الريــم
01-10-2023, 03:28 PM
El Tribunal Supremo ha puesto punto y final al denominado 'caso De Miguel', sobre corrupci?n en la c?pula del PNV de ?lava, y ha confirmado las principales condenas por corrupci?n impuestas en 2019 por la Audiencia Provincial contra los integrantes del 'Araba Buru Batzar' (ejecutiva de la formaci?n nacionalista en la citada provincia) Alfredo De Miguel, Luis Felipe Ochandiano y Carlos Aitor Teller?a.
El tribunal, integrado por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ram?n Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Pablo Llarena, este ?ltimo como ponente, ?nicamente ha realizado algunas correcciones técnicas a la resoluci?n del tribunal de instancia y ha confirmado las condenas por delitos de tr?fico de influencias, inducci?n o cooperaci?n a la prevaricaci?n, cohecho, malversaci?n de caudales p?blicos, falsedad documental, asociaci?n il?cita y blanqueo de capitales relacionados con actividades que favorecieron la adjudicaci?n de contratos p?blicos a determinados empresarios a cambio del cobro de comisiones.
Por contra, tras el recurso al Supremo se absuelve a De Miguel, Teller?a y a los también procesados I?aki San Juan y Alfonso Arriola de algunas actuaciones aisladas por las que les conden? inicialmente Audiencia Provincial alavesa; y se exonera también de todos los cargos a Juli?n Andrés S?nchez Alegr?a (Presidente de los Parques Tecnol?gico del Pa?s Vasco), por no aportarse prueba suficientemente de que llegara a conocer las irregularidades. También decaen las penas impuestas a Jon I?aki Echaburu de los delitos de cohecho y asociaci?n il?cita por los que estaba inicialmente condenado.
En todo caso, a Alfredo De Miguel se le imponen finalmente, adem?s de penas de inhabilitaci?n y multa, un total de 12 a?os y 4 meses de prisi?n, con un l?mite legal de cumplimiento de 9 a?os. A Luis Felipe Ochandiano se le imponen, adem?s de otras penas accesorias, 7 a?os y 6 meses de prisi?n, que quedan limitados a 6 a?os y 9 meses de cumplimiento efectivo. Por ?ltimo, Carlos Aitor Teller?a se le condena a un total de 5 a?os, 1 mes y 15 d?as de prisi?n.
Seg?n el relato de hechos probados que ahora deviene en firme, De Miguel, Ochandiano y Teller?a se prevalieron de su capacidad de influencia pol?tica como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compa?erismo pol?tico con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administraci?n auton?mica y municipal. De este modo se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administraci?n adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisi?n.
Facturaci?n de servicios ficticios
Para encubrir el cobro de estas comisiones, contin?a el relato judicial, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros.
Una de estas sociedades, denominada Kataia Consulting SL, se constituy? a nombre de sus respectivas esposas. La Audiencia Provincial de ?lava absolvi? a Araceli Bajo L?pez (esposa de Carlos Aitor Teller?a), por no haberse acreditado que llegara a saber que la empresa estaba vinculada a una actividad il?cita de su esposo, pero el Tribunal Supremo confirma la condena que s? se impuso a Ainhoa Bilbao Lasa e Iratxe Gaztelu-Urrutia S?nchez como responsables de los delitos de blanqueo de capitales y de cooperaci?n en la asociaci?n il?cita constituida por sus c?nyuges, imponiendo a cada una de ellas penas que suman 1 a?o y 6 meses de prisi?n, as? como 180.000 euros de multa.
Los tres acusados principales emplearon otras dos sociedades para los mismos fines. En concreto, las sociedades Errexal SL y Ortzi Muga SL. Estas se constituyeron bajo la titularidad simulada de Josu Azkarraga Montes e I?aki San Juan Bilbao quienes, desde la gesti?n societaria, ayudaron en la comisi?n de los delitos y en la recaudaci?n de los ingresos. Por ello han sido condenados como cooperadores de los delitos de prevaricaci?n, malversaci?n de fondos p?blicos, falsedad en documento mercantil y asociaci?n il?cita, imponiéndoles diversas penas que superan los 4 a?os de prisi?n para cada uno de ellos.
La sentencia también condena a los tres pol?ticos vascos por influir en que algunos de los contratos administrativos fueran directamente adjudicados a sus sociedades, logrando as? mejores beneficios, particularmente en algunos supuestos en los que lograron que la Administraci?n les abonara unos trabajos que no realizaron nunca.
Parque tecnol?gico y cuadrillas el territorio hist?rico
Los contratos administrativos de los que derivan esas responsabilidades fueron otorgados por organismos p?blicos también regidos por miembros del Partido Nacionalista Vasco, concretamente por el Parque Tecnol?gico de ?lava, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca, Zigoitia y Zambrana, as? como por las Cuadrillas del Territorio Hist?rico de ?lava cuyos presidentes pertenec?an a esa agrupaci?n pol?tica. Para la adjudicaci?n de los contratos, la sentencia proclama que se aprovech? la influencia pol?tica que los acusados ten?an sobre algunos de los integrantes de esas corporaciones y que los colaboradores, adem?s de contravenir el procedimiento de tramitaci?n administrativa, propusieron la adjudicaci?n por amiguismo con los acusados.
As?, resultan condenados algunos responsables que, desde posiciones estratégicas para la tramitaci?n de los expedientes, favorecieron a los acusados. En concreto, la sentencia condena Alfonso Carlos Arriola Lacruz (gerente del Parque Tecnol?gico de ?lava ) por su cooperaci?n a la comisi?n de un delito de prevaricaci?n administrativa, imponiéndole la pena de cuatro a?os de inhabilitaci?n.
A Francisco Javier S?nchez Robles (Director de Juventud y Acci?n Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco), como cooperador de un delito continuado de prevaricaci?n, as? como autor de un delito de integraci?n activa en una asociaci?n il?cita y autor de los delitos continuados de tr?fico de influencias, malversaci?n de fondos p?blicos y falsedad documental, por lo que le imponen diversas penas, entre ellas prisi?n por m?s de 7 a?os. Con ellos se ha condenado, por ?ltimo, a la que fue alcaldesa de la localidad de Zambrana, Mar?a Justina Angulo Ocio, de la que se declara su responsabilidad como autora de un delito continuado de prevaricaci?n y a la que se imponen 9 a?os de inhabilitaci?n para cargo p?blico.
Como consecuencia del esclarecimiento de la trama, la sentencia condena adem?s a determinados empresarios que impulsaron la actuaci?n il?cita y que se favorecieron con ella. Si bien algunos no recurrieron la condena que les impuso la Audiencia Provincial de Vitoria, s? lo hicieron Sergio Fern?ndez Oleaga (Studio Técnico de Obras y Arquitectura SL) y Jon I?aki Echaburu Barainca (Construcciones Loizate SA). Para el primero se confirma su condena a 1 a?o y 6 meses de prisi?n por los delitos de falsedad documental y cohecho. El segundo es condenado como inductor de un delito de tr?fico de influencias a 5 meses de prisi?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/tribunal-supremo-confirma-principales-condenas-80981288)
El tribunal, integrado por los magistrados Manuel Marchena, Juan Ram?n Berdugo, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Pablo Llarena, este ?ltimo como ponente, ?nicamente ha realizado algunas correcciones técnicas a la resoluci?n del tribunal de instancia y ha confirmado las condenas por delitos de tr?fico de influencias, inducci?n o cooperaci?n a la prevaricaci?n, cohecho, malversaci?n de caudales p?blicos, falsedad documental, asociaci?n il?cita y blanqueo de capitales relacionados con actividades que favorecieron la adjudicaci?n de contratos p?blicos a determinados empresarios a cambio del cobro de comisiones.
Por contra, tras el recurso al Supremo se absuelve a De Miguel, Teller?a y a los también procesados I?aki San Juan y Alfonso Arriola de algunas actuaciones aisladas por las que les conden? inicialmente Audiencia Provincial alavesa; y se exonera también de todos los cargos a Juli?n Andrés S?nchez Alegr?a (Presidente de los Parques Tecnol?gico del Pa?s Vasco), por no aportarse prueba suficientemente de que llegara a conocer las irregularidades. También decaen las penas impuestas a Jon I?aki Echaburu de los delitos de cohecho y asociaci?n il?cita por los que estaba inicialmente condenado.
En todo caso, a Alfredo De Miguel se le imponen finalmente, adem?s de penas de inhabilitaci?n y multa, un total de 12 a?os y 4 meses de prisi?n, con un l?mite legal de cumplimiento de 9 a?os. A Luis Felipe Ochandiano se le imponen, adem?s de otras penas accesorias, 7 a?os y 6 meses de prisi?n, que quedan limitados a 6 a?os y 9 meses de cumplimiento efectivo. Por ?ltimo, Carlos Aitor Teller?a se le condena a un total de 5 a?os, 1 mes y 15 d?as de prisi?n.
Seg?n el relato de hechos probados que ahora deviene en firme, De Miguel, Ochandiano y Teller?a se prevalieron de su capacidad de influencia pol?tica como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compa?erismo pol?tico con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administraci?n auton?mica y municipal. De este modo se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administraci?n adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisi?n.
Facturaci?n de servicios ficticios
Para encubrir el cobro de estas comisiones, contin?a el relato judicial, los acusados constituyeron varias sociedades que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Sociedades que aparentaban no pertenecer a los encausados, pues se constituyeron bajo la titularidad de testaferros.
Una de estas sociedades, denominada Kataia Consulting SL, se constituy? a nombre de sus respectivas esposas. La Audiencia Provincial de ?lava absolvi? a Araceli Bajo L?pez (esposa de Carlos Aitor Teller?a), por no haberse acreditado que llegara a saber que la empresa estaba vinculada a una actividad il?cita de su esposo, pero el Tribunal Supremo confirma la condena que s? se impuso a Ainhoa Bilbao Lasa e Iratxe Gaztelu-Urrutia S?nchez como responsables de los delitos de blanqueo de capitales y de cooperaci?n en la asociaci?n il?cita constituida por sus c?nyuges, imponiendo a cada una de ellas penas que suman 1 a?o y 6 meses de prisi?n, as? como 180.000 euros de multa.
Los tres acusados principales emplearon otras dos sociedades para los mismos fines. En concreto, las sociedades Errexal SL y Ortzi Muga SL. Estas se constituyeron bajo la titularidad simulada de Josu Azkarraga Montes e I?aki San Juan Bilbao quienes, desde la gesti?n societaria, ayudaron en la comisi?n de los delitos y en la recaudaci?n de los ingresos. Por ello han sido condenados como cooperadores de los delitos de prevaricaci?n, malversaci?n de fondos p?blicos, falsedad en documento mercantil y asociaci?n il?cita, imponiéndoles diversas penas que superan los 4 a?os de prisi?n para cada uno de ellos.
La sentencia también condena a los tres pol?ticos vascos por influir en que algunos de los contratos administrativos fueran directamente adjudicados a sus sociedades, logrando as? mejores beneficios, particularmente en algunos supuestos en los que lograron que la Administraci?n les abonara unos trabajos que no realizaron nunca.
Parque tecnol?gico y cuadrillas el territorio hist?rico
Los contratos administrativos de los que derivan esas responsabilidades fueron otorgados por organismos p?blicos también regidos por miembros del Partido Nacionalista Vasco, concretamente por el Parque Tecnol?gico de ?lava, el Departamento de Cultura del Gobierno Vasco, los municipios alaveses de Lapuebla de Labarca, Zigoitia y Zambrana, as? como por las Cuadrillas del Territorio Hist?rico de ?lava cuyos presidentes pertenec?an a esa agrupaci?n pol?tica. Para la adjudicaci?n de los contratos, la sentencia proclama que se aprovech? la influencia pol?tica que los acusados ten?an sobre algunos de los integrantes de esas corporaciones y que los colaboradores, adem?s de contravenir el procedimiento de tramitaci?n administrativa, propusieron la adjudicaci?n por amiguismo con los acusados.
As?, resultan condenados algunos responsables que, desde posiciones estratégicas para la tramitaci?n de los expedientes, favorecieron a los acusados. En concreto, la sentencia condena Alfonso Carlos Arriola Lacruz (gerente del Parque Tecnol?gico de ?lava ) por su cooperaci?n a la comisi?n de un delito de prevaricaci?n administrativa, imponiéndole la pena de cuatro a?os de inhabilitaci?n.
A Francisco Javier S?nchez Robles (Director de Juventud y Acci?n Comunitaria del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco), como cooperador de un delito continuado de prevaricaci?n, as? como autor de un delito de integraci?n activa en una asociaci?n il?cita y autor de los delitos continuados de tr?fico de influencias, malversaci?n de fondos p?blicos y falsedad documental, por lo que le imponen diversas penas, entre ellas prisi?n por m?s de 7 a?os. Con ellos se ha condenado, por ?ltimo, a la que fue alcaldesa de la localidad de Zambrana, Mar?a Justina Angulo Ocio, de la que se declara su responsabilidad como autora de un delito continuado de prevaricaci?n y a la que se imponen 9 a?os de inhabilitaci?n para cargo p?blico.
Como consecuencia del esclarecimiento de la trama, la sentencia condena adem?s a determinados empresarios que impulsaron la actuaci?n il?cita y que se favorecieron con ella. Si bien algunos no recurrieron la condena que les impuso la Audiencia Provincial de Vitoria, s? lo hicieron Sergio Fern?ndez Oleaga (Studio Técnico de Obras y Arquitectura SL) y Jon I?aki Echaburu Barainca (Construcciones Loizate SA). Para el primero se confirma su condena a 1 a?o y 6 meses de prisi?n por los delitos de falsedad documental y cohecho. El segundo es condenado como inductor de un delito de tr?fico de influencias a 5 meses de prisi?n.
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