibles v?as penales, a juicio de Tamarit, ser?a el delito contra las instituciones del Estado. “En principio, es el que parece que se habr?a cometido con m?s claridad y tiene una pena de tres a cinco a?os de prisi?n”. Los ocho condenados por el asedio al Parlamento de Catalu?a en junio de 2011 lo fueron, precisamente, por un delito contra las instituciones del Estado. “Estos intentos de rodear las Cortes nunca llegaron al extremo de intentar asaltarlas y promover destrozos dentro”, indica Arb?s.
Garc?a denuncia que la portavoz del PP, con sus palabras, “est? rebajando la importancia de lo que ha ocurrido en Brasil, tomar al asalto instituciones b?sicas del Estado con violencia”. Para la penalista, “es una interpretaci?n malintencionada y una auténtica barbaridad”.
Tras el PP, fue la ultraderecha la que se sum? al argumento de Gamarra, llev?ndolo a?n m?s all?. El vicepresidente de Acci?n Pol?tica de Vox, Jorge Buxadé, dej? en el aire una inc?gnita: si el PSOE pierde las pr?ximas elecciones generales y se produce un episodio similar al de Brasil, “?qué mecanismos tiene el Estado para luchar contra ese alzamiento tumultuario contra las instituciones democr?ticas?”. Buxadé defendi? que con la derogaci?n del delito de sedici?n “nos han dejado inermes”.
“Afortunadamente, ninguno de los grandes partidos avala lo que ha ocurrido en Brasil. Y siendo preocupante la polarizaci?n pol?tica o la difusi?n de mensajes de odio, por suerte no estamos como en Brasil”, defiende Arb?s, que advierte sobre la sensaci?n de inseguridad que genera que se agite la posibilidad de que en Espa?a tengan lugar ese tipo de supuestos.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/internacional/rebelion-sedicion-o-desordenes-publicos-81028427)
Contigo, en Espa?a esto ahora es un simple desorden p?blico… https://t.co/O75XlbB1kL
— Cuca Gamarra (@cucagamarra) 8 de enero de 2023 (https://twitter.com/cucagamarra/status/1612180197780127745?ref_src=twsrc%5Etfw)“Por supuesto que las instituciones espa?olas est?n protegidas”, indica, tajante, la doctora en Derecho Penal Mercedes Garc?a. “La ?nica duda es si Gamarra habla por ignorancia o por mala fe”, a?ade. Garc?a considera “evidente” que estamos ante un delito de rebeli?n. “Porque hay violencia, que es lo que define al delito de rebeli?n junto con los fines que puedan perseguirse”, indica.
El catedr?tico de Derecho Constitucional Xavier Arb?s sostiene que, pese a que se haya eliminado la sedici?n, “existen medios en el actual C?digo Penal para proteger el funcionamiento de los principales ?rganos constitucionales”. “No creo que pueda darse la impresi?n de que, de producirse en Espa?a estos supuestos, ser?an sancionados como unos simples des?rdenes p?blicos agravados”, sostiene Arb?s, que recuerda que el delito de rebeli?n, a?n vigente, se refiere al intento de impedir el funcionamiento de las Cortes generales.
El jurista defiende que el ?nico episodio reciente comparable con lo acontecido en Brasil es el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuyos cabecillas acabaron condenados por rebeli?n militar. Arb?s insiste en que “la rebeli?n est?, en distintos grados y matices, en todos los ordenamientos constitucionales, porque la democracia tiene que protegerse”.
La rebeli?n y el 'procés'
Para el catedr?tico de Derecho Penal de la UOC Josep-Maria Tamarit, “no es cierto que los hechos ser?an s?lo des?rdenes p?blicos". Una irrupci?n en sede parlamentaria como la que han protagonizado los bolsonaristas en Brasil podr?a calificarse como rebeli?n. Para ello, tendr?an que cumplirse tres condiciones: que se trate de un “alzamiento p?blico y violento”, que persiga “una de las finalidades previstas en el C?digo Penal” -entre otras; destituir al Rey, disolver el Parlamento o quitarle alguna de sus competencias, sustituir al Gobierno u obligarle a hacer actos contrarios a su voluntad-, y “que los actos realizados sean id?neos para conseguir esta finalidad”.
La ausencia de esta idoneidad fue la que consider? que faltaba el Tribunal Supremo para condenar por rebeli?n, y no por sedici?n, a los encausados por el 'procés'. “Este ser?a el requisito m?s controvertido, a juzgar por lo que sabemos de lo ocurrido en Brasil”, se?ala Tamarit.
Cuando la Abogac?a del Estado se desmarc? de la Fiscal?a y no acus? por rebeli?n a los l?deres catalanes, el entonces l?der del PP, Pablo Casado, culp? al Gobierno de S?nchez de haber forzado esa decisi?n y lo calific? de “indecente” y de “humillar a Espa?a”. También Vox, que fue acusaci?n particular en el juicio, apost? por la rebeli?n, que consideraba probada, y anunci? un recurso a la sentencia. El delito de sedici?n no convenci? entonces a una derecha que apostaba por la rebeli?n, un tipo con penas de hasta 25 a?os para sus instigadores.
Delito contra las instituciones del Estado
Otra de las posibles v?as penales, a juicio de Tamarit, ser?a el delito contra las instituciones del Estado. “En principio, es el que parece que se habr?a cometido con m?s claridad y tiene una pena de tres a cinco a?os de prisi?n”. Los ocho condenados por el asedio al Parlamento de Catalu?a en junio de 2011 lo fueron, precisamente, por un delito contra las instituciones del Estado. “Estos intentos de rodear las Cortes nunca llegaron al extremo de intentar asaltarlas y promover destrozos dentro”, indica Arb?s.
Garc?a denuncia que la portavoz del PP, con sus palabras, “est? rebajando la importancia de lo que ha ocurrido en Brasil, tomar al asalto instituciones b?sicas del Estado con violencia”. Para la penalista, “es una interpretaci?n malintencionada y una auténtica barbaridad”.
Tras el PP, fue la ultraderecha la que se sum? al argumento de Gamarra, llev?ndolo a?n m?s all?. El vicepresidente de Acci?n Pol?tica de Vox, Jorge Buxadé, dej? en el aire una inc?gnita: si el PSOE pierde las pr?ximas elecciones generales y se produce un episodio similar al de Brasil, “?qué mecanismos tiene el Estado para luchar contra ese alzamiento tumultuario contra las instituciones democr?ticas?”. Buxadé defendi? que con la derogaci?n del delito de sedici?n “nos han dejado inermes”.
“Afortunadamente, ninguno de los grandes partidos avala lo que ha ocurrido en Brasil. Y siendo preocupante la polarizaci?n pol?tica o la difusi?n de mensajes de odio, por suerte no estamos como en Brasil”, defiende Arb?s, que advierte sobre la sensaci?n de inseguridad que genera que se agite la posibilidad de que en Espa?a tengan lugar ese tipo de supuestos.
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