الريــم
01-09-2023, 10:07 AM
El Tribunal Supremo ha dado la raz?n al Gobierno de Guinea Ecuatorial y ha asestado un duro revés a la empresa de Francisco Hernando Contreras, m?s conocido como 'Paco el Pocero'. El empresario, conocido por haber construido m?s de*6.000 viviendas en Sese?a*(Toledo), reclamaba al Ejecutivo del*dictador Teodoro Obiang*656 millones de euros*-107 en concepto de intereses y costas-*por proyectos técnicos encargados pero no abonados por el pa?s africano.*
En un auto al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, sin embargo, el Alto Tribunal ha confirmado la sentencia del juzgado de instancia n?mero 26 de Madrid, que ya en 2017 estim? que la empresa de 'El Pocero' no ten?a derecho a la reclamaci?n.*Una sentencia que posteriormente fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid.*
Los hechos se remontan a 2008, cuando el Grupo Francisco Hernando Contreras lleg? a un acuerdo con el Gobierno de Obiang para levantar*36.000 viviendas y f?bricas en varias ciudades (Bata, Malabo y Djibloh?-Oyala).*Se trataba de un proyecto multimillonario que ven?a a poner la guinda a la carrera como constructor de este empresario de origines humildes que empez? a trabajar como pocero y acab? acumulando una ingente fortuna*-lleg? a tener varios yates de gran eslora y cinco barcos privados-*a base de construir innumerables complejos residenciales por toda Espa?a.*
Pese a los contratos firmados y el ingente gasto en material, el Gobierno de Guinea se baj? del carro del proyecto a ?ltima hora, lo que llev? a ‘El Pocero’ a presentar*un laudo en 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.*El organismo estim? que no ten?a competencia para juzgar el asunto, por lo que la defensa legal del constructor acudi? a la Justicia espa?ola, que en un primer momento resolvi? en contra de sus intereses y ahora lo ha hecho nuevamente.**
En el auto, fechado el 14 de diciembre de 2022, el Supremo recuerda que el juzgado de instrucci?n n?mero 26 ya desestim? la demanda porque en el caso de las f?bricas de Bata y Malabo “no se daban*las condiciones precisas para el cobro de honorarios*en tanto que la sociedad mixta que las partes pretend?an constituir no se constituy? v?lidamente”.*
“En cuanto a las viviendas en Bata y Malabo entendi? que ni siquiera hab?an sido objeto de contrato por las partes. Por lo que respecta al proyecto de Djibloh?-Oyala,*no consta si la adjudicaci?n fue definitiva o provisional ni el precio de los proyectos”,*prosigue el auto.*
El referido juzgado también desestim? “la acci?n subordinada” ya que “no se hab?an cumplido las condiciones negociales para el devengo de honorarios y, adem?s,*no consta que los proyectos entregados por la actora se correspondieran con lo solicitado*por la demandada, ni su valor ni que fueran ?tiles para las necesidades de la demandada”.*
En su recurso, la defensa de Grupo de Hernando, fallecido en 2020 por coronavirus, argumentaba que la Audiencia Provincial habr?a aplicado “normas administrativas en lugar de civiles” a la hora de valorar su recurso a la primera sentencia, por lo que “concluy? de forma err?nea que los contratos objeto de autos no son v?lidos” y acusaba adem?s a la Audiencia de incurrir en falta de motivaci?n al desestimar la petici?n subordinada de la demandada*relativa a su “enriquecimiento injusto”,*ya que Guinea se habr?a apropiado de los proyectos realizados “y no habr?a realizado ninguna contraprestaci?n por ellos”.**
También consideraba la defensa de Hernando que el juez no dio por v?lidos los contratos “por falta de sus elementos m?s esenciales”, y que el silencio de la demandada al recibir los proyectos*“deb?a ser considerado silencio positivo, es decir, que los recibe conforme a lo pactado”.
Los cuatro recursos, sin embargo, fueron tumbados por el Supremo, que subraya en su resoluci?n que la demandada no acept? los proyectos de Bata y Malabo y que tampoco se puso en marcha la sociedad mixta que las dos partes “pretend?an constituir y que no fue v?lidamente conformada”, por lo que los proyectos no pudieron “ser validados”.
Y por ?ltimo, el Alto Tribunal argumenta que no hay “enriquecimiento injusto” ya que la valoraci?n de la prueba realizada en la primera instancia -a la que se remite la Audiencia Provincial- se llega la conclusi?n*“de que los proyectos recibidos no se adecuaban a lo pactado, por lo que no fueron de utilidad a la demandada”.*
Por todo ello, la Sala acuerda inadmitir los recursos extraordinarios y declarar firme la sentencia del Juzgado de instrucci?n n?mero 26,*adem?s de imponer las costas a la parte recurrente,*que pierde los dep?sitos constituidos. Contra la sentencia no cabe recurso, aunque la demandante podr?a acudir en ?ltima instancia al Tribunal Constitucional.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/supremo-da-razon-guinea-frustra-80864543)
En un auto al que ha tenido acceso El Peri?dico de Espa?a, del grupo Prensa Ibérica, sin embargo, el Alto Tribunal ha confirmado la sentencia del juzgado de instancia n?mero 26 de Madrid, que ya en 2017 estim? que la empresa de 'El Pocero' no ten?a derecho a la reclamaci?n.*Una sentencia que posteriormente fue ratificada por la Audiencia Provincial de Madrid.*
Los hechos se remontan a 2008, cuando el Grupo Francisco Hernando Contreras lleg? a un acuerdo con el Gobierno de Obiang para levantar*36.000 viviendas y f?bricas en varias ciudades (Bata, Malabo y Djibloh?-Oyala).*Se trataba de un proyecto multimillonario que ven?a a poner la guinda a la carrera como constructor de este empresario de origines humildes que empez? a trabajar como pocero y acab? acumulando una ingente fortuna*-lleg? a tener varios yates de gran eslora y cinco barcos privados-*a base de construir innumerables complejos residenciales por toda Espa?a.*
Pese a los contratos firmados y el ingente gasto en material, el Gobierno de Guinea se baj? del carro del proyecto a ?ltima hora, lo que llev? a ‘El Pocero’ a presentar*un laudo en 2012 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), que es el tribunal de arbitraje del Banco Mundial.*El organismo estim? que no ten?a competencia para juzgar el asunto, por lo que la defensa legal del constructor acudi? a la Justicia espa?ola, que en un primer momento resolvi? en contra de sus intereses y ahora lo ha hecho nuevamente.**
En el auto, fechado el 14 de diciembre de 2022, el Supremo recuerda que el juzgado de instrucci?n n?mero 26 ya desestim? la demanda porque en el caso de las f?bricas de Bata y Malabo “no se daban*las condiciones precisas para el cobro de honorarios*en tanto que la sociedad mixta que las partes pretend?an constituir no se constituy? v?lidamente”.*
“En cuanto a las viviendas en Bata y Malabo entendi? que ni siquiera hab?an sido objeto de contrato por las partes. Por lo que respecta al proyecto de Djibloh?-Oyala,*no consta si la adjudicaci?n fue definitiva o provisional ni el precio de los proyectos”,*prosigue el auto.*
El referido juzgado también desestim? “la acci?n subordinada” ya que “no se hab?an cumplido las condiciones negociales para el devengo de honorarios y, adem?s,*no consta que los proyectos entregados por la actora se correspondieran con lo solicitado*por la demandada, ni su valor ni que fueran ?tiles para las necesidades de la demandada”.*
En su recurso, la defensa de Grupo de Hernando, fallecido en 2020 por coronavirus, argumentaba que la Audiencia Provincial habr?a aplicado “normas administrativas en lugar de civiles” a la hora de valorar su recurso a la primera sentencia, por lo que “concluy? de forma err?nea que los contratos objeto de autos no son v?lidos” y acusaba adem?s a la Audiencia de incurrir en falta de motivaci?n al desestimar la petici?n subordinada de la demandada*relativa a su “enriquecimiento injusto”,*ya que Guinea se habr?a apropiado de los proyectos realizados “y no habr?a realizado ninguna contraprestaci?n por ellos”.**
También consideraba la defensa de Hernando que el juez no dio por v?lidos los contratos “por falta de sus elementos m?s esenciales”, y que el silencio de la demandada al recibir los proyectos*“deb?a ser considerado silencio positivo, es decir, que los recibe conforme a lo pactado”.
Los cuatro recursos, sin embargo, fueron tumbados por el Supremo, que subraya en su resoluci?n que la demandada no acept? los proyectos de Bata y Malabo y que tampoco se puso en marcha la sociedad mixta que las dos partes “pretend?an constituir y que no fue v?lidamente conformada”, por lo que los proyectos no pudieron “ser validados”.
Y por ?ltimo, el Alto Tribunal argumenta que no hay “enriquecimiento injusto” ya que la valoraci?n de la prueba realizada en la primera instancia -a la que se remite la Audiencia Provincial- se llega la conclusi?n*“de que los proyectos recibidos no se adecuaban a lo pactado, por lo que no fueron de utilidad a la demandada”.*
Por todo ello, la Sala acuerda inadmitir los recursos extraordinarios y declarar firme la sentencia del Juzgado de instrucci?n n?mero 26,*adem?s de imponer las costas a la parte recurrente,*que pierde los dep?sitos constituidos. Contra la sentencia no cabe recurso, aunque la demandante podr?a acudir en ?ltima instancia al Tribunal Constitucional.
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