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مشاهدة النسخة كاملة : La desjudicializaci?n y las grietas del monolitismo en el Tribunal Supremo, por Ernes


الريــم
11-24-2022, 11:19 PM
"Lo que est? claro es que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de este jueves ha fracasado en resolver el nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional para el pr?ximo 44 aniversario de la Constituci?n el 6 de diciembre", se?al? ?lvaro Cuesta, uno de los dos negociadores del sector progresista y vocal de la Comisi?n Permanente, a EL PERI?DICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica. "Pese a se?alar que el Pleno del 22 de diciembre abordar? de nuevo la cuesti?n el sector conservador no ha dado ninguna garant?a de que en esa fecha estar?n en condiciones de tener los candidatos seleccionados para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional. No hay garant?as de que el CGPJ cumpla su funci?n. As? de claro. Eso s? palabras bonitas de algunos", a?adi?.

Sin embargo, seg?n subray? el vocal, la derecha fracas? a su vez en "plasmar un pretendido control de calidad de la actividad del Poder Legislativo sobre la proposici?n de ley de reforma del delito de sedici?n".

En efecto: el sector conservador perdi? este jueves la votaci?n para conseguir un comunicado p?blico de rechazo a la reforma proyectada y el anuncio de un pr?ximo informe sobre la materia.

Vocales como José Mar?a Mac?as, socio del bufete Cuatrecasas, aspiraban, seg?n fuentes consultadas, a dar esa se?al a los magistrados del Tribunal General de la Uni?n Europea (TGUE), que este jueves 24 y viernes 25 examinan en Luxemburgo los recursos de los diputados europeos Carles Puigdemont, Toni Com?n y Clara Ponsat? contra el Parlamento Europeo sobre su inmunidad y el suplicatorio cursado por Espa?a para reactivar la orden europea de detenci?n y poder juzgarles.

Pero el voto en blanco de uno de los vocales conservadores y magistrado de la Sala Tercera, Wenceslao Olea, y el cambio de grupo del vocal Vicente Guilarte, provocaron la derrota, con el consiguiente voto particular que presentar? la vocal Nuria Abad y siete adhesiones. Olea explic? que no ten?a sentido emitir un informe que ni el Gobierno ni el Parlamento han solicitado y que seguramente ser?a devuelto. Mac?as intent? persuadirle. Sin éxito.

Este fracaso pol?tico se ha unido a otros hechos que 'prima facie' perfilan una flexibilidad inédita hasta ahora. La secci?n sexta de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo) rechaz? la petici?n de una medida cautelar?sima del vocal-magistrado Olea el pasado 19 de octubre para anular el nombramiento de Rafael Mozo, del sector progresista, como presidente en funciones del CGPJ, tras la dimisi?n de Carlos Lesmes; este miércoles 23, deneg? la medida cautelar cuya pretensi?n era la misma. Olea y José Luis de Bento, secretario general del CGPJ, retiraron, a continuaci?n, sus recursos.

Estos hitos han seguido a la derrota de Lesmes que pretendi? dar por hecho consumado la presidencia del Supremo y del CGPJ para el presidente de la Sala Primera (Civil), Francisco Mar?n Cast?n.

El juicio a la Mesa del Parlament

El pasado 10 de noviembre, la Sala Segunda del Tribunal Supremo anul? la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que conden? a los miembros de la Mesa del Parlament (Anna Sim?, Lluis Mar?a Corominas, Ramona Barrufet y Lluis Guin?) por delito de desobediencia en la tramitaci?n de iniciativas parlamentarias relacionadas con el proceso independentista que concluy? con el referéndum del 1-O de 2017.

El magistrado ponente, Leopoldo Puente Segura (Madrid, 1964), es una de las ?ltimas incorporaciones a la Sala Segunda o Sala Penal. La sentencia consider? vulnerado el derecho a un tribunal imparcial de los acusados debido a que dos de los magistrados del TSJ catal?n [el presidente Jes?s Mar?a Barrientos y el magistrado de la Sala Civil y Penal, Carlos Ramos] que integraron el Tribunal de enjuiciamiento hab?an exteriorizado ya en autos previos una toma de postura expl?cita acerca de cuestiones que constituyeron después objeto esencial del juicio.

Mira por d?nde, ambos magistrados hab?an sido apartados del tribunal del TSJC que enjuici? los pasados 5, 6 y 7 de octubre al expresident del Parlament Roger Torrent y los miembros independentistas de la Mesa por la tramitaci?n de resoluciones y la reprobaci?n de la monarqu?a en la legislatura pasada.

Y, precisamente, dicho tribunal dict? este miércoles pasado, una sentencia absolutoria de los miembros de la Mesa juzgados por el delito de desobediencia (art?culo 410 del C?digo Penal de desobediencia funcionarial) en las tramitaciones realizadas el 16 y 19 de octubre de 2019 con el argumento de que no se reun?an los elementos del tipo del delito ya que las providencias dictadas por el Tribunal Constitucional daban a pie a diversas interpretaciones, seg?n expuso el secretario general del Parlament. La sentencia concluye que no hubo dolo (cometer un delito de manera deliberada). Vamos, una desjudicializaci?n que parece ir consolid?ndose.

El caso de Tamara Carrasco

También en relaci?n con un caso de Catalunya cabe a?adir la sentencia en el caso de la activista independentista Tamara Carrasco a finales del pasado mes de mayo.

En noviembre de 2018, la Audiencia Nacional descart? definitivamente la acusaci?n por terrorismo contra ella y envi? la causa a Catalu?a, mientras Carrasco permanec?a confinada, habida cuenta de que por orden judicial no pudo abandonar la localidad barcelonesa de Viladecans hasta mayo de 2019. Esa causa, que lleg? a limitar al m?ximo la movilidad de Tamara Carrasco durante m?s de un a?o termin? en absoluci?n. En octubre de 2020 fue absuelta por un juzgado de lo penal de Barcelona y en enero de 2021 la decisi?n fue confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona.

Pero la Fiscal?a recurri? la sentencia en casaci?n. A finales de mayo pasado, el ponente, ?ngel Hurtado, del sector conservador, propuso condenarla, pero una mayor?a se pronunci? en contra. El nuevo ponente, Javier Hern?ndez, nombrado en el Supremo el 30 de septiembre de 2020, redact? la sentencia absolutoria.

Once magistrados votaron a favor. Hurtado y los magistrados Manuel Marchena, presidente de la Sala Penal, Antonio del Moral, Juli?n S?nchez Melgar, Pablo Llarena y Vicente Magro.

Y si se sale de Catalu?a cabr?a apuntar como un s?ntoma también de la flexibilidad apuntada en la Sala Segunda el voto particular de las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo en la sentencia de los ERE, para quien la sentencia por el delito de malversaci?n contra cinco acusados ajenos a la consejer?a de Empleo (José Antonio Gri??n, entre ellos) “no se ajusta a derecho”.

Algo se mueve.



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