الريــم
12-12-2022, 06:12 PM
El Congreso est? a un paso de aprobar la nueva ley org?nica del sistema universitario, que incorporar? una novedad: los colegios mayores de régimen segregado, tanto los eminentemente masculinos como los s?lo femeninos, no podr?n integrarse en la red de las universidades p?blicas, y por tanto, beneficiarse de las exenciones fiscales que correspondan. Adem?s, seg?n consta en el informe que ha elaborado la ponencia de la Comisi?n de Ciencia y Universidades de la C?mara, el convenio que tengan en el momento de la entrada en vigor de la norma se mantendr?, s?, pero no podr? renovarse.
?sta es una de las principales modificaciones que ha hecho el Congreso a un proyecto legislativo que este martes tendr? forma de dictamen en la comisi?n parlamentaria. Eso significa que la siguiente fase ser? el debate y aprobaci?n en el pleno, y de ah? al Senado. Es una ley org?nica y necesita mayor?a absoluta para ser avalada. No corre peligro, apuntan fuentes parlamentarias conocedoras del proceso a EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/), del grupo Prensa Ibérica.
La enmienda a?adida al texto, registrada por M?s Pa?s, fue una de las respuestas del ?mbito pol?tico a la polémica generada a mediados de octubre en el colegio mayor El?as Ahuja, de Madrid, adscrito a la Universidad Complutense. Es un centro s?lo para chicos. Desde las ventanas del edificio, los residentes comenzaron a proferir insultos y ofensas a las mujeres. Hasta la Fiscal?a se movi? para actuar, aunque sin visos de lograr nada. Una v?a con m?s garant?a de éxito fue la parlamentaria, que es la que aprovech? ??igo Errej?n. Su partido se puso en contacto con el Ministerio de Universidades que dirige Joan Subirats. La enmienda es ya una parte m?s del texto.
Blindaje del docente
La norma es probable que se apruebe antes de final de a?o. Est? muy avanzada y la mayor?a que la respalda es s?lida.
Se trata de un proyecto que, como explic? el Gobierno en la exposici?n de motivos, supone la actualizaci?n y modernizaci?n de la regulaci?n universitaria espa?ola, muy cambiada en los ?ltimos 20 a?os. No solamente por “el incremento considerable” del n?mero de universidades, en especial las privadas, sino sobre todo por la transformaci?n de la oferta educativa y de las nuevas necesidades laborales.
El Ejecutivo parte de un escenario de recortes. “La crisis econ?mica iniciada a finales de la primera década del siglo XXI plante? desaf?os inéditos a todas las instituciones educativas, sometiendo, especialmente a las universidades p?blicas, a tensiones y limitaciones presupuestarias muy profundas cuyos efectos a?n persisten”, se?ala el Gobierno. Se ha duplicado el estudiantado en las universidades, ya m?s de mill?n y medio de chicos y chicas, y sin embargo, la financiaci?n p?blica se antoja “insuficiente”.
A todo esto cabe a?adir las bajas tasas de reposici?n, la precarizaci?n de parte del profesorado asociado, interino, sustituto o visitante y el envejecimiento de las plantillas universitarias. Encima, el contexto es de desigualdad creciente.
La ley quiere contribuir a una reversi?n de ese escenario, por lo que aboga por una modernizaci?n del modelo, y principalmente, por dotar de calidad y estabilidad al trabajo de los docentes.
As?, tal y como consta en una disposici?n, se ha incluido como novedad que “los contratos de profesores y profesoras asociados/as vigentes a la entrada en vigor de la ley” se renueven en las mismas condiciones y con la misma dedicaci?n hasta que “las plazas estén incluidas en un proceso de estabilizaci?n” laboral, el cual ha de llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2024. El plazo servir? también para las plazas de profesorado asociado con una dedicaci?n docente superior, y as?, las universidades p?blicas “podr?n articular procesos de estabilizaci?n” de tales plazas con una condici?n: que favorezcan el paso de “profesor asociado con t?tulo de doctor a profesor ayudante doctor”.
No ser?n los ?nicos procesos que habr?n de acometer. A través de la disposici?n transitoria quinta, sobre la “adaptaci?n de determinadas figuras vigentes de personal docente e investigador laboral”, el proyecto establece que se promover? la conversi?n de los profesores contratados como doctores interinos en categor?as permanentes, de acuerdo con lo que dicte la normativa con medidas urgentes para la reducci?n de la temporalidad en el empleo p?blico.
Asimismo, art?culo 77, “el personal docente e investigador laboral tendr? derecho a negociar sus condiciones retributivas con la universidad”, lo que se plasmar?n los convenios o acuerdos espec?ficos que firmen las partes. Podr?n “tomar parte en las convocatorias que las comunidades aut?nomas establezcan para fijar retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales”. Se trata de otra novedad pactada en la ponencia que diputados de todos los grupos han formado hasta finales de noviembre.
En la nueva normativa consta la apuesta por mejorar la calidad del empleo universitario. También por favorecer a colectivos que lo han tenido m?s complicado.
Por ejemplo, las personas que no posean de titulaci?n universitaria podr?n acceder a las ense?anzas universitarias de formaci?n permanente si acreditan experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente al de la formaci?n que quieren cursar.
Y por ejemplo, las ayudas y las becas. La ponencia ha pactado un mecanismo que haga compatibles las medidas de la administraci?n general al respecto y las de las comunidades aut?nomas. As?, los gobiernos territoriales “podr?n ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos”, y lo mismo podr?n hacer las universidades, estén donde estén, pero sobre la base de sus propias cuentas.
El Gobierno se encargar?, contin?a la enmienda a?adida, de regular unos m?nimos, tanto en modalidades como en cuant?as, como en condiciones econ?micas y académicas. Para asegurar que no haya invasiones competenciales, “se establecer?n los oportunos mecanismos de informaci?n, coordinaci?n y cooperaci?n” entre administraciones.
La investigaci?n
Un pilar del proyecto. Primero, tal y como figura en el informe de la ponencia, “las universidades velar?n por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, as? como de las directrices antifraude, que deben guiar la funci?n docente y la investigaci?n”.
A ra?z de este refuerzo, la ponencia de diputados ha revisado en profundidad las bases sobre las que sustentar la apuesta por la investigaci?n. La investigaci?n se bifurca en varios campos: entre los propios profesores, entre campos de conocimiento, entre universidades, mediante proyectos de captaci?n de talento, a través de planes nacionales e internacionales; e, importante, mediante la promoci?n de patentes y creaci?n de equipos de soporte técnico.
El art?culo 12, sobre “fomento de la ciencia abierta y ciencia ciudadana”, pone negro sobre blanco la protecci?n de las autor?as y de los trabajos. “El personal docente e investigador deber? depositar una copia de la versi?n final aceptada para publicaci?n y los datos asociados a la misma en repositorios institucionales o tem?ticos de acceso abierto, de forma simult?nea a la fecha de publicaci?n”, se?ala el informe.
Y todo compatible con “la posibilidad de tomar las medidas oportunas para proteger, con car?cter previo a la publicaci?n cient?fica, los derechos sobre los resultados de la actividad de investigaci?n, desarrollo e innovaci?n, de acuerdo con las normativas nacionales y europeas en materia de propiedad intelectual e industrial, obtenciones vegetales o secreto empresarial”.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/congreso-saca-red-universidades-publicas-79867998)
?sta es una de las principales modificaciones que ha hecho el Congreso a un proyecto legislativo que este martes tendr? forma de dictamen en la comisi?n parlamentaria. Eso significa que la siguiente fase ser? el debate y aprobaci?n en el pleno, y de ah? al Senado. Es una ley org?nica y necesita mayor?a absoluta para ser avalada. No corre peligro, apuntan fuentes parlamentarias conocedoras del proceso a EL PERI?DICO DE ESPA?A (https://www.epe.es/es/), del grupo Prensa Ibérica.
La enmienda a?adida al texto, registrada por M?s Pa?s, fue una de las respuestas del ?mbito pol?tico a la polémica generada a mediados de octubre en el colegio mayor El?as Ahuja, de Madrid, adscrito a la Universidad Complutense. Es un centro s?lo para chicos. Desde las ventanas del edificio, los residentes comenzaron a proferir insultos y ofensas a las mujeres. Hasta la Fiscal?a se movi? para actuar, aunque sin visos de lograr nada. Una v?a con m?s garant?a de éxito fue la parlamentaria, que es la que aprovech? ??igo Errej?n. Su partido se puso en contacto con el Ministerio de Universidades que dirige Joan Subirats. La enmienda es ya una parte m?s del texto.
Blindaje del docente
La norma es probable que se apruebe antes de final de a?o. Est? muy avanzada y la mayor?a que la respalda es s?lida.
Se trata de un proyecto que, como explic? el Gobierno en la exposici?n de motivos, supone la actualizaci?n y modernizaci?n de la regulaci?n universitaria espa?ola, muy cambiada en los ?ltimos 20 a?os. No solamente por “el incremento considerable” del n?mero de universidades, en especial las privadas, sino sobre todo por la transformaci?n de la oferta educativa y de las nuevas necesidades laborales.
El Ejecutivo parte de un escenario de recortes. “La crisis econ?mica iniciada a finales de la primera década del siglo XXI plante? desaf?os inéditos a todas las instituciones educativas, sometiendo, especialmente a las universidades p?blicas, a tensiones y limitaciones presupuestarias muy profundas cuyos efectos a?n persisten”, se?ala el Gobierno. Se ha duplicado el estudiantado en las universidades, ya m?s de mill?n y medio de chicos y chicas, y sin embargo, la financiaci?n p?blica se antoja “insuficiente”.
A todo esto cabe a?adir las bajas tasas de reposici?n, la precarizaci?n de parte del profesorado asociado, interino, sustituto o visitante y el envejecimiento de las plantillas universitarias. Encima, el contexto es de desigualdad creciente.
La ley quiere contribuir a una reversi?n de ese escenario, por lo que aboga por una modernizaci?n del modelo, y principalmente, por dotar de calidad y estabilidad al trabajo de los docentes.
As?, tal y como consta en una disposici?n, se ha incluido como novedad que “los contratos de profesores y profesoras asociados/as vigentes a la entrada en vigor de la ley” se renueven en las mismas condiciones y con la misma dedicaci?n hasta que “las plazas estén incluidas en un proceso de estabilizaci?n” laboral, el cual ha de llevarse a cabo antes del 31 de diciembre de 2024. El plazo servir? también para las plazas de profesorado asociado con una dedicaci?n docente superior, y as?, las universidades p?blicas “podr?n articular procesos de estabilizaci?n” de tales plazas con una condici?n: que favorezcan el paso de “profesor asociado con t?tulo de doctor a profesor ayudante doctor”.
No ser?n los ?nicos procesos que habr?n de acometer. A través de la disposici?n transitoria quinta, sobre la “adaptaci?n de determinadas figuras vigentes de personal docente e investigador laboral”, el proyecto establece que se promover? la conversi?n de los profesores contratados como doctores interinos en categor?as permanentes, de acuerdo con lo que dicte la normativa con medidas urgentes para la reducci?n de la temporalidad en el empleo p?blico.
Asimismo, art?culo 77, “el personal docente e investigador laboral tendr? derecho a negociar sus condiciones retributivas con la universidad”, lo que se plasmar?n los convenios o acuerdos espec?ficos que firmen las partes. Podr?n “tomar parte en las convocatorias que las comunidades aut?nomas establezcan para fijar retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales”. Se trata de otra novedad pactada en la ponencia que diputados de todos los grupos han formado hasta finales de noviembre.
En la nueva normativa consta la apuesta por mejorar la calidad del empleo universitario. También por favorecer a colectivos que lo han tenido m?s complicado.
Por ejemplo, las personas que no posean de titulaci?n universitaria podr?n acceder a las ense?anzas universitarias de formaci?n permanente si acreditan experiencia laboral o profesional con nivel competencial equivalente al de la formaci?n que quieren cursar.
Y por ejemplo, las ayudas y las becas. La ponencia ha pactado un mecanismo que haga compatibles las medidas de la administraci?n general al respecto y las de las comunidades aut?nomas. As?, los gobiernos territoriales “podr?n ofertar y regular un sistema propio de becas y ayudas al estudio con cargo a sus presupuestos”, y lo mismo podr?n hacer las universidades, estén donde estén, pero sobre la base de sus propias cuentas.
El Gobierno se encargar?, contin?a la enmienda a?adida, de regular unos m?nimos, tanto en modalidades como en cuant?as, como en condiciones econ?micas y académicas. Para asegurar que no haya invasiones competenciales, “se establecer?n los oportunos mecanismos de informaci?n, coordinaci?n y cooperaci?n” entre administraciones.
La investigaci?n
Un pilar del proyecto. Primero, tal y como figura en el informe de la ponencia, “las universidades velar?n por el cumplimiento de los principios éticos y de integridad académica, as? como de las directrices antifraude, que deben guiar la funci?n docente y la investigaci?n”.
A ra?z de este refuerzo, la ponencia de diputados ha revisado en profundidad las bases sobre las que sustentar la apuesta por la investigaci?n. La investigaci?n se bifurca en varios campos: entre los propios profesores, entre campos de conocimiento, entre universidades, mediante proyectos de captaci?n de talento, a través de planes nacionales e internacionales; e, importante, mediante la promoci?n de patentes y creaci?n de equipos de soporte técnico.
El art?culo 12, sobre “fomento de la ciencia abierta y ciencia ciudadana”, pone negro sobre blanco la protecci?n de las autor?as y de los trabajos. “El personal docente e investigador deber? depositar una copia de la versi?n final aceptada para publicaci?n y los datos asociados a la misma en repositorios institucionales o tem?ticos de acceso abierto, de forma simult?nea a la fecha de publicaci?n”, se?ala el informe.
Y todo compatible con “la posibilidad de tomar las medidas oportunas para proteger, con car?cter previo a la publicaci?n cient?fica, los derechos sobre los resultados de la actividad de investigaci?n, desarrollo e innovaci?n, de acuerdo con las normativas nacionales y europeas en materia de propiedad intelectual e industrial, obtenciones vegetales o secreto empresarial”.
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