الريــم
12-10-2022, 12:30 AM
El viernes en el que el PSOE y Unidas Podemos presentaron la proposici?n de ley para reformar el C?digo Penal y acabar con el delito de la sedici?n hubo una expectaci?n razonable en el Congreso. Por regla general, los viernes en la C?mara son d?as tranquilos, pero ese d?a se mont? un revuelo considerable. Sucedi? hace un mes.
Este viernes pasado en el que el PSOE y Unidas Podemos han presentado las enmiendas conjuntas a la proposici?n de ley se ha montado un revuelo tan intenso o m?s. Ha sido porque las propuestas, de aprobarse, y todo apunta a que as? ser?, ampl?an el radio de reforma del C?digo Penal.
En un principio se iba a limitar a tocar los delitos contra la integridad moral, los des?rdenes p?blicos (la sedici?n) y el contrabando de armas de doble uso. Un mes después, se sabe que tocar?, adem?s, la ley del poder judicial y la del Tribunal Constitucional; que crear? un nuevo tipo de enriquecimiento il?cito; que castigar? los incumplimientos de la legislaci?n laboral; que ajustar? los des?rdenes p?blicos; que cambiar? la malversaci?n y que aumentar? el cupo de d?as inh?biles a efectos procesales.
Puede que haya m?s cambios porque la semana que viene comenzar? a trabajar la Comisi?n de Justicia del Congreso. La idea es crear la ponencia el lunes, aprobar el dictamen el martes y quiz? llevar la propuesta al pleno el jueves. Ser? un tr?mite exprés, un proceso a toda velocidad a pesar de la envergadura de lo que aborda. Pero, aun siendo corto, muy corto, los grupos dispondr?n de margen para incorporar novedosas modificaciones.
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Como ha asegurado el portavoz socialista, Patxi L?pez, “abrir el C?digo Penal no se hace todos los d?as” y el Gobierno ha querido “aprovechar” la ocasi?n. La controversia radica en el “c?mo”. Ya fue discutible, aunque completamente legal y hasta tradicional, que planteara la revisi?n del C?digo Penal mediante una proposici?n de ley, capaz de generar tr?mites muy breves. Y ha sido discutible que, por ejemplo, abandere un nuevo frente contra la corrupci?n al crear, v?a enmienda, un delito de “enriquecimiento il?cito”.
La malversaci?n
L?pez también ha asegurado este viernes que su grupo no conoc?a las enmiendas de ERC cuando ERC se las cont? a los periodistas. Desde hace semanas se sabe que el Gobierno y la formaci?n independentista estaban hablando de c?mo acabar con la sedici?n y c?mo cambiar la malversaci?n sin que pareciera que se estaba siendo m?s laxo en la lucha contra la corrupci?n. El presidente, Pedro S?nchez, se ha metido en terreno pantanoso.
A la espera de ver qué acuerdan Gobierno y ERC sobre la malversaci?n, delito que el Tribunal Supremo imput? a Oriol Junqueras y a otros dirigentes independentistas en el juicio del ‘procés’ y que pesa sobre cargos intermedios todav?a no juzgados, el PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda que consagra un nuevo delito, el de “enriquecimiento il?cito”.
Patxi L?pez estaba euf?rico con la figura porque, sobre esta base, se refuerza la lucha contra la corrupci?n. Debido a la inclusi?n de este delito en el C?digo Penal, los cargos p?blicos deber?n explicitar al final de su mandato si su patrimonio ha experimentado un aumento considerable y por qué. Aumento considerable ser? aqu? una subida de 250.000 euros sobre los ingresos habituales.
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Es cierto que esto no pasa. El caso de la alcaldesa de Marbella, del PP, como ha recordado Pablo Echenique, denota lagunas en la prevenci?n de esc?ndalos de corrupci?n, si es que el de la regidora se sanciona as?. Para evitarlos, el PSOE y Unidas Podemos han acordado que no explicitar estos aumentos patrimoniales hasta cinco a?os después de abandonar el puesto suponga penas de prisi?n de entre seis meses y tres a?os, inhabilitaci?n por entre dos y siete a?os y cuant?as de multas hasta tres veces por encima del monto del enriquecimiento.
El portavoz socialista ha querido centrarse tanto en la novedad que ha evitado hablar de la malversaci?n y de lo que ERC est? proponiendo. La semana que viene se ver?, ha dicho. Echenique ha reconocido que no estaba muy al tanto del planteamiento de Esquerra y que los equipos jur?dicos del grupo deber?n analizarlo. Sin embargo, ha destacado que “la l?nea roja” es que no se beneficie de la reforma ning?n condenado o imputado por corrupci?n.
ERC ha registrado dos enmiendas que cambian el art?culo 432 del C?digo Penal, dedicado a la malversaci?n. En ambas pone el acento en el ?nimo de lucro. “La autoridad o funcionario p?blico que, con ?nimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ?nimo, se apropie del patrimonio p?blico que tenga a su cargo”, indica la formaci?n en la enmienda.
La idea es volver al C?digo Penal anterior a la reforma que obr? el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, y por tanto, acabar con el concepto de “administraci?n desleal”. Ahora bien, no baja las horquillas de las penas, ni tampoco los umbrales de las cuant?as defraudadas.
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No obstante, incorpora un matiz sustancial. A través de un nuevo art?culo, el 432 bis, establece que si ese funcionario incurre en la malversaci?n, pero sin intenci?n de quedarse con el dinero, se le aplicar? una pena m?s baja, de seis meses a tres a?os de prisi?n y suspensi?n de empleo o cargo p?blico de uno a cuatro a?os. Aqu? est? la principal novedad de Esquerra y la clave de b?veda pol?tica de esta reforma exprés del C?digo Penal.
Las propuestas del PSOE y UP
Apenas una decena de enmiendas conjuntas han desvelado este viernes los grupos socialista y de Unidas Podemos. El bloque m?s destacado, por novedad y por alcance, es el que concierne a los delitos por des?rdenes p?blicos.
Ambos grupos tocan el art?culo 557 bis en profundidad. Proponen suprimir una serie de motivos que incid?an en el car?cter violento de una concentraci?n o protesta, por los que podr?a generarse un castigo de entre uno y seis a?os de c?rcel: uso de armas, de l?quidos inflamables, de explosivos, de manifestaciones numerosas, de actos de pillaje, de ocultaci?n del rostro…
En su lugar, PSOE y Unidas Podemos se limitan a la invasi?n u ocupaci?n de domicilio, despacho, oficina, establecimiento o local, siempre en contra de la voluntad del titular, y a la “perturbaci?n relevante de la paz p?blica y de su actividad normal” que ello ocasione. Las penas ser?n de tres a seis meses de prisi?n y multas de seis a doce meses, aunque con una puntualizaci?n: “salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena m?s grave en otro precepto de este C?digo”. Unidas Podemos se ha dado por satisfecho.
También ha habido entendimiento en aprovechar la reforma del C?digo Penal para a?adir disposiciones finales que nada tienen que ver con el C?digo Penal, pero que sirven, por rango legislativo, para modificar otras normas. No han sido dos menores ni de escasa relevancia pol?tica. El Gobierno se ha propuesto cambiar puntualmente las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional.
Con los cambios en la primera de esas dos leyes, PSOE y Unidas Podemos quieren desbloquear los nombramientos que haya de efectuar el Consejo General, el ?rgano de gobierno de los jueces. Mediante enmienda, habilitan un procedimiento alternativo, que consta de una votaci?n. Bastar? con que salgan los dos candidatos con m?s votos para que pasen a ser magistrados del Constitucional. Si los vocales del CGPJ, adem?s, persistieran en bloqueos, incurrir?n en “las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jur?dico, incluidas las penales”. No se precisa cu?les. Adem?s, se rebaja a absoluta, no cualificada, el nivel de mayor?a exigida.
Y con los cambios en la segunda de esas leyes, la del TC, PSOE y Unidas Podemos ponen fin al proceso de verificaci?n de los candidatos, aunque no de los criterios objetivos.
Moci?n de censura contra S?nchez
Abierto el mel?n de la reforma del C?digo Penal, los grupos que sustentan al Gobierno han visto que era el momento para cambiar el art?culo 311, de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Las penas de prisi?n se seis meses a seis a?os y las multas de seis a doce meses se mantienen para quienes, “mediante enga?o o abuso de situaci?n de necesidad”, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos reconocidos.
Ahora bien, los castigos se aplicar?n también a quienes “impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante contrataci?n bajo f?rmulas ajenas al contrato de trabajo o las mantengan en contra de requerimiento o sanci?n administrativa”. Es decir, que si una empresa insiste en la infracci?n, se expondr? a un castigo m?s severo. Las nuevas formas de contrataci?n surgidas de la econom?a digital est?n en el punto de mira de esta modificaci?n.
Aunque novedades como el enriquecimiento il?cito o esta reciente encaminada a proteger los derechos de los trabajadores de nuevas plataformas empresariales, a PSOE y Unidas Podemos no les basta con el apoyo de ERC. El C?digo Penal es una ley org?nica y cambiarla exige un cupo de votos a favor superior a los 176, la mayor?a absoluta. PNV y EH Bildu han optado por esconder su posici?n, lo que les dar? fuerza cara al inminente tr?mite. El PDeCAT ha registrado enmiendas en l?nea con lo que promueve ERC. No son iguales, s? parecidas. PSOE y Unidas Podemos a?n tienen mucho que negociar.
Los que en absoluto negociar?n son PP, Vox y Cs. Los populares recurrir?n al Tribunal Constitucional; los de Inés Arrimadas han alentado una moci?n de censura contra Pedro S?nchez, igual que Santiago Abascal. Salvo que en el bloque de la investidura del presidente, salvo que en ese bloque progresista que ha alumbrado leyes como la de memoria democr?tica o tres proyectos presupuestarios consecutivos, varios grupos se escabullan, la moci?n carece por completo de viabilidad. La ?ltima, de Vox, hace dos a?os, derrotada con holgura, sirvi? a S?nchez para estimular a los partidos de izquierda en su favor.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/gobierno-remueve-codigo-penal-disimular-79778449)
Este viernes pasado en el que el PSOE y Unidas Podemos han presentado las enmiendas conjuntas a la proposici?n de ley se ha montado un revuelo tan intenso o m?s. Ha sido porque las propuestas, de aprobarse, y todo apunta a que as? ser?, ampl?an el radio de reforma del C?digo Penal.
En un principio se iba a limitar a tocar los delitos contra la integridad moral, los des?rdenes p?blicos (la sedici?n) y el contrabando de armas de doble uso. Un mes después, se sabe que tocar?, adem?s, la ley del poder judicial y la del Tribunal Constitucional; que crear? un nuevo tipo de enriquecimiento il?cito; que castigar? los incumplimientos de la legislaci?n laboral; que ajustar? los des?rdenes p?blicos; que cambiar? la malversaci?n y que aumentar? el cupo de d?as inh?biles a efectos procesales.
Puede que haya m?s cambios porque la semana que viene comenzar? a trabajar la Comisi?n de Justicia del Congreso. La idea es crear la ponencia el lunes, aprobar el dictamen el martes y quiz? llevar la propuesta al pleno el jueves. Ser? un tr?mite exprés, un proceso a toda velocidad a pesar de la envergadura de lo que aborda. Pero, aun siendo corto, muy corto, los grupos dispondr?n de margen para incorporar novedosas modificaciones.
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Como ha asegurado el portavoz socialista, Patxi L?pez, “abrir el C?digo Penal no se hace todos los d?as” y el Gobierno ha querido “aprovechar” la ocasi?n. La controversia radica en el “c?mo”. Ya fue discutible, aunque completamente legal y hasta tradicional, que planteara la revisi?n del C?digo Penal mediante una proposici?n de ley, capaz de generar tr?mites muy breves. Y ha sido discutible que, por ejemplo, abandere un nuevo frente contra la corrupci?n al crear, v?a enmienda, un delito de “enriquecimiento il?cito”.
La malversaci?n
L?pez también ha asegurado este viernes que su grupo no conoc?a las enmiendas de ERC cuando ERC se las cont? a los periodistas. Desde hace semanas se sabe que el Gobierno y la formaci?n independentista estaban hablando de c?mo acabar con la sedici?n y c?mo cambiar la malversaci?n sin que pareciera que se estaba siendo m?s laxo en la lucha contra la corrupci?n. El presidente, Pedro S?nchez, se ha metido en terreno pantanoso.
A la espera de ver qué acuerdan Gobierno y ERC sobre la malversaci?n, delito que el Tribunal Supremo imput? a Oriol Junqueras y a otros dirigentes independentistas en el juicio del ‘procés’ y que pesa sobre cargos intermedios todav?a no juzgados, el PSOE y Unidas Podemos han pactado una enmienda que consagra un nuevo delito, el de “enriquecimiento il?cito”.
Patxi L?pez estaba euf?rico con la figura porque, sobre esta base, se refuerza la lucha contra la corrupci?n. Debido a la inclusi?n de este delito en el C?digo Penal, los cargos p?blicos deber?n explicitar al final de su mandato si su patrimonio ha experimentado un aumento considerable y por qué. Aumento considerable ser? aqu? una subida de 250.000 euros sobre los ingresos habituales.
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Es cierto que esto no pasa. El caso de la alcaldesa de Marbella, del PP, como ha recordado Pablo Echenique, denota lagunas en la prevenci?n de esc?ndalos de corrupci?n, si es que el de la regidora se sanciona as?. Para evitarlos, el PSOE y Unidas Podemos han acordado que no explicitar estos aumentos patrimoniales hasta cinco a?os después de abandonar el puesto suponga penas de prisi?n de entre seis meses y tres a?os, inhabilitaci?n por entre dos y siete a?os y cuant?as de multas hasta tres veces por encima del monto del enriquecimiento.
El portavoz socialista ha querido centrarse tanto en la novedad que ha evitado hablar de la malversaci?n y de lo que ERC est? proponiendo. La semana que viene se ver?, ha dicho. Echenique ha reconocido que no estaba muy al tanto del planteamiento de Esquerra y que los equipos jur?dicos del grupo deber?n analizarlo. Sin embargo, ha destacado que “la l?nea roja” es que no se beneficie de la reforma ning?n condenado o imputado por corrupci?n.
ERC ha registrado dos enmiendas que cambian el art?culo 432 del C?digo Penal, dedicado a la malversaci?n. En ambas pone el acento en el ?nimo de lucro. “La autoridad o funcionario p?blico que, con ?nimo de lucro, se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ?nimo, se apropie del patrimonio p?blico que tenga a su cargo”, indica la formaci?n en la enmienda.
La idea es volver al C?digo Penal anterior a la reforma que obr? el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015, y por tanto, acabar con el concepto de “administraci?n desleal”. Ahora bien, no baja las horquillas de las penas, ni tampoco los umbrales de las cuant?as defraudadas.
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No obstante, incorpora un matiz sustancial. A través de un nuevo art?culo, el 432 bis, establece que si ese funcionario incurre en la malversaci?n, pero sin intenci?n de quedarse con el dinero, se le aplicar? una pena m?s baja, de seis meses a tres a?os de prisi?n y suspensi?n de empleo o cargo p?blico de uno a cuatro a?os. Aqu? est? la principal novedad de Esquerra y la clave de b?veda pol?tica de esta reforma exprés del C?digo Penal.
Las propuestas del PSOE y UP
Apenas una decena de enmiendas conjuntas han desvelado este viernes los grupos socialista y de Unidas Podemos. El bloque m?s destacado, por novedad y por alcance, es el que concierne a los delitos por des?rdenes p?blicos.
Ambos grupos tocan el art?culo 557 bis en profundidad. Proponen suprimir una serie de motivos que incid?an en el car?cter violento de una concentraci?n o protesta, por los que podr?a generarse un castigo de entre uno y seis a?os de c?rcel: uso de armas, de l?quidos inflamables, de explosivos, de manifestaciones numerosas, de actos de pillaje, de ocultaci?n del rostro…
En su lugar, PSOE y Unidas Podemos se limitan a la invasi?n u ocupaci?n de domicilio, despacho, oficina, establecimiento o local, siempre en contra de la voluntad del titular, y a la “perturbaci?n relevante de la paz p?blica y de su actividad normal” que ello ocasione. Las penas ser?n de tres a seis meses de prisi?n y multas de seis a doce meses, aunque con una puntualizaci?n: “salvo que los hechos ya estuvieran castigados con una pena m?s grave en otro precepto de este C?digo”. Unidas Podemos se ha dado por satisfecho.
También ha habido entendimiento en aprovechar la reforma del C?digo Penal para a?adir disposiciones finales que nada tienen que ver con el C?digo Penal, pero que sirven, por rango legislativo, para modificar otras normas. No han sido dos menores ni de escasa relevancia pol?tica. El Gobierno se ha propuesto cambiar puntualmente las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional.
Con los cambios en la primera de esas dos leyes, PSOE y Unidas Podemos quieren desbloquear los nombramientos que haya de efectuar el Consejo General, el ?rgano de gobierno de los jueces. Mediante enmienda, habilitan un procedimiento alternativo, que consta de una votaci?n. Bastar? con que salgan los dos candidatos con m?s votos para que pasen a ser magistrados del Constitucional. Si los vocales del CGPJ, adem?s, persistieran en bloqueos, incurrir?n en “las responsabilidades de todo orden que se deriven del ordenamiento jur?dico, incluidas las penales”. No se precisa cu?les. Adem?s, se rebaja a absoluta, no cualificada, el nivel de mayor?a exigida.
Y con los cambios en la segunda de esas leyes, la del TC, PSOE y Unidas Podemos ponen fin al proceso de verificaci?n de los candidatos, aunque no de los criterios objetivos.
Moci?n de censura contra S?nchez
Abierto el mel?n de la reforma del C?digo Penal, los grupos que sustentan al Gobierno han visto que era el momento para cambiar el art?culo 311, de los delitos contra los derechos de los trabajadores. Las penas de prisi?n se seis meses a seis a?os y las multas de seis a doce meses se mantienen para quienes, “mediante enga?o o abuso de situaci?n de necesidad”, impongan a los trabajadores a su servicio condiciones laborales o de Seguridad Social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos reconocidos.
Ahora bien, los castigos se aplicar?n también a quienes “impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante contrataci?n bajo f?rmulas ajenas al contrato de trabajo o las mantengan en contra de requerimiento o sanci?n administrativa”. Es decir, que si una empresa insiste en la infracci?n, se expondr? a un castigo m?s severo. Las nuevas formas de contrataci?n surgidas de la econom?a digital est?n en el punto de mira de esta modificaci?n.
Aunque novedades como el enriquecimiento il?cito o esta reciente encaminada a proteger los derechos de los trabajadores de nuevas plataformas empresariales, a PSOE y Unidas Podemos no les basta con el apoyo de ERC. El C?digo Penal es una ley org?nica y cambiarla exige un cupo de votos a favor superior a los 176, la mayor?a absoluta. PNV y EH Bildu han optado por esconder su posici?n, lo que les dar? fuerza cara al inminente tr?mite. El PDeCAT ha registrado enmiendas en l?nea con lo que promueve ERC. No son iguales, s? parecidas. PSOE y Unidas Podemos a?n tienen mucho que negociar.
Los que en absoluto negociar?n son PP, Vox y Cs. Los populares recurrir?n al Tribunal Constitucional; los de Inés Arrimadas han alentado una moci?n de censura contra Pedro S?nchez, igual que Santiago Abascal. Salvo que en el bloque de la investidura del presidente, salvo que en ese bloque progresista que ha alumbrado leyes como la de memoria democr?tica o tres proyectos presupuestarios consecutivos, varios grupos se escabullan, la moci?n carece por completo de viabilidad. La ?ltima, de Vox, hace dos a?os, derrotada con holgura, sirvi? a S?nchez para estimular a los partidos de izquierda en su favor.
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