الريــم
12-09-2022, 07:00 PM
Hace a?os que los activistas contra la corrupci?n reclaman m?s herramientas para perseguir las argucias legales de quienes dedican su actividad p?blica al lucro personal. Es conocido que la persecuci?n judicial del entramado de sociedades opacas en el extranjero de quien se ha enriquecido irregularmente es algo as? como competir en bicicleta frente a un F?rmula 1. Una de las exigencias del activismo en favor de la ética pol?tica e incluso de Naciones Unidas ha sido la de instalar un radar por tramos: si cuando se entra en la administraci?n el patrimonio es de 100 pero cuando se sale esa cifra se ha multiplicado, entonces se debe proceder a sancionar esta 'conducci?n' del dinero salvo que se justifique fehacientemente. Es por ello que los dos socios del Gobierno quieren introducir esta demanda negro sobre blanco en el C?digo Penal. Se llama "incremento patrimonial no justificado (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/codigo-penal-carcel-cargos-publicos-enriquecimiento-79733993)".
En concreto, PSOE y Unidas Podemos plantean introducir un nuevo delito de "enriquecimiento il?cito" para aquellos cargos p?blicos que hayan obtenido un "incremento patrimonial no justificado" superior a los 250.000 euros y que ser?a penado con entre seis meses y tres a?os de prisi?n, adem?s de la inhabilitaci?n y multas econ?micas. Fuentes socialistas sugieren que este tipo penal ser?a ?til para casos conocidos de cargos pol?ticos (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/feijoo-deja-moreno-decision-apartar-79504903) que han acumulado una riqueza de dudosa procedencia.
En la actualidad, todas las personas que acceden a un cargo han de presentar sus declaraciones patrimoniales pero estas no se revisan cuando dejan el puesto. A partir de ahora, si prospera la iniciativa, se deber? justificar el enriquecimiento personal ante la justicia. Es decir, explicar de d?nde sale el dinero. Si no, el castigo ser?n penas de c?rcel de entre seis meses y tres a?os, de inhabilitaci?n de entre dos y siete a?os y multas econ?micas de hasta tres veces lo enriquecido.
La advertencia de los expertos
Joan Llinares, responsable de la Agencia de Prevenci?n y Lucha contra el Fraude y la Corrupci?n de la Comunitat Valenciana, uno de los mayores expertos en la lucha contra la corrupci?n, se felicita por la iniciativa pero recuerda que llega "con 16 a?os de retraso" porque en 2006 el Estado firm? la convenci?n de Naciones Unidas contra la corrupci?n, que ya inclu?a esta medida. "Me ha sorprendido agradablemente que por fin se incorpore al C?digo Penal una cuesti?n tan importante para luchar contra la corrupci?n", afirma, y se?ala que otras legislaciones como la brit?nica y la francesa ya lo incorporan, a diferencia de los pa?ses del sur de Europa. Llinares recuerda que casos como el del expresidente de la Diputaci?n de Castell?n Carlos Fabra habr?an tenido un desenlace final muy distinto con esta medida, ante los cuatro millones de euros de patrimonio detectados en la investigaci?n sobre su persona.
Llinares advierte también que en la actualidad las declaraciones patrimoniales de los cargos p?blicos carecen de comprobaci?n por parte de alg?n organismo p?blico que las verifique. Y recuerda que en la lucha contra la corrupci?n existen muchos deberes pendientes, como la protecci?n a las personas alertadoras de irregularidades, o la protecci?n a los arrepentidos, as? como las puertas giratorias de las que se pueden beneficiar los cargos p?blicos sin incumplir lo anunciado hoy por el PSOE y Unidas Podemos. "La conclusi?n es que sigue habiendo una inexistente estrategia de lucha contra la corrupci?n, se reduce todo a la persecuci?n penal".
Evitar los atajos
Simona Levi, activista de XNet contra la corrupci?n, saluda también positivamente una medida largamente demandada desde diversos ?mbitos del activismo, pero advierte que se deber?a ser m?s preciso para evitar los atajos de los corruptos: "Primero, se deber?a a?adir que se sancionar? a quien no publique su patrimonio de entrada, y después limitar la percepci?n de dietas y la acumulaci?n de cargos p?blicos", propone Levi, quien recuerda que en casos como el de las tarjetas Black se constataron dietas muy elevadas. Levi recuerda que todav?a hoy numerosos cargos se niegan a facilitar su patrimonio o lo hacen p?blico con serias lagunas. También reclama medidas para evitar que el enriquecimiento lo perciba el partido pol?tico que después devuelva el favor al cargo implicado coloc?ndolo en determinadas empresas u organismos. De ah? la reclamaci?n de limitar la acumulaci?n de cargos. "Es por tanto una buena noticia si se afianza la publicaci?n del patrimonio y se perfila c?mo se financian los partidos", insiste.
También Naciones Unidas, en una convenci?n contra la corrupci?n celebrada en 2003, pidi? a los estados miembros que se implantara esta medida para luchar de forma m?s eficaz contra estas pr?cticas il?citas en pol?tica. "Con sujeci?n a su constituci?n y a los principios fundamentales de su ordenamiento jur?dico, cada Estado Parte considerar? la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra ?ndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento il?cito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario p?blico respecto de sus ingresos leg?timos que no pueda ser razonablemente justificado por él", constat? la convenci?n, auspiciada por la Oficina contra la Droga y el Delito.
La propuesta del PSOE y UP apunta precisamente a las recomendaciones de la Comisi?n Europea y a lo que disponen un n?mero creciente de Estados europeos, entre los que se cita a Francia, Luxemburgo, Portugal y Lituania.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/delito-enriquecimiento-ilicito-nueva-herramienta-79756958)
En concreto, PSOE y Unidas Podemos plantean introducir un nuevo delito de "enriquecimiento il?cito" para aquellos cargos p?blicos que hayan obtenido un "incremento patrimonial no justificado" superior a los 250.000 euros y que ser?a penado con entre seis meses y tres a?os de prisi?n, adem?s de la inhabilitaci?n y multas econ?micas. Fuentes socialistas sugieren que este tipo penal ser?a ?til para casos conocidos de cargos pol?ticos (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/feijoo-deja-moreno-decision-apartar-79504903) que han acumulado una riqueza de dudosa procedencia.
En la actualidad, todas las personas que acceden a un cargo han de presentar sus declaraciones patrimoniales pero estas no se revisan cuando dejan el puesto. A partir de ahora, si prospera la iniciativa, se deber? justificar el enriquecimiento personal ante la justicia. Es decir, explicar de d?nde sale el dinero. Si no, el castigo ser?n penas de c?rcel de entre seis meses y tres a?os, de inhabilitaci?n de entre dos y siete a?os y multas econ?micas de hasta tres veces lo enriquecido.
La advertencia de los expertos
Joan Llinares, responsable de la Agencia de Prevenci?n y Lucha contra el Fraude y la Corrupci?n de la Comunitat Valenciana, uno de los mayores expertos en la lucha contra la corrupci?n, se felicita por la iniciativa pero recuerda que llega "con 16 a?os de retraso" porque en 2006 el Estado firm? la convenci?n de Naciones Unidas contra la corrupci?n, que ya inclu?a esta medida. "Me ha sorprendido agradablemente que por fin se incorpore al C?digo Penal una cuesti?n tan importante para luchar contra la corrupci?n", afirma, y se?ala que otras legislaciones como la brit?nica y la francesa ya lo incorporan, a diferencia de los pa?ses del sur de Europa. Llinares recuerda que casos como el del expresidente de la Diputaci?n de Castell?n Carlos Fabra habr?an tenido un desenlace final muy distinto con esta medida, ante los cuatro millones de euros de patrimonio detectados en la investigaci?n sobre su persona.
Llinares advierte también que en la actualidad las declaraciones patrimoniales de los cargos p?blicos carecen de comprobaci?n por parte de alg?n organismo p?blico que las verifique. Y recuerda que en la lucha contra la corrupci?n existen muchos deberes pendientes, como la protecci?n a las personas alertadoras de irregularidades, o la protecci?n a los arrepentidos, as? como las puertas giratorias de las que se pueden beneficiar los cargos p?blicos sin incumplir lo anunciado hoy por el PSOE y Unidas Podemos. "La conclusi?n es que sigue habiendo una inexistente estrategia de lucha contra la corrupci?n, se reduce todo a la persecuci?n penal".
Evitar los atajos
Simona Levi, activista de XNet contra la corrupci?n, saluda también positivamente una medida largamente demandada desde diversos ?mbitos del activismo, pero advierte que se deber?a ser m?s preciso para evitar los atajos de los corruptos: "Primero, se deber?a a?adir que se sancionar? a quien no publique su patrimonio de entrada, y después limitar la percepci?n de dietas y la acumulaci?n de cargos p?blicos", propone Levi, quien recuerda que en casos como el de las tarjetas Black se constataron dietas muy elevadas. Levi recuerda que todav?a hoy numerosos cargos se niegan a facilitar su patrimonio o lo hacen p?blico con serias lagunas. También reclama medidas para evitar que el enriquecimiento lo perciba el partido pol?tico que después devuelva el favor al cargo implicado coloc?ndolo en determinadas empresas u organismos. De ah? la reclamaci?n de limitar la acumulaci?n de cargos. "Es por tanto una buena noticia si se afianza la publicaci?n del patrimonio y se perfila c?mo se financian los partidos", insiste.
También Naciones Unidas, en una convenci?n contra la corrupci?n celebrada en 2003, pidi? a los estados miembros que se implantara esta medida para luchar de forma m?s eficaz contra estas pr?cticas il?citas en pol?tica. "Con sujeci?n a su constituci?n y a los principios fundamentales de su ordenamiento jur?dico, cada Estado Parte considerar? la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra ?ndole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el enriquecimiento il?cito, es decir, el incremento significativo del patrimonio de un funcionario p?blico respecto de sus ingresos leg?timos que no pueda ser razonablemente justificado por él", constat? la convenci?n, auspiciada por la Oficina contra la Droga y el Delito.
La propuesta del PSOE y UP apunta precisamente a las recomendaciones de la Comisi?n Europea y a lo que disponen un n?mero creciente de Estados europeos, entre los que se cita a Francia, Luxemburgo, Portugal y Lituania.
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