الريــم
01-08-2023, 10:01 AM
El art?culo 73.1 de la Constituci?n establece que los periodos parlamentarios ordinarios son dos: el que va de septiembre a diciembre y el que va de febrero a junio. Por tanto, en enero, julio y agosto la actividad parlamentaria se suspende.
Esto no quiere decir que no haya. Puede haberla, pero depender? de una serie de requisitos. El reglamento del Congreso los enumera, en concreto el art?culo 61. As?, el segundo punto de dicho precepto indica que fuera de los per?odos ordinarios de sesiones (tanto del pleno como de las comisiones), “la C?mara s?lo podr? celebrar sesiones extraordinarios a petici?n del Gobierno, de la Diputaci?n Permanente o de la mayor?a absoluta (https://www.congreso.es/cem/t4c1) de los miembros del Congreso”. Puntualiza acto seguido que en la petici?n ha de figurar el orden del d?a que se plantea debatir.
El tercer punto del art?culo 61 entrega a la Presidencia del Congreso la potestad de convocar la sesi?n extraordinaria siempre que la soliciten los actores citados.
Pues lo que ha hecho el Gobierno, por un lado, y una mayor?a absoluta de diputados, por otro, es justamente lo que marca el art?culo 72 de la Constituci?n y el 61 del reglamento del Congreso.
As?, el Ejecutivo, a través de la Secretar?a de Estado de Relaciones con las Cortes, ha solicitado a Meritxell Batet que permita habilitar enero para trabajar la ley de vivienda (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/gobierno-aliados-dan-semana-decidir-79229331) y la ley para la eficiencia organizativa (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/enmienda-antiokupa-psoe-desata-nueva-79986988) del servicio p?blico de justicia. En ambos casos, plantea la reuni?n de “los ?rganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitaci?n y aprobaci?n” de sendos proyectos legislativos, seg?n consta en los escritos a los que ha accedido EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/).
Ello incluye la convocatoria de las ponencias que creen las comisiones competentes, que son la de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y la de Justicia, respectivamente. También las de las propias comisiones, con el fin de alumbrar los dict?menes, y las del pleno, con el objetivo de avalar definitivamente las normas y enviarlas al Senado.
En otras palabras: que el Gobierno quiere intentar la aprobaci?n de la ley de vivienda antes de que acabe enero. Y quiere también aprobar esa nueva regulaci?n sobre la eficiencia del servicio de Justicia, en cuya redacci?n aparece un asunto controvertido.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
El PSOE, en septiembre, anunci? que registrar?a una enmienda para cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, exactamente el procedimiento de desalojo de inmuebles “okupados”. En 48 horas estar?an fuera los “okupantes”, aunque con una serie de garant?as sociales si estas personas vivieran situaciones de exclusi?n o vulnerabilidad. Por esta raz?n, movilizaba a la Fiscal?a y a los servicios sociales correspondientes de la administraci?n auton?mica o del entramado municipal. La enmienda gust? al PP y a formaciones como al PDeCAT, que se sorprendieron, no obstante. No se la esperaban porque es sabido en el Congreso que la gesti?n de la ‘okupaci?n’ est? muy condicionada por Unidas Podemos. La formaci?n “morada”, como era de esperar, reaccion? airada poco después de conocer el anuncio socialista.
Tal y como inform? EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/), los de Pablo Echenique decidieron que si ese punto del PSOE entraba en la articulaci?n de la ley, seguramente se desmarcar?an del apoyo y casi con toda seguridad intentar?an entorpecer la ley de vivienda. Seg?n dijeron fuentes de la direcci?n parlamentaria, la enmienda ‘antiokupa’ de los socialistas afecta a una de las l?neas maestras de la confluencia. Unidas Podemos, para que se entienda, no puede permitirse una renuncia tan estridente.
Ahora bien, desde mediados de noviembre, cuando el Gobierno y sus aliados parlamentarios enfilaron la recta final de la negociaci?n de los presupuestos, las conversaciones sobre la empantanada ley de vivienda no han cesado. M?s de un a?o y medio lleva el proyecto arrinconado, atascado, paralizado.
Aunque las fuentes consultadas insisten en no desvelar qué aspectos han facilitado los avances, aseguran que las claves se localizan en tres lugares de la ley: por una parte, los topes a los alquileres (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/sanchez-diaz-pactan-prorrogar-contratos-alquiler-80426969); por otra parte, la acotaci?n sem?ntica de los ‘grandes tenedores’ y qué exigir a estos para que no suban los precios aunque el mercado empuje a ello; y por ?ltimo, la delimitaci?n competencial entre administraciones general y administraciones auton?micas.
M?s informaci?n (Auto)
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La articulaci?n de medidas de contenci?n de las subidas de los alquileres en el reciente decreto-ley del Gobierno es vista como un aliciente para la negociaci?n. Adem?s, tal y como matiza una fuente, si el Gobierno ha pedido a la presidenta del Congreso que habilite sesiones de ponencia, comisi?n y pleno es porque lo ve m?s claro que oscuro.
El panorama sobre una ley esperada por numerosos ciudadanos se ha despejado, por tanto, aunque las fuentes reiteran que la prudencia tiene que seguir dominando los tiempos. M?s dudas persisten en la otra ley. La enmienda ‘antiokupa’ desagrada a Unidas Podemos y el PSOE, como ha hecho con la tramitaci?n del proyecto de bienestar animal, durante la que no ha cedido con su enmienda sobre los animales de caza (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/unidas-psoe-aplazan-tramitacion-ley-79909378), no tiene previsto retirarla, ni mucho menos. Una fuente da con la raz?n: la presi?n del PSC, ahora que se acerca el ciclo electoral municipal, es tremenda. En Catalu?a, la disputa entre los socialistas catalanes y los candidatos/as de ERC va a ser encarnizada.
191 firmas para derogar la ‘ley mordaza’
Otro proyecto que el PSOE desea impulsar en enero es el que deroga la llamada ‘ley mordaza’. Justo antes del par?n navide?o, la ponencia de la Comisi?n de Interior que lleva meses estudiando el texto se volvi? a reunir para constatar los avances, entre ellos la progresividad de las penas, de forma que la cuant?a de la sanci?n no sea la misma si el infractor es de clase social baja o de alto poder adquisitivo, y la regulaci?n de procesos de arbitraje. El uso de material antidisturbios por parte de los cuerpos policiales, cuya plasmaci?n se hab?a enmara?ado por c?mo perfilar el empleo de pelotas de goma, parece que se va acordando.
Esta es la tercera ley que el Gobierno quiere trabajar en enero. No ha pedido la habilitaci?n de los ?rganos parlamentarios directamente, sino que lo han hecho PSOE, Unidas Podemos y los dem?s grupos que sobrepasan la mayor?a absoluta de los miembros del Congreso. Lo que se solicita es la convocatoria de ponencias y comisiones, aunque no de sesiones plenarias, como se?ala el documento al que ha accedido este medio.
Y lo solicitan 191 diputados, ni m?s ni menos. Son los del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PDeCAT, BNG, M?s Pa?s, Comprom?s, Ciudadanos, PNV y EH Bildu. Este listado de partidos es un s?ntoma claro de que la negociaci?n va por muy buen camino y que casi seguro la derogaci?n de la ‘ley mordaza’, promesa emblem?tica del Gobierno y de sus aliados progresistas, ser? una realidad a primeros de 2023. Las prisas legislativas del Gobierno, antes de que llegue la estaci?n electoral, que todo lo impregna, no se detienen.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/gobierno-pide-batet-le-deje-80598534)
Esto no quiere decir que no haya. Puede haberla, pero depender? de una serie de requisitos. El reglamento del Congreso los enumera, en concreto el art?culo 61. As?, el segundo punto de dicho precepto indica que fuera de los per?odos ordinarios de sesiones (tanto del pleno como de las comisiones), “la C?mara s?lo podr? celebrar sesiones extraordinarios a petici?n del Gobierno, de la Diputaci?n Permanente o de la mayor?a absoluta (https://www.congreso.es/cem/t4c1) de los miembros del Congreso”. Puntualiza acto seguido que en la petici?n ha de figurar el orden del d?a que se plantea debatir.
El tercer punto del art?culo 61 entrega a la Presidencia del Congreso la potestad de convocar la sesi?n extraordinaria siempre que la soliciten los actores citados.
Pues lo que ha hecho el Gobierno, por un lado, y una mayor?a absoluta de diputados, por otro, es justamente lo que marca el art?culo 72 de la Constituci?n y el 61 del reglamento del Congreso.
As?, el Ejecutivo, a través de la Secretar?a de Estado de Relaciones con las Cortes, ha solicitado a Meritxell Batet que permita habilitar enero para trabajar la ley de vivienda (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/gobierno-aliados-dan-semana-decidir-79229331) y la ley para la eficiencia organizativa (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/enmienda-antiokupa-psoe-desata-nueva-79986988) del servicio p?blico de justicia. En ambos casos, plantea la reuni?n de “los ?rganos parlamentarios que sean necesarios para la tramitaci?n y aprobaci?n” de sendos proyectos legislativos, seg?n consta en los escritos a los que ha accedido EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/).
Ello incluye la convocatoria de las ponencias que creen las comisiones competentes, que son la de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, y la de Justicia, respectivamente. También las de las propias comisiones, con el fin de alumbrar los dict?menes, y las del pleno, con el objetivo de avalar definitivamente las normas y enviarlas al Senado.
En otras palabras: que el Gobierno quiere intentar la aprobaci?n de la ley de vivienda antes de que acabe enero. Y quiere también aprobar esa nueva regulaci?n sobre la eficiencia del servicio de Justicia, en cuya redacci?n aparece un asunto controvertido.
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El PSOE, en septiembre, anunci? que registrar?a una enmienda para cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, exactamente el procedimiento de desalojo de inmuebles “okupados”. En 48 horas estar?an fuera los “okupantes”, aunque con una serie de garant?as sociales si estas personas vivieran situaciones de exclusi?n o vulnerabilidad. Por esta raz?n, movilizaba a la Fiscal?a y a los servicios sociales correspondientes de la administraci?n auton?mica o del entramado municipal. La enmienda gust? al PP y a formaciones como al PDeCAT, que se sorprendieron, no obstante. No se la esperaban porque es sabido en el Congreso que la gesti?n de la ‘okupaci?n’ est? muy condicionada por Unidas Podemos. La formaci?n “morada”, como era de esperar, reaccion? airada poco después de conocer el anuncio socialista.
Tal y como inform? EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/), los de Pablo Echenique decidieron que si ese punto del PSOE entraba en la articulaci?n de la ley, seguramente se desmarcar?an del apoyo y casi con toda seguridad intentar?an entorpecer la ley de vivienda. Seg?n dijeron fuentes de la direcci?n parlamentaria, la enmienda ‘antiokupa’ de los socialistas afecta a una de las l?neas maestras de la confluencia. Unidas Podemos, para que se entienda, no puede permitirse una renuncia tan estridente.
Ahora bien, desde mediados de noviembre, cuando el Gobierno y sus aliados parlamentarios enfilaron la recta final de la negociaci?n de los presupuestos, las conversaciones sobre la empantanada ley de vivienda no han cesado. M?s de un a?o y medio lleva el proyecto arrinconado, atascado, paralizado.
Aunque las fuentes consultadas insisten en no desvelar qué aspectos han facilitado los avances, aseguran que las claves se localizan en tres lugares de la ley: por una parte, los topes a los alquileres (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/sanchez-diaz-pactan-prorrogar-contratos-alquiler-80426969); por otra parte, la acotaci?n sem?ntica de los ‘grandes tenedores’ y qué exigir a estos para que no suban los precios aunque el mercado empuje a ello; y por ?ltimo, la delimitaci?n competencial entre administraciones general y administraciones auton?micas.
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Otro proyecto que el PSOE desea impulsar en enero es el que deroga la llamada ‘ley mordaza’. Justo antes del par?n navide?o, la ponencia de la Comisi?n de Interior que lleva meses estudiando el texto se volvi? a reunir para constatar los avances, entre ellos la progresividad de las penas, de forma que la cuant?a de la sanci?n no sea la misma si el infractor es de clase social baja o de alto poder adquisitivo, y la regulaci?n de procesos de arbitraje. El uso de material antidisturbios por parte de los cuerpos policiales, cuya plasmaci?n se hab?a enmara?ado por c?mo perfilar el empleo de pelotas de goma, parece que se va acordando.
Esta es la tercera ley que el Gobierno quiere trabajar en enero. No ha pedido la habilitaci?n de los ?rganos parlamentarios directamente, sino que lo han hecho PSOE, Unidas Podemos y los dem?s grupos que sobrepasan la mayor?a absoluta de los miembros del Congreso. Lo que se solicita es la convocatoria de ponencias y comisiones, aunque no de sesiones plenarias, como se?ala el documento al que ha accedido este medio.
Y lo solicitan 191 diputados, ni m?s ni menos. Son los del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Junts, PDeCAT, BNG, M?s Pa?s, Comprom?s, Ciudadanos, PNV y EH Bildu. Este listado de partidos es un s?ntoma claro de que la negociaci?n va por muy buen camino y que casi seguro la derogaci?n de la ‘ley mordaza’, promesa emblem?tica del Gobierno y de sus aliados progresistas, ser? una realidad a primeros de 2023. Las prisas legislativas del Gobierno, antes de que llegue la estaci?n electoral, que todo lo impregna, no se detienen.
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