الريــم
12-04-2022, 03:20 PM
D?a: 26 de noviembre. Lugar: Dibulla, departamento de la Guajira. Nombre: Nicodemos Luna Mosquera, l?der de la Uni?n Sindical Obrera de Tib?. D?a: 14 de marzo. Lugar: Popay?n, departamento del Cauca. Nombre: Miller Corea, l?der social de las comunidades ind?genas del Cauca. D?a: 21 de septiembre. Lugar: vereda Nueva América, norte de Colombia. Nombre: Frai David Torres Marroqu?n, tesorero de la Junta de Acci?n Comunal. D?a: 19 de febrero. Lugar: Guachucal, departamento de Nari?o. Nombre: Saulo Moreno, l?der ind?gena. D?a: 15 de mayo. Lugar: Santander de Quilichao, departamento del Cauca. Nombre: ?dgar Quintero, l?der social. Estaba comprometido con la restituci?n de tierras a las v?ctimas del conflicto armado.
La lista completa consta de 162 nombres, que es el n?mero de l?deres sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de a?o. En el registro que lleva a cabo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los ?ltimos de la lista son Francisco Sarco y Carlitos Ur?gama, integrantes de la Guardia Ind?gena de la comunidad Ember? Playa Bonita y de la Asociaci?n de V?ctimas del departamento del Choc?. Hombres armados irrumpieron en sus viviendas el 11 de noviembre y los mataron frente a sus familias. A raz?n de un fallecido cada dos d?as, la noticia de la muerte violenta de un l?der social forma parte del d?a a d?a colombiano y es una de sus peores vergüenzas: casi 1.400 han ca?do desde la firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en 2016.
Un problema estructural
?Por qué los matan? Porque reivindican algo. Que nos los echen de sus tierras. Que les devuelvan sus tierras. Que no se plante coca en sus tierras. Que por sus tierras no pase el narcotr?fico. “En Colombia, la disputa del territorio, por las razones que sean, econ?micas, agrarias o relacionadas con el narcotr?fico, siempre ha tenido como trasfondo el exterminio de quien defiende una determinada reivindicaci?n”, explica Jorge Ernesto Roa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. En un pa?s tan rico en iniciativas ilegales, con tantos actores armados intentando imponer su ley, esto tiene diversas aplicaciones en la realidad. Roa explica, por ejemplo, que un buen n?mero de asesinatos cometidos en su d?a por las FARC hoy ser?an contabilizados como asesinatos de l?deres sociales –entonces muertos en combate, o v?ctimas del conflicto–, y recuerda que “la primera salida del narcotr?fico frente a cualquier obst?culo es la eliminaci?n de ese obst?culo”. “El narcotr?fico implica una ocupaci?n del territorio m?s fértil para el cultivo de la base de coca y m?s apto para las rutas, y en esos territorios cualquier tipo de oposici?n es atacada de la misma forma”.
“Son mafias muy poderosas que aprovechan la ausencia de las FARC en los territorios que quedaron despejados tras los acuerdos de paz”, dice Piedad Bonnett, escritora y columnista del diario ‘El Espectador’. Bonnett llama la atenci?n sobre el hecho de que entre los l?deres asesinados figuran ecologistas cuyo pecado ha sido defender los ecosistemas, justamente, que la retirada de la guerrilla ha dejado desprotegidos, y mineros que defienden el ejercicio de la miner?a artesanal frente a la implantaci?n de las grandes multinacionales. La “corrupci?n de los poderes locales”, avisa, aumenta la desprotecci?n de los amenazados.
A raz?n de un muerto cada dos d?as, cualquiera imagina grandes manifestaciones exigiendo al Estado la debida protecci?n de los l?deres, pero no es as? como ocurre, pues esos l?deres, desde siempre, han sido objeto de se?alamientos: han sido estigmatizados. “Tradicionalmente –dice Roa–, el Estado se ha preocupado poco por darle valor a la funci?n de lo que en Espa?a llaman agentes sociales: sindicatos, oenegés, asociaciones comunales… Estos han permanecido siempre en la periferia del Estado, y cuando han entrado en el espectro estatal ha sido de manera negativa, tachados de ser aliados de la guerrilla, conspiradores o c?mplices de fen?menos de delincuencia. Buena parte de la sociedad comprende que el hecho de que haya 1.300 muertos por dedicarse a reclamar sus tierras, o a pedir la protecci?n de los derechos de los campesinos, habla muy mal de nosotros como sociedad, pero no genera el nivel de rechazo que genera en una sociedad donde esos agentes son valorados como agentes sociales que hablan en nombre de todos”.
Otra lista: los excombatientes
La lista de l?deres sociales no es la ?nica que ha aumentado dram?ticamente en los ?ltimos a?os: también la de excombatientes de las FARC asesinados. Acaso no es casualidad que todo ello haya ocurrido en unos a?os marcados por el Gobierno de Iv?n Duque, el presidente que renegaba de los acuerdos de paz. Pues, como dice Roa, “la existencia de un discurso oficial en contra de los acuerdos, y en contra de los actores de los acuerdos, es sin duda un mensaje para la sociedad que crea un caldo de cultivo para la impunidad”. “Pues claro”, a?ade Bonnett, “que ha tenido mucho que ver que Duque no implementara realmente los acuerdos de paz, o que los implementara muy deficientemente. Eso fue una especie de freno que se puso a los acuerdos y que ha dejado desprotegidos a muchos de los excombatientes”.
El Ejecutivo de Duque fue repetidamente interpelado al respecto por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y por la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos, pero la falta de garant?as por parte del Gobierno propici? la entrada en escena de las instancias judiciales. As?, el pasado mes de enero, la Corte Constitucional declar? el Estado de Cosas Inconstitucional en relaci?n con la protecci?n de la vida de los excombatientes, y actualmente, en el marco de otro proceso, est? estudiando la posibilidad de ampliarlo a los l?deres sociales. Deber?a ayudar a subsanar las carencias estructurales que est?n en la base de su desprotecci?n.
Nombre: Deisy Sotelo, l?der comunal. D?a: 29 de enero. Lugar: Argelia, departamento del Cauca. Nombre: Efrén Ramos, l?der comunal. D?a: 2 de febrero. Lugar: Puerto Legu?zamo, departamento del Putumayo. Nombre: Gustavo Torres, l?der campesino. D?a: 26 de febrero. Lugar: Tib?, departamento de Norte de Santander. Nombre: Mar?a José Arciniegas, l?der ind?gena. D?a: 30 de abril. Lugar: Puerto Legu?zamo. Ten?a 27 a?os. Seg?n inform? el ‘Diario Putumayo’, “fue extra?da a la fuerza del resguardo por hombres armados que se la llevaron con rumbo desconocido. Su cuerpo fue encontrado en las afueras del poblado con impactos de arma de fuego”.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/internacional/matan-lideres-sociales-colombia-79542850)
La lista completa consta de 162 nombres, que es el n?mero de l?deres sociales y defensores de los derechos humanos asesinados en Colombia en lo que va de a?o. En el registro que lleva a cabo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), los ?ltimos de la lista son Francisco Sarco y Carlitos Ur?gama, integrantes de la Guardia Ind?gena de la comunidad Ember? Playa Bonita y de la Asociaci?n de V?ctimas del departamento del Choc?. Hombres armados irrumpieron en sus viviendas el 11 de noviembre y los mataron frente a sus familias. A raz?n de un fallecido cada dos d?as, la noticia de la muerte violenta de un l?der social forma parte del d?a a d?a colombiano y es una de sus peores vergüenzas: casi 1.400 han ca?do desde la firma de la paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en 2016.
Un problema estructural
?Por qué los matan? Porque reivindican algo. Que nos los echen de sus tierras. Que les devuelvan sus tierras. Que no se plante coca en sus tierras. Que por sus tierras no pase el narcotr?fico. “En Colombia, la disputa del territorio, por las razones que sean, econ?micas, agrarias o relacionadas con el narcotr?fico, siempre ha tenido como trasfondo el exterminio de quien defiende una determinada reivindicaci?n”, explica Jorge Ernesto Roa, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia. En un pa?s tan rico en iniciativas ilegales, con tantos actores armados intentando imponer su ley, esto tiene diversas aplicaciones en la realidad. Roa explica, por ejemplo, que un buen n?mero de asesinatos cometidos en su d?a por las FARC hoy ser?an contabilizados como asesinatos de l?deres sociales –entonces muertos en combate, o v?ctimas del conflicto–, y recuerda que “la primera salida del narcotr?fico frente a cualquier obst?culo es la eliminaci?n de ese obst?culo”. “El narcotr?fico implica una ocupaci?n del territorio m?s fértil para el cultivo de la base de coca y m?s apto para las rutas, y en esos territorios cualquier tipo de oposici?n es atacada de la misma forma”.
“Son mafias muy poderosas que aprovechan la ausencia de las FARC en los territorios que quedaron despejados tras los acuerdos de paz”, dice Piedad Bonnett, escritora y columnista del diario ‘El Espectador’. Bonnett llama la atenci?n sobre el hecho de que entre los l?deres asesinados figuran ecologistas cuyo pecado ha sido defender los ecosistemas, justamente, que la retirada de la guerrilla ha dejado desprotegidos, y mineros que defienden el ejercicio de la miner?a artesanal frente a la implantaci?n de las grandes multinacionales. La “corrupci?n de los poderes locales”, avisa, aumenta la desprotecci?n de los amenazados.
A raz?n de un muerto cada dos d?as, cualquiera imagina grandes manifestaciones exigiendo al Estado la debida protecci?n de los l?deres, pero no es as? como ocurre, pues esos l?deres, desde siempre, han sido objeto de se?alamientos: han sido estigmatizados. “Tradicionalmente –dice Roa–, el Estado se ha preocupado poco por darle valor a la funci?n de lo que en Espa?a llaman agentes sociales: sindicatos, oenegés, asociaciones comunales… Estos han permanecido siempre en la periferia del Estado, y cuando han entrado en el espectro estatal ha sido de manera negativa, tachados de ser aliados de la guerrilla, conspiradores o c?mplices de fen?menos de delincuencia. Buena parte de la sociedad comprende que el hecho de que haya 1.300 muertos por dedicarse a reclamar sus tierras, o a pedir la protecci?n de los derechos de los campesinos, habla muy mal de nosotros como sociedad, pero no genera el nivel de rechazo que genera en una sociedad donde esos agentes son valorados como agentes sociales que hablan en nombre de todos”.
Otra lista: los excombatientes
La lista de l?deres sociales no es la ?nica que ha aumentado dram?ticamente en los ?ltimos a?os: también la de excombatientes de las FARC asesinados. Acaso no es casualidad que todo ello haya ocurrido en unos a?os marcados por el Gobierno de Iv?n Duque, el presidente que renegaba de los acuerdos de paz. Pues, como dice Roa, “la existencia de un discurso oficial en contra de los acuerdos, y en contra de los actores de los acuerdos, es sin duda un mensaje para la sociedad que crea un caldo de cultivo para la impunidad”. “Pues claro”, a?ade Bonnett, “que ha tenido mucho que ver que Duque no implementara realmente los acuerdos de paz, o que los implementara muy deficientemente. Eso fue una especie de freno que se puso a los acuerdos y que ha dejado desprotegidos a muchos de los excombatientes”.
El Ejecutivo de Duque fue repetidamente interpelado al respecto por la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y por la Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos, pero la falta de garant?as por parte del Gobierno propici? la entrada en escena de las instancias judiciales. As?, el pasado mes de enero, la Corte Constitucional declar? el Estado de Cosas Inconstitucional en relaci?n con la protecci?n de la vida de los excombatientes, y actualmente, en el marco de otro proceso, est? estudiando la posibilidad de ampliarlo a los l?deres sociales. Deber?a ayudar a subsanar las carencias estructurales que est?n en la base de su desprotecci?n.
Nombre: Deisy Sotelo, l?der comunal. D?a: 29 de enero. Lugar: Argelia, departamento del Cauca. Nombre: Efrén Ramos, l?der comunal. D?a: 2 de febrero. Lugar: Puerto Legu?zamo, departamento del Putumayo. Nombre: Gustavo Torres, l?der campesino. D?a: 26 de febrero. Lugar: Tib?, departamento de Norte de Santander. Nombre: Mar?a José Arciniegas, l?der ind?gena. D?a: 30 de abril. Lugar: Puerto Legu?zamo. Ten?a 27 a?os. Seg?n inform? el ‘Diario Putumayo’, “fue extra?da a la fuerza del resguardo por hombres armados que se la llevaron con rumbo desconocido. Su cuerpo fue encontrado en las afueras del poblado con impactos de arma de fuego”.
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