الريــم
12-07-2022, 12:11 AM
"Fue ?nicamente la posici?n de Juan Carlos I en su calidad de jefe de Estado lo que le permiti? conseguir que el jefe [general Félix Sanz Rold?n] del servicio de seguridad del Estado [Centro Nacional de Inteligencia] actuara de la manera alegada [acoso con entrada en domicilios de M?naco, Reino Unido y Suiza], usando al CNI, por m?s que los motivos fuesen privados y abusivos", se?ala la sentencia de la Corte de Apelaciones del Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales dictada ayer por la cual los jueces conceden a Juan Carlos I la protecci?n de la ley de inmunidad de Estado (1978) por los actos de acoso descritos en la demanda civil de su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein entre 2012 y el 18 de junio de 2014, fecha de su abdicaci?n al trono del Reino de Espa?a.
Los hechos denunciados entre esa ?ltima fecha y octubre de 2020 ser?n enjuiciados en la jurisdicci?n inglesa, siempre que las cuestiones previas pendientes (forma de comunicaci?n de la demanda en diciembre de 2020 y la solicitud de que la justicia inglesa decline la jurisdicci?n) se resuelvan favorablemente para la examante.
La jueza ponente, Lady Justice Simler, se?al? sobre el fondo del debate de la inmunidad y la intervenci?n de Juan Carlos I, Sanz Rold?n y el CNI: "Me parece a m? que estos no son actos que cualquier individuo privado puede llevar adelante. Un individuo privado no puede lograr el uso de la maquinaria del Estado por parte del jefe del servicio de inteligencia y seguridad. Se necesitar?a una prueba de apoyo a esta conclusi?n o inferencia de que dichos actos son los de un individuo privado, pero no ha sido aportada. Es fantasioso sugerir, como ha hecho el se?or James Lewis [abogado de Corinna] de que los hechos descritos en la demanda demuestran que Juan Carlos I, cuando era jefe de Estado, consigui? que el general Sanz Rold?n usara la maquinaria del Estado simplemente como su amigo… Es completamente implausible que personas actuando con car?cter personal conduzca vigilancia internacional, entradas encubiertas e infiltre dispositivos electr?nicos".
Ajuste de cuentas
La sentencia es un ajuste de cuentas no solo con los abogados de Corinna sino, sobre todo con el juez instructor de primera instancia, Matthew Nicklin, porque fue precisamente él quien sugiri? a los abogados de la demandante modificar su demanda original durante la confrontaci?n de los argumentos.
Nicklin se?al? que en esa fase del procedimiento estaba poco claro si los actos alegados eran p?blicos o pod?an tener car?cter privado y, se?al? a Lewis si pod?a corregir el planteamiento en el sentido de que Sanz Rold?n y el CNI hab?an sido utilizados por Juan Carlos I en funci?n privada. La defensa de Corinna quit? todas las referencias al CNI siguiendo la sugerencia del juez. Pero los jueces de la Corte de Apelaciones se?alan que fue un error cometido por el juiez y que, a su vez, los abogados se pasaron de frenada, yendo m?s all? de lo que aquél hab?a autorizadas.
A?n as?, se?alan, para reformar la demanda original (particulars of claim) se requer?a una nueva presentaci?n en regla ante el tribunal.
"Esas enmiendas no debieron ser permitidas. Y lo que se borr? en la demanda [el borrado de toda referencia al CNI] convierte en un disparate las [otras] referencias en las que se se?ala que Corinna intent? plantear su preocupaci?n en el Reino Unido a través de canales diplom?ticos y/o a través de los servicios de inteligencia de dicho pa?s. Incluso ante el juez Nicklin, el se?or Lewis estuvo cerca de admitir que la demanda original no era coherente con que el general Sanz Rold?n actu? en funci?n privada. Por eso el juez Nicklin se equivoc? al afirmar que la conducta pre-abdicaci?n de Juan Carlos I fue una conducta privada".
Una inmunidad absoluta
Seg?n el barrister Josep G?lvez –"nuestro catal?n en Londres"- es una sentencia cerrada con planteamientos absolutos, blanco o negro. “Echo de menos aquello que los jueces de la Corte de Apelaciones plasmaron en su sentencia al permitir la apelaci?n, cuando se?alaron que, diferencia del juez Nicklin era necesario hacer 'cirug?a fina' y examinar los actos de acoso en detalle. Pero no. Ahora resulta que han consagrado una inmunidad absoluta”.
Si el juez Nicklin se lo puso f?cil a los abogados de Corinna, fueron los errores y contradicciones de éstos ?ltimos quienes han sembrado el terreno sentencia a favor de la inmunidad de Juan Carlos I mientras fue rey.
El presunto acoso, el seguimiento ilegal y la difamaci?n, denunciados por Corinna no pueden ser considerados actos inherentes a la funci?n oficial o p?blica de Juan Carlos I, Sanz Rold?n y el CNI. Como la tortura no fue considerada un acto oficial o una tarea p?blica del exjefe de Estado Augusto Pinochet, el dictador chileno, en Londres, en 1998 y 1999.
Toda la construcci?n de la sentencia supone un corte limpio a favor de los actos de Estado. Pero -siempre partiendo de la base de que los hechos deben ser demostrados- exist?a una v?a distinta, quiz?, para explicar las conductas de Juan Carlos I y Sanz Rold?n.
Corinna como testaferro
A saber: controlaron, siguieron y acosaron a quien hab?a sido convertida en testaferro de los 100 millones de d?lares (64,8 millones de euros) que el rey saud? Abdulaziz transfiri? al rey de Espa?a el 8 de agosto de 2008 a una cuenta suya (Fundaci?n Lucum) en Ginebra. Y que después de gastarse los beneficios del dinero invertido en Suiza, Juan Carlos I, consider? acudir a la amnist?a fiscal de 2012, pero lo desestim?, y prefiri? ponerlos a buen recaudo (o mal, visto los resultados) en una cuenta de Corinna en Bahamas para no “regalarle” la mitad al fisco espa?ol. El acoso, pues, fue instrumentalizado con fines absolutamente privados -disponer del dinero tras la abdicaci?n-, con lo que la acci?n durante su reinado -2012-18 junio de 2014- y la posterior forman una l?nea continua. Corinna se negaba a reintegrar el dinero porque la simulaci?n contaba con documentos legales. Esto es lo que se pudo confirmar en la investigaci?n del fiscal Yves Bertossa en Suiza.
No fue una acci?n del Estado ni de la Corona como instituci?n sino la apropiaci?n privada del CNI, con Sanz Rold?n a la cabeza, en efecto, vinculado ?ntimamente a Juan Carlos I.
El juez Nicklin tendr? ahora que examinar las dos cuestiones previas pendientes y sobre todo la que se refiere a la solicitud de Juan Carlos I de que el Reino Unido decline su jurisdicci?n para enjuiciar el acoso a favor de la justicia espa?ola, algo que es una quimera, pero que igualmente se ha planteado.
Juan Carlos I perdi? el primer round y tuvo que abonar unos 230.000 euros en costas. Corinna ha perdido este segundo round y tendr? que pagar unas costas m?s elevadas, quiz? por encima de los 300.000 euros, porque ha habido m?s audiencias y m?s abogados implicados. Es lo que tiene la justicia inglesa. Dickens lo dec?a en su gran novela Casa Desolada. Es una justicia cara, una justicia para ricos.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/corte-da-inmunidad-parcial-rey-79645786)
Los hechos denunciados entre esa ?ltima fecha y octubre de 2020 ser?n enjuiciados en la jurisdicci?n inglesa, siempre que las cuestiones previas pendientes (forma de comunicaci?n de la demanda en diciembre de 2020 y la solicitud de que la justicia inglesa decline la jurisdicci?n) se resuelvan favorablemente para la examante.
La jueza ponente, Lady Justice Simler, se?al? sobre el fondo del debate de la inmunidad y la intervenci?n de Juan Carlos I, Sanz Rold?n y el CNI: "Me parece a m? que estos no son actos que cualquier individuo privado puede llevar adelante. Un individuo privado no puede lograr el uso de la maquinaria del Estado por parte del jefe del servicio de inteligencia y seguridad. Se necesitar?a una prueba de apoyo a esta conclusi?n o inferencia de que dichos actos son los de un individuo privado, pero no ha sido aportada. Es fantasioso sugerir, como ha hecho el se?or James Lewis [abogado de Corinna] de que los hechos descritos en la demanda demuestran que Juan Carlos I, cuando era jefe de Estado, consigui? que el general Sanz Rold?n usara la maquinaria del Estado simplemente como su amigo… Es completamente implausible que personas actuando con car?cter personal conduzca vigilancia internacional, entradas encubiertas e infiltre dispositivos electr?nicos".
Ajuste de cuentas
La sentencia es un ajuste de cuentas no solo con los abogados de Corinna sino, sobre todo con el juez instructor de primera instancia, Matthew Nicklin, porque fue precisamente él quien sugiri? a los abogados de la demandante modificar su demanda original durante la confrontaci?n de los argumentos.
Nicklin se?al? que en esa fase del procedimiento estaba poco claro si los actos alegados eran p?blicos o pod?an tener car?cter privado y, se?al? a Lewis si pod?a corregir el planteamiento en el sentido de que Sanz Rold?n y el CNI hab?an sido utilizados por Juan Carlos I en funci?n privada. La defensa de Corinna quit? todas las referencias al CNI siguiendo la sugerencia del juez. Pero los jueces de la Corte de Apelaciones se?alan que fue un error cometido por el juiez y que, a su vez, los abogados se pasaron de frenada, yendo m?s all? de lo que aquél hab?a autorizadas.
A?n as?, se?alan, para reformar la demanda original (particulars of claim) se requer?a una nueva presentaci?n en regla ante el tribunal.
"Esas enmiendas no debieron ser permitidas. Y lo que se borr? en la demanda [el borrado de toda referencia al CNI] convierte en un disparate las [otras] referencias en las que se se?ala que Corinna intent? plantear su preocupaci?n en el Reino Unido a través de canales diplom?ticos y/o a través de los servicios de inteligencia de dicho pa?s. Incluso ante el juez Nicklin, el se?or Lewis estuvo cerca de admitir que la demanda original no era coherente con que el general Sanz Rold?n actu? en funci?n privada. Por eso el juez Nicklin se equivoc? al afirmar que la conducta pre-abdicaci?n de Juan Carlos I fue una conducta privada".
Una inmunidad absoluta
Seg?n el barrister Josep G?lvez –"nuestro catal?n en Londres"- es una sentencia cerrada con planteamientos absolutos, blanco o negro. “Echo de menos aquello que los jueces de la Corte de Apelaciones plasmaron en su sentencia al permitir la apelaci?n, cuando se?alaron que, diferencia del juez Nicklin era necesario hacer 'cirug?a fina' y examinar los actos de acoso en detalle. Pero no. Ahora resulta que han consagrado una inmunidad absoluta”.
Si el juez Nicklin se lo puso f?cil a los abogados de Corinna, fueron los errores y contradicciones de éstos ?ltimos quienes han sembrado el terreno sentencia a favor de la inmunidad de Juan Carlos I mientras fue rey.
El presunto acoso, el seguimiento ilegal y la difamaci?n, denunciados por Corinna no pueden ser considerados actos inherentes a la funci?n oficial o p?blica de Juan Carlos I, Sanz Rold?n y el CNI. Como la tortura no fue considerada un acto oficial o una tarea p?blica del exjefe de Estado Augusto Pinochet, el dictador chileno, en Londres, en 1998 y 1999.
Toda la construcci?n de la sentencia supone un corte limpio a favor de los actos de Estado. Pero -siempre partiendo de la base de que los hechos deben ser demostrados- exist?a una v?a distinta, quiz?, para explicar las conductas de Juan Carlos I y Sanz Rold?n.
Corinna como testaferro
A saber: controlaron, siguieron y acosaron a quien hab?a sido convertida en testaferro de los 100 millones de d?lares (64,8 millones de euros) que el rey saud? Abdulaziz transfiri? al rey de Espa?a el 8 de agosto de 2008 a una cuenta suya (Fundaci?n Lucum) en Ginebra. Y que después de gastarse los beneficios del dinero invertido en Suiza, Juan Carlos I, consider? acudir a la amnist?a fiscal de 2012, pero lo desestim?, y prefiri? ponerlos a buen recaudo (o mal, visto los resultados) en una cuenta de Corinna en Bahamas para no “regalarle” la mitad al fisco espa?ol. El acoso, pues, fue instrumentalizado con fines absolutamente privados -disponer del dinero tras la abdicaci?n-, con lo que la acci?n durante su reinado -2012-18 junio de 2014- y la posterior forman una l?nea continua. Corinna se negaba a reintegrar el dinero porque la simulaci?n contaba con documentos legales. Esto es lo que se pudo confirmar en la investigaci?n del fiscal Yves Bertossa en Suiza.
No fue una acci?n del Estado ni de la Corona como instituci?n sino la apropiaci?n privada del CNI, con Sanz Rold?n a la cabeza, en efecto, vinculado ?ntimamente a Juan Carlos I.
El juez Nicklin tendr? ahora que examinar las dos cuestiones previas pendientes y sobre todo la que se refiere a la solicitud de Juan Carlos I de que el Reino Unido decline su jurisdicci?n para enjuiciar el acoso a favor de la justicia espa?ola, algo que es una quimera, pero que igualmente se ha planteado.
Juan Carlos I perdi? el primer round y tuvo que abonar unos 230.000 euros en costas. Corinna ha perdido este segundo round y tendr? que pagar unas costas m?s elevadas, quiz? por encima de los 300.000 euros, porque ha habido m?s audiencias y m?s abogados implicados. Es lo que tiene la justicia inglesa. Dickens lo dec?a en su gran novela Casa Desolada. Es una justicia cara, una justicia para ricos.
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