الريــم
12-05-2022, 10:11 AM
El Gobierno quiere reforzar el poder de las Administraciones para evitar fraudes en los concursos p?blicos y agilizar la posibilidad de dejar fuera de las licitaciones a empresas antes de adjudicarlas, durante el proceso de estudio de las ofertas. El Ejecutivo prepara una reforma legal para aclarar el procedimiento para hacer efectivos estos vetos a compa??as con pr?cticas il?citas y activar investigaciones exprés y que no se har?n p?blicas por parte de la Comisi?n Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 incluye una disposici?n final para modificar la Ley de Contratos del Sector P?blico con el objetivo de acelerar el proceso de denuncia y decisi?n de veto previo para impedir la participaci?n de empresas que pr?cticas colusorias en concursos p?blicos ya en marcha. Adem?s, también se ha incorporado otra disposici?n para modificar la Ley de Contratos P?blicos en los ?mbitos de la Defensa y la Seguridad para reforzar espec?ficamente estos procesos antifraude en estos sectores estratégicos y especialmente delicados.
Los cambios legales propuestos desde el Gobierno pautan los plazos para desarrollar las investigaciones de manera r?pida. La mesa de contrataci?n que licita el concurso p?blico debe denunciar ante la CNMC a empresas si tiene indicios suficientes de pr?cticas il?citas que puedan distorsionar la licitaci?n. La mera denuncia implicar? la suspensi?n inmediata de la licitaci?n, pero ni siquiera ser? notificada a las compa??as que participan en el concurso ni se har? p?blica por parte de Competencia ni por la ?rgano de contrataci?n, que estar?n obligados a una total confidencial. El objetivo de que las investigaciones sean secretas es evitar que haya destrucci?n de pruebas.
M?s informaci?n (Auto)
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La CNMC, o la autoridad auton?mica de competencia correspondiente, dispondr? de s?lo 20 d?as h?biles para resolver si hay que dejar fuera de la licitaci?n a la empresa o empresas denunciadas, que tendr?n de otros 10 d?as h?biles para presentar alegaciones, y a partir de entonces Competencia contar? con otros 10 d?as h?biles para resolver de manera definitiva. Si finalmente se veta a una empresa por pr?cticas colusorias, la licitaci?n del concurso p?blico directamente continuar? sin ella y s?lo con el resto de candidatos.
Cinco a?os de vac?o legal
La Ley de Contratos del Sector P?blico, aprobada en 2017, ya contemplaba la remisi?n a las autoridades de competencia por parte de los ?rganos de contrataci?n de indicios de pr?cticas anticompetitivas detectadas durante las licitaciones, y refleja la posibilidad de abrir un “procedimiento sumar?simo” para que Competencia se pronuncie para expulsar a las empresas.
Sin embargo, la norma apuntaba que deb?a haber un desarrollo reglamentario del procedimiento de denuncia y expulsi?n de licitadores, pero que no se ha producido en estos cinco a?os en que la ley ha estado en vigor. El Gobierno pretende ahora mediante esta reforma incluir directamente en la ley la regulaci?n de este procedimiento de investigaci?n y veto sin esperar a un posterior desarrollo reglamentario.
En la pr?ctica, en estos cinco a?os el procedimiento no se ha podido aplicar y no se ha podido expulsar a compa??as durante la licitaci?n. De hecho, Competencia se encuentra en muchas ocasiones con que sanciona a empresas por pr?cticas anticompetitivas durante una licitaci?n y que son estas empresas infractoras las que ya hab?an sido adjudicatarias del contrato y ya han ejecutado gran parte del mismo.
M?s informaci?n (Auto)
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Desde la CNMC se considera que la reforma emprendida por el Gobierno es positiva, pero se advierte de que los plazos de que dispondr? para las investigaciones son tan cortos que hacen dif?cil que pueda pronunciarse en muchos casos. La enmienda incorporada al proyecto de los PGE también estipula el proceso por el que las Administraciones podr?n actuar directamente y expulsar a licitadores durante el concurso p?blico si Competencia no aporta su informe en los plazos previstos.
Competencia busca reforzarse
La pretensi?n del Gobierno para agilizar la eliminaci?n previa de empresas de los concursos p?blicos por fraudes coincide con los movimientos de la CNMC para tener capacidad de prohibir directamente contratar con la Administraci?n durante un tiempo a empresas sancionadas por participar en c?rteles y manipular
Competencia lleva a?os intentando que las compa??as sancionadas por manipular licitaciones de las Administraciones P?blicas no sean castigadas s?lo con una multa, sino que también tengan prohibido pujar en nuevas contrataciones p?blicas. As? lo establece la Ley de Contratos del Sector P?blico, pero en la pr?ctica no se est? aplicando.
La CNMC ha decidido activar el proceso para asumir esa funci?n sancionadora adicional y poder aplicar directamente esos vetos a las compa??as sancionadas por participar en c?rteles sin tener que solicitar la prohibici?n a la Junta Consultiva de Contrataci?n P?blica, dependiente del Ministerio de Hacienda, como ha venido haciendo hasta ahora.
Tras meses de debate interno en la c?pula de Competencia, el organismo presidido por Cani Fern?ndez ha lanzado una consulta p?blica -abierta hasta el pr?ximo 23 de diciembre- sobre los criterios que quiere emplear a la hora de imponer la prohibici?n de contratar y, con ello, pasar a determinar directamente el alcance y la duraci?n de los vetos de los grupos sancionados a pujar en concursos p?blicos, hasta un m?ximo de tres a?os marcado por la ley.
El escudo de los tribunales
La CNMC acumula ya multas por m?s de 510 millones de euros para m?s de 150 empresas por falsear la competencia, y con cada expediente resuelto por infracciones graves o muy graves solicita al Gobierno que vete a estas compa??as para optar a futuros contratos o concursos p?blicos. Ninguna de esas empresas ha sido apartada hasta ahora de los concursos p?blicos.
Para poder ser vetadas deben haber sido sancionadas mediante resoluci?n o sentencia firme, y las compa??as est?n evitando la aplicaci?n de esa prohibici?n de contratar con las Administraciones recurriendo las sanciones a los tribunales y aplazando durante a?os que haya una decisi?n firme hasta que se agote la v?a judicial.
Seg?n el borrador de comunicaci?n de la CNMC sometido a audiencia p?blica, el organismo pretende que la prohibici?n de contratar pueda afectar no s?lo a las compa??as sino también a los directivos que también hayan sido sancionados con car?cter personal por infracciones graves o muy graves.
Competencia subraya que la resoluci?n en que se fije la duraci?n y alcance de la prohibici?n de contratar ser? considerada firme desde su aprobaci?n, aunque las compa??as impugnen la sanci?n en los tribunales. La CNMC defiende su capacidad de asumir directamente estas funciones apoy?ndose en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que -seg?n el criterio del organismo- le habilitan para establecer esos vetos directos.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/gobierno-lanza-investigaciones-secretas-expres-79571554)
El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 incluye una disposici?n final para modificar la Ley de Contratos del Sector P?blico con el objetivo de acelerar el proceso de denuncia y decisi?n de veto previo para impedir la participaci?n de empresas que pr?cticas colusorias en concursos p?blicos ya en marcha. Adem?s, también se ha incorporado otra disposici?n para modificar la Ley de Contratos P?blicos en los ?mbitos de la Defensa y la Seguridad para reforzar espec?ficamente estos procesos antifraude en estos sectores estratégicos y especialmente delicados.
Los cambios legales propuestos desde el Gobierno pautan los plazos para desarrollar las investigaciones de manera r?pida. La mesa de contrataci?n que licita el concurso p?blico debe denunciar ante la CNMC a empresas si tiene indicios suficientes de pr?cticas il?citas que puedan distorsionar la licitaci?n. La mera denuncia implicar? la suspensi?n inmediata de la licitaci?n, pero ni siquiera ser? notificada a las compa??as que participan en el concurso ni se har? p?blica por parte de Competencia ni por la ?rgano de contrataci?n, que estar?n obligados a una total confidencial. El objetivo de que las investigaciones sean secretas es evitar que haya destrucci?n de pruebas.
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La CNMC, o la autoridad auton?mica de competencia correspondiente, dispondr? de s?lo 20 d?as h?biles para resolver si hay que dejar fuera de la licitaci?n a la empresa o empresas denunciadas, que tendr?n de otros 10 d?as h?biles para presentar alegaciones, y a partir de entonces Competencia contar? con otros 10 d?as h?biles para resolver de manera definitiva. Si finalmente se veta a una empresa por pr?cticas colusorias, la licitaci?n del concurso p?blico directamente continuar? sin ella y s?lo con el resto de candidatos.
Cinco a?os de vac?o legal
La Ley de Contratos del Sector P?blico, aprobada en 2017, ya contemplaba la remisi?n a las autoridades de competencia por parte de los ?rganos de contrataci?n de indicios de pr?cticas anticompetitivas detectadas durante las licitaciones, y refleja la posibilidad de abrir un “procedimiento sumar?simo” para que Competencia se pronuncie para expulsar a las empresas.
Sin embargo, la norma apuntaba que deb?a haber un desarrollo reglamentario del procedimiento de denuncia y expulsi?n de licitadores, pero que no se ha producido en estos cinco a?os en que la ley ha estado en vigor. El Gobierno pretende ahora mediante esta reforma incluir directamente en la ley la regulaci?n de este procedimiento de investigaci?n y veto sin esperar a un posterior desarrollo reglamentario.
En la pr?ctica, en estos cinco a?os el procedimiento no se ha podido aplicar y no se ha podido expulsar a compa??as durante la licitaci?n. De hecho, Competencia se encuentra en muchas ocasiones con que sanciona a empresas por pr?cticas anticompetitivas durante una licitaci?n y que son estas empresas infractoras las que ya hab?an sido adjudicatarias del contrato y ya han ejecutado gran parte del mismo.
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Desde la CNMC se considera que la reforma emprendida por el Gobierno es positiva, pero se advierte de que los plazos de que dispondr? para las investigaciones son tan cortos que hacen dif?cil que pueda pronunciarse en muchos casos. La enmienda incorporada al proyecto de los PGE también estipula el proceso por el que las Administraciones podr?n actuar directamente y expulsar a licitadores durante el concurso p?blico si Competencia no aporta su informe en los plazos previstos.
Competencia busca reforzarse
La pretensi?n del Gobierno para agilizar la eliminaci?n previa de empresas de los concursos p?blicos por fraudes coincide con los movimientos de la CNMC para tener capacidad de prohibir directamente contratar con la Administraci?n durante un tiempo a empresas sancionadas por participar en c?rteles y manipular
Competencia lleva a?os intentando que las compa??as sancionadas por manipular licitaciones de las Administraciones P?blicas no sean castigadas s?lo con una multa, sino que también tengan prohibido pujar en nuevas contrataciones p?blicas. As? lo establece la Ley de Contratos del Sector P?blico, pero en la pr?ctica no se est? aplicando.
La CNMC ha decidido activar el proceso para asumir esa funci?n sancionadora adicional y poder aplicar directamente esos vetos a las compa??as sancionadas por participar en c?rteles sin tener que solicitar la prohibici?n a la Junta Consultiva de Contrataci?n P?blica, dependiente del Ministerio de Hacienda, como ha venido haciendo hasta ahora.
Tras meses de debate interno en la c?pula de Competencia, el organismo presidido por Cani Fern?ndez ha lanzado una consulta p?blica -abierta hasta el pr?ximo 23 de diciembre- sobre los criterios que quiere emplear a la hora de imponer la prohibici?n de contratar y, con ello, pasar a determinar directamente el alcance y la duraci?n de los vetos de los grupos sancionados a pujar en concursos p?blicos, hasta un m?ximo de tres a?os marcado por la ley.
El escudo de los tribunales
La CNMC acumula ya multas por m?s de 510 millones de euros para m?s de 150 empresas por falsear la competencia, y con cada expediente resuelto por infracciones graves o muy graves solicita al Gobierno que vete a estas compa??as para optar a futuros contratos o concursos p?blicos. Ninguna de esas empresas ha sido apartada hasta ahora de los concursos p?blicos.
Para poder ser vetadas deben haber sido sancionadas mediante resoluci?n o sentencia firme, y las compa??as est?n evitando la aplicaci?n de esa prohibici?n de contratar con las Administraciones recurriendo las sanciones a los tribunales y aplazando durante a?os que haya una decisi?n firme hasta que se agote la v?a judicial.
Seg?n el borrador de comunicaci?n de la CNMC sometido a audiencia p?blica, el organismo pretende que la prohibici?n de contratar pueda afectar no s?lo a las compa??as sino también a los directivos que también hayan sido sancionados con car?cter personal por infracciones graves o muy graves.
Competencia subraya que la resoluci?n en que se fije la duraci?n y alcance de la prohibici?n de contratar ser? considerada firme desde su aprobaci?n, aunque las compa??as impugnen la sanci?n en los tribunales. La CNMC defiende su capacidad de asumir directamente estas funciones apoy?ndose en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a que -seg?n el criterio del organismo- le habilitan para establecer esos vetos directos.
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