الريــم
12-10-2022, 11:30 AM
La reforma instada por el Gobierno para acelerar la renovaci?n del Tribunal Constitucional (TC) (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/psoe-prepara-serie-enmiendas-cambio-79722136) presenta dudas de constitucionalidad referidas tanto a la técnica legislativa empleada -mediante la presentaci?n de enmiendas a una reforma penal en tr?mite en el Congreso-, como a la supresi?n de la verificaci?n por parte del propio ?rgano de garant?as de la idoneidad de los magistrados designados para formar parte del mismo, seg?n manifiestan diferentes expertos consultados por El Peri?dico de Espa?a, (https://www.epe.es/es/) del grupo Prensa Ibérica.
El propio Partido Popular manifest? este viernes, tras conocer los términos de las reformas planteadas, que analizar?n las propuestas (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/pp-suma-vox-recurrira-constitucional-79737621) para decidir qué recursos de inconstitucionalidad presentan, a diferencia de Vox que ya ha anunciado que acudir? (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/vox-recurrira-reforma-psoe-desbloquear-79735997) seguro al Tribunal Constitucional.
Las modificaciones se realizan v?a enmiendas a una Proposici?n de Ley Org?nica denominada "transposici?n de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptaci?n de la legislaci?n penal al ordenamiento de la Uni?n Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, des?rdenes p?blicos y contrabando de armas de doble uso", que afecta al C?digo Penal -para modificar los delitos de sedici?n y malversaci?n-, pero también a la Ley Org?nica del Poder Judicial (LOPJ) y a la que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/progresistas-constitucional-cgpj-celebran-plan-gobierno-boicot-pp-79739781) (LOTC).
El objetivo de los cambios es modificar el sistema de mayor?as necesario para que el Consejo General del Poder Judicial (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/feijoo-reforma-sanchez-desbloquear-cgpj-79775585) (CGPJ) pueda designar a los dos magistrados del TC que le corresponden, algo pendiente desde el pasado mes de junio y que lograr? un tribunal de sensibilidad progresista para toda una década. As?, se propone pasar de la mayor?a de tres quintos actual a una mayor?a simple, adem?s de advertir de la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales por parte de los vocales que torpedeen las negociaciones.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Una segunda enmienda va dirigida a permitir que los magistrados que ha designado dentro de su turno el Gobierno tomen posesi?n sin tener que esperar al Consejo. El camino para ello pasa por suprimir dos puntos de la LOTC que otorgaban al propio Tribunal Constitucional la tarea de verificar que las personas designadas para entrar en dicho ?rgano re?nen los requisitos legales para ello.
Sin problema para el cambio de mayor?a
El primero de los puntos, relativos al cambio de mayor?as, es una reforma que a priori no encuentra tacha de constitucionalidad entre los expertos consultados, pues es un cambio de sistema que puede llevarse a cabo sin problema alguno por el legislador. Los expertos coinciden, en todo caso, en recordar que Comisi?n de Venecia (?rgano consultivo del Consejo de Europa) ha insistido en la importancia de que en este tipo de nombramientos, cuando son parlamentarios -pero la l?gica es extrapolable al CGPJ- se hagan por mayor?as cualificadas.
Cuesti?n diferente es el tema relativo a la técnica de enmiendas empleada, que si bien no es algo prohibido por el TC, s? que se cuestiona en diversas resoluciones del propio tribunal Constitucional, que alertan contra modificaciones legales que se alejan del contenido del texto principal.
As? se se?ala en varias resoluciones dictadas por el Tribunal desde 2011, en las que se establece que en el ejercicio del derecho de enmienda debe respetarse una "conexi?n material m?nima". Dicho juicio de "congruencia material con el texto enmendado" fue mencionada, por ejemplo, en la sentencia dictada en 2020 con ocasi?n del recurso contra la denominada 'ley mordaza'.
Populares contra el plan Ibarretxe
La sentencia que mejor trata este asunto es de julio de 2011 cuando se dio la raz?n al senador socialista Juan José Laborda y a otros 61 miembros de la C?mara Alta respecto de unos acuerdos de la Mesa del Senado de 2003 por los que se admitieron varias enmiendas del PP a la Ley de Arbitraje. En dicha ocasi?n, los populares utilizaron esta técnica para introducir como delito la convocatoria de referéndums, para frenar el llamado plan Ibarretxe.
El TC declar? al respecto que se hab?a producido una vulneraci?n del derecho al ejercicio del cargo parlamentario, pues se admitieron como enmiendas de unos textos que no guardaban relaci?n material alguna con la iniciativa legislativa a enmendar.
En cuanto al pl?cet que habitualmente debe dar el Pleno del TC a los magistrados que son designados para formar parte de este ?rgano, los socialistas prevén sustituir esta verificaci?n, para superar el bloqueo actualmente existente tras la elecci?n de Juan Carlos Campo y Laura D?ez.
As?, proponen establecer que "los ?rganos proponentes" previstos en el art?culo 159.1 de la Constituci?n tengan "la obligaci?n constitucional y legal de comprobar que los magistrados o magistradas designados cumplen los requisitos exigidos en el art?culo 159.2 de la Constituci?n". Si quien fuere nombrado conociera que no cumple alguno de estos requisitos, "deber? ponerlo de manifiesto antes de la toma de posesi?n”, a?ade la enmienda.
Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia Germ?n Teruel, la eliminaci?n de la verificaci?n por parte del TC de la legalidad de los nombramientos es "muy peligrosa", ya que deja esa decisi?n pr?cticamente sin posibilidad de control jurisdiccional. En los que deben realizar el Gobierno y el CGPJ es cierto que a?n cabe un control por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pero con una muy reducida legitimaci?n de quienes podr?an recurrir el acto.
A?ade que adem?s, parece absurdo decir que el propio ?rgano que nombra cumplir? con su obligaci?n y "rechina jur?dicamente" contemplarlo como una causa de incompatibilidad. "Cuando se incluy? este control en la LOTC siguiendo el ejemplo italiano, creo que se acert?. Que el propio TC revise los nombramientos es la mejor manera de salvaguardar que se haya cumplido con los requisitos previstos en el 159.2 CE.", a?ade.
El profesor de la Universidad de La Laguna (Tenerife), Gerardo Pérez S?nchez, coincide con este diagn?stico. A su juicio, "en un Estado de Derecho, la actuaci?n de los poderes p?blicos, entre ellos el Gobierno, debe estar controlada". Por ello considera dudoso que pueda simplemente eliminarse ese control. Con relaci?n a lo dem?s, considera que se trata del enésimo cap?tulo de una serie de desprop?sitos que vienen de lejos.
Otros expertos de derecho constitucional consultados por este diario son prudentes a la hora de valorar la reforma, ya que debe estarse a la propuesta concreta y c?mo quede tras su tramitaci?n parlamentaria, si bien califican de "bochorno impropio de un estado constitucionalista serio" que deba llegarse a estos extremos para cumplir con las renovaciones que marca la propia Constituci?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/expertos-cuestionan-tecnica-reforma-empleada-79787716)
El propio Partido Popular manifest? este viernes, tras conocer los términos de las reformas planteadas, que analizar?n las propuestas (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/pp-suma-vox-recurrira-constitucional-79737621) para decidir qué recursos de inconstitucionalidad presentan, a diferencia de Vox que ya ha anunciado que acudir? (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/vox-recurrira-reforma-psoe-desbloquear-79735997) seguro al Tribunal Constitucional.
Las modificaciones se realizan v?a enmiendas a una Proposici?n de Ley Org?nica denominada "transposici?n de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptaci?n de la legislaci?n penal al ordenamiento de la Uni?n Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, des?rdenes p?blicos y contrabando de armas de doble uso", que afecta al C?digo Penal -para modificar los delitos de sedici?n y malversaci?n-, pero también a la Ley Org?nica del Poder Judicial (LOPJ) y a la que regula el funcionamiento del Tribunal Constitucional (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/progresistas-constitucional-cgpj-celebran-plan-gobierno-boicot-pp-79739781) (LOTC).
El objetivo de los cambios es modificar el sistema de mayor?as necesario para que el Consejo General del Poder Judicial (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/feijoo-reforma-sanchez-desbloquear-cgpj-79775585) (CGPJ) pueda designar a los dos magistrados del TC que le corresponden, algo pendiente desde el pasado mes de junio y que lograr? un tribunal de sensibilidad progresista para toda una década. As?, se propone pasar de la mayor?a de tres quintos actual a una mayor?a simple, adem?s de advertir de la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales por parte de los vocales que torpedeen las negociaciones.
M?s informaci?n (Auto)
http://placehold.it/175x100 T?tulo noticia (Auto)
Una segunda enmienda va dirigida a permitir que los magistrados que ha designado dentro de su turno el Gobierno tomen posesi?n sin tener que esperar al Consejo. El camino para ello pasa por suprimir dos puntos de la LOTC que otorgaban al propio Tribunal Constitucional la tarea de verificar que las personas designadas para entrar en dicho ?rgano re?nen los requisitos legales para ello.
Sin problema para el cambio de mayor?a
El primero de los puntos, relativos al cambio de mayor?as, es una reforma que a priori no encuentra tacha de constitucionalidad entre los expertos consultados, pues es un cambio de sistema que puede llevarse a cabo sin problema alguno por el legislador. Los expertos coinciden, en todo caso, en recordar que Comisi?n de Venecia (?rgano consultivo del Consejo de Europa) ha insistido en la importancia de que en este tipo de nombramientos, cuando son parlamentarios -pero la l?gica es extrapolable al CGPJ- se hagan por mayor?as cualificadas.
Cuesti?n diferente es el tema relativo a la técnica de enmiendas empleada, que si bien no es algo prohibido por el TC, s? que se cuestiona en diversas resoluciones del propio tribunal Constitucional, que alertan contra modificaciones legales que se alejan del contenido del texto principal.
As? se se?ala en varias resoluciones dictadas por el Tribunal desde 2011, en las que se establece que en el ejercicio del derecho de enmienda debe respetarse una "conexi?n material m?nima". Dicho juicio de "congruencia material con el texto enmendado" fue mencionada, por ejemplo, en la sentencia dictada en 2020 con ocasi?n del recurso contra la denominada 'ley mordaza'.
Populares contra el plan Ibarretxe
La sentencia que mejor trata este asunto es de julio de 2011 cuando se dio la raz?n al senador socialista Juan José Laborda y a otros 61 miembros de la C?mara Alta respecto de unos acuerdos de la Mesa del Senado de 2003 por los que se admitieron varias enmiendas del PP a la Ley de Arbitraje. En dicha ocasi?n, los populares utilizaron esta técnica para introducir como delito la convocatoria de referéndums, para frenar el llamado plan Ibarretxe.
El TC declar? al respecto que se hab?a producido una vulneraci?n del derecho al ejercicio del cargo parlamentario, pues se admitieron como enmiendas de unos textos que no guardaban relaci?n material alguna con la iniciativa legislativa a enmendar.
En cuanto al pl?cet que habitualmente debe dar el Pleno del TC a los magistrados que son designados para formar parte de este ?rgano, los socialistas prevén sustituir esta verificaci?n, para superar el bloqueo actualmente existente tras la elecci?n de Juan Carlos Campo y Laura D?ez.
As?, proponen establecer que "los ?rganos proponentes" previstos en el art?culo 159.1 de la Constituci?n tengan "la obligaci?n constitucional y legal de comprobar que los magistrados o magistradas designados cumplen los requisitos exigidos en el art?culo 159.2 de la Constituci?n". Si quien fuere nombrado conociera que no cumple alguno de estos requisitos, "deber? ponerlo de manifiesto antes de la toma de posesi?n”, a?ade la enmienda.
Para el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia Germ?n Teruel, la eliminaci?n de la verificaci?n por parte del TC de la legalidad de los nombramientos es "muy peligrosa", ya que deja esa decisi?n pr?cticamente sin posibilidad de control jurisdiccional. En los que deben realizar el Gobierno y el CGPJ es cierto que a?n cabe un control por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pero con una muy reducida legitimaci?n de quienes podr?an recurrir el acto.
A?ade que adem?s, parece absurdo decir que el propio ?rgano que nombra cumplir? con su obligaci?n y "rechina jur?dicamente" contemplarlo como una causa de incompatibilidad. "Cuando se incluy? este control en la LOTC siguiendo el ejemplo italiano, creo que se acert?. Que el propio TC revise los nombramientos es la mejor manera de salvaguardar que se haya cumplido con los requisitos previstos en el 159.2 CE.", a?ade.
El profesor de la Universidad de La Laguna (Tenerife), Gerardo Pérez S?nchez, coincide con este diagn?stico. A su juicio, "en un Estado de Derecho, la actuaci?n de los poderes p?blicos, entre ellos el Gobierno, debe estar controlada". Por ello considera dudoso que pueda simplemente eliminarse ese control. Con relaci?n a lo dem?s, considera que se trata del enésimo cap?tulo de una serie de desprop?sitos que vienen de lejos.
Otros expertos de derecho constitucional consultados por este diario son prudentes a la hora de valorar la reforma, ya que debe estarse a la propuesta concreta y c?mo quede tras su tramitaci?n parlamentaria, si bien califican de "bochorno impropio de un estado constitucionalista serio" que deba llegarse a estos extremos para cumplir con las renovaciones que marca la propia Constituci?n.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/expertos-cuestionan-tecnica-reforma-empleada-79787716)