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مشاهدة النسخة كاملة : El Tribunal Constitucional, en el laberinto de su reconstrucci?n


الريــم
01-09-2023, 12:12 AM
Los huracanes del Océano Atl?ntico reciben desde primeros de los a?os cincuenta del siglo pasado nombres propios. Y as? como ciclones, tifones o huracanes pasan a la historia con esos nombres, también la crisis del*Tribunal Constitucional (TC) en Espa?a deber?a bendecirse con nombre propio.

Hace apenas unas semanas,*la mayor?a conservadora*forz? por seis votos contra cinco, lo que podr?amos llamar en rom?n paladino, la patada en la puerta del TC al Congreso de Diputados y el Senado, (dicho de manera “jur?dica”: la admisi?n de las*medidas cautelar?simas*exigidas por un recurso de amparo “preventivo” del Partido Popular) para paralizar las medidas en proceso de legislar dirigidas a impedir la prolongaci?n del bloqueo del PP, los magistrados conservadores del TC y los vocales del CGPJ elegidos a propuesta del PP en 2013 y jaleado, cuando no instigado, por los medios del sindicato medi?tico-judicial.

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El coste del desbloqueo repentino fue la renuncia del*sector progresista*del CGPJ a defender su propuesta de nombrar al magistrado*José Manuel Bandrés, de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Los vocales conservadores comandados por*José Mar?a Mac?as, socio del bufete Cuatrecasas, reconocieron que profesionalmente nada ten?an que oponer a ese nombramiento. Problema: Bandrés estaba en su lista negra. Puro macartismo.

El precedente catal?n

Pero, aunque cierto es que la intromisi?n del TC no tiene precedentes -un magistrado conservador que respald? por disciplina la ponencia del magistrado-ingeniero jefe*Enrique Arnaldo*confes? que le daba “vértigo” hacer lo que le exig?an- esta intervenci?n del TC en la vida legislativa ha sido abonada por una serie de precedentes.

En*Catalunya*se esgrime que lo que pas? en Madrid ha sido el corolario de medidas ya adoptadas all? en el*Parlament, y en parte ha sido as?. Pero no deja de ser llamativo que el TC rechaz? medidas cuatelar?simas para impedir legislar a primeros de septiembre de 2017 (leyes referéndum y transitoriedad jur?dica).

S? es verdad que se entrometi? el TC en decirle a la*Mesa del Parlament*lo que no pod?a debatir, lo que era inadmisible. Pero todas las dem?s actuaciones fueron realizadas en ejecuci?n de sentencia dictada previamente.

El precedente de Alberto Rodr?guez

Nadie ha recordado estos d?as -porque es un asunto que pr?cticamente se ha sepultado- que antes de la admisi?n de las cautelar?simas del PP, el*Tribunal Supremo*consigui? en octubre de 2021, después de unos escarceos entre la presidenta del Congreso,*Meritxell Batet, y el presidente de la Sala Segunda,*Manuel Marchena, privar al diputado de Unidas Podemos,*Alberto Rodr?guez, de su esca?o -afectando el tan cacareado como a veces cursi 'ius in officium', su facultad como parlamentario- con una sentencia de multa e inhabilitaci?n por cuarenta y cinco d?as. Ni m?s, ni menos es lo que se deb?a aplicar, la fiscal del Supremo*Isabel Rodr?guez Mateo*dixit, en su informe de noviembre de 2021-, pero Batet, después de su intercambio epistolar y versiones oficiosas, decidi? expulsar a Rodr?guez -y privar de su representaci?n a sus 64.000 electores en Canarias- del Congreso por toda la legislatura.

Rodr?guez present? -como los diputados del PP contra las medidas para desbloquear el TC- una solicitud de medida cautelar?sima y cautelar. La primera fue rechazada de plano y la segunda inici? un proceso de alegaciones. En su informe, el fiscal jefe del TC,*Pedro Crespo, pidi? la restituci?n del esca?o al se?alar que*Batet fue m?s all? de lo que el Tribunal Supremo le solicitaba. El hecho es que existe algo m?s que la idea de estimar el recurso de amparo en el TC. Pero*la magistrada ponente, Mar?a Luisa Balaguer,*sostiene que primero debe resolverse el recurso de Rodr?guez contra la sentencia de la Sala Segunda (que le correspond?a al magistrado conservador saliente*Santiago Mart?nez-Vares). Sin embargo, existe una medida cautelar abierta en el caso del recurso parlamentario. Y un informe del letrado sobre el mismo.

Pero los unos por los otros y el recurso qued? sin barrer. A todo esto, se ha perdido un a?o de legislatura. ?Le importa algo a los ponentes lo que pensar?n 64.000 electores de Canarias? Se supone que no. Porque, de lo contrario, no hubieran hecho dejaci?n de su responsabilidad de decidir. Tampoco, claro, el presidente*Pedro Gonz?lez-Trevijano,*estaba para pedir a los ponentes celeridad -para eso est?, por ejemplo, el presidente-, ya que su cometido era intrigar y enredar para permanecer lo m?s posible en su cargo de nueve a?os, vencido el 12 de junio de 2022.

Asesinato de reputaci?n

La ofensiva de la derecha-en la cual también hay que incluir el deseo del dimitente*Carlos Lesmes, presidente del CGPJ caducado de dar un golpe y nombrar a su sucesor en la persona del presidente de la Sala Primera, de lo Civil del Supremo,*Francisco Mar?n Cast?n, plan logrado a medias, pues preside el Supremo pero no el CGPJ- se ha encarrilado con lo que en Estados Unidos se denomina*'character assasination'.

Asesinato de reputaci?n: proceso deliberado y sostenido dirigido a destruir la credibilidad y reputaci?n de una persona.

Y aqu?, en este punto, volvemos al principio del paisaje, al nombre de los huracanes y también de las crisis, de esta crisis provocada.

Es p?blico que*Mac?as*y sus chicos y chicas intentaron asesinar la reputaci?n del magistrado*José Manuel Bandrés*y pretendieron hacerlo con*Clara Mart?nez de Careaga, vocal del CGPJ, magistrada del Supremo y esposa del magistrado*C?ndido Conde-Pumpido*raz?n por la cual pidieron su “recusaci?n”.

Conde-Pumpido, en el centro

Pero toda la campa?a del sindicato medi?tico-judicial, debiéndose subrayar judicial, ha ido dirigida contra*Conde-Pumpido. Se ha utilizado una frase suya sacada de contexto de hace dieciséis a?os (“Una vez m?s, afirmar con contundencia que entre la realidad social y el vuelo de nuestras togas no hay divorcio ni abstracci?n posible. Los jueces est?n dentro de esa realidad, forman parte de ella, y no pueden mirar al vac?o invocando la inmaculada lejan?a de su independencia”).

O aquella de su voto particular sin corregir sobre el*estado de alarma*en el que calificaba como la sentencia de la mayor?a como “un ejercicio m?s propio de un jurista de sal?n que del m?ximo intérprete de la Constituci?n…, concepci?n, m?s propia de un lego que de un m?ximo intérprete de la Constituci?n…. Por esto, la mayor?a conservadora boicote? un Pleno.

Sin embargo, cuando el magistrado*Andrés Ollero*calific? en su voto particular las conclusiones de*Gonz?lez-Trevijano*y su grupo de “derecho de profesores” o “establecer a priori profesoralmente” la suspensi?n de derechos. Para quienes pueden estimar que hay diferencias, he aqu? la conclusi?n de Ollero en su voto particular. “A lo largo del desarrollo del estado de alarma se han expresado no pocas majader?as, incluso por portavoces autorizados, pero es de justicia reconocer que no se ha llegado a ese extremo. Ser?a precisa una interpretaci?n bastante tortuosa para esquivar es citado precepto constitucional”. ?Toma casta?a!

A partir de hoy se abre una nueva fase que deber?a ser bautizada as?:*La reconstrucci?n del Tribunal Constitucional.

?Ser? posible?



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