الريــم
11-24-2022, 10:59 AM
Las empresas privadas en general, y las de consultor?a en particular, podr?n participar en las acciones humanitarias sufragadas por el Gobierno y dirigidas por el Ministerio de Exteriores, si se aprueba como est? previsto este jueves la nueva ley de cooperaci?n, a cuyo dictamen ha tenido acceso este diario. El texto renueva la ley de Cooperaci?n Internacional para el Desarrollo de 1998.
La acci?n humanitaria espa?ola incluye la respuesta de emergencia en desastres naturales, como el env?o urgente de material de socorro o alimentos, la atenci?n a las v?ctimas de los conflictos o la rehabilitaci?n de los destrozos producidos por las guerras, entre otras tareas. Toda esta labor la dirige la Agencia Espa?ola de Cooperaci?n y Desarrollo.
En la nueva ley se especifica que esa acci?n humanitaria puede ser llevada a cabo “por las Administraciones p?blicas directamente o bien a través de organizaciones humanitarias imparciales, otras organizaciones no gubernamentales, y organizaciones internacionales, en particular del sistema de Naciones Unidas y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja”, y a?ade: “También podr? ser llevada a cabo por empresas privadas contratadas al efecto por dichos actores”.
Los concursos y "procesos de licitaci?n de obras, suministros o servicios de las actividades de la cooperaci?n espa?ola estar?n abiertos al sector privado y a otros actores, como las ONGD [Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo], en la medida que contemplen objetivos espec?ficos de tipo medioambiente, social u otros", a?ade el texto.
Esta ?ltima referencia es una de las modificaciones que la mayor?a parlamentaria ha acordado durante el paso del proyecto legislativo por la Comisi?n de Exteriores del Congreso. En otra de las anotaciones se destaca en particular el papel de las empresas de consultor?a como parte de la “asistencia técnica” para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Adem?s, se fomentar?n “los partenariados y las alianzas p?blico-privadas entre los ?rganos ejecutores de la cooperaci?n espa?ola contemplados en esta ley y el sector privado empresarial y las entidades de la econom?a social” para la “mejora de las cadenas de valor, el suministro de bienes y servicios o la cooperaci?n financiera”, entre otros.
La participaci?n de compa??as en la acci?n humanitaria es una novedad de esta Ley de Cooperaci?n para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en caso de que finalmente sea aprobada, como prevén fuentes del Gobierno visto su paso sin incidencias por la Comisi?n de Exteriores. En la votaci?n de la Comisi?n, el dictamen fue respaldado por 21 votos, entre ellos los del PSOE, Unidas Podemos y habituales aliados parlamentarios. El PP vot? en contra. Fuentes del grupo popular han se?alado que la decisi?n sobre el sentido de su voto este jueves a?n no est? tomada.
También es nuevo considerar como cooperantes a las personas que trabajen en consultoras privadas pero para proyectos humanitarios. “Se consideran personas cooperantes a los y las profesionales que trabajen tanto para el sector privado (ONGD, Fundaciones, Asociaciones, empresas consultoras, etcétera) como para el sector p?blico (estatal, auton?mico o local)”, y hay una menci?n especial sobre los “consultores” que hagan proyectos de desarrollo, que también ser?n “cooperantes” y estar?n protegidos por el Estatuto de las Personas Cooperantes.
Proyectos con dinero p?blico
La acci?n humanitaria no debe confundirse con los proyectos de cooperaci?n al desarrollo. Un caso t?pico de la primera es la asistencia a los habitantes de una zona devastada por un terremoto o un tsunami. Médicos sin Fronteras poniendo un hospital de campa?a, por ejemplo. En esas circunstancias es extra?o ver a compa??as privadas. Los proyectos de cooperaci?n al desarrollo, por su parte, son planes que no derivan de una cat?strofe natural. Por ejemplo, llevar tendido eléctrico a una regi?n remota o construir una escuela en una zona empobrecida. Para este segundo tipo ya se promocionaban alianzas p?blico-privadas para el desarrollo (APPD), y se definen en todo su contexto en la nueva norma.
En este sentido, la ley especifica condiciones que las empresas privadas tienen que cumplir para poder conseguir licitaciones, contratos p?blicos o subvenciones de actividades de cooperaci?n espa?ola. As?, el texto fija como “prioritario e indispensable” para la cooperaci?n espa?ola “el respeto a la diversidad sexual y la protecci?n y ”. En el mismo sentido, se destaca la exigencia de promover que “mujeres, adolescentes y ni?as tengan un acceso libre e igualitario a los servicios sociales b?sicos, tales como la educaci?n y la salud” y su protecci?n “frente a todas las formas de violencia, en particular la mutilaci?n genital”. Adem?s, se prestar? “especial consideraci?n a la agricultura y la ganader?a ecol?gicas, el comercio justo y la igualdad de género”.
Acci?n humanitaria de las comunidades aut?nomas
Uno de los puntos m?s enmendados de la propuesta del Gobierno es el ep?grafe dedicado a definir qué tipo de cooperaci?n exterior pueden llevar a cabo las Comunidades Aut?nomas por su cuenta, un punto de interés especial para los grupos independentistas y nacionalistas de Catalu?a o Pa?s Vasco.
La futura norma considera la pol?tica de cooperaci?n para el desarrollo sostenible “un elemento integral, central y definitorio de la Acci?n Exterior del Estado”, pero reconoce que “dicha pol?tica no se agota en los elementos esenciales de las relaciones internacionales, por lo que, seg?n reiterada jurisprudencia constitucional, existe amplio margen para la acci?n exterior de las Comunidades Aut?nomas en ejercicio de sus competencias”. Por ello reconoce a lo que llama “cooperaci?n descentralizada” como una de las “se?as de identidad y fortaleza de la cooperaci?n al desarrollo sostenible espa?ola y expresi?n solidaria de sus respectivas sociedades”.
Pero ser? el Ministerio de Exteriores el que tenga la prerrogativa de elaborar los planes directores de esa acci?n exterior humanitaria. Deber?n hacerlo escuchando a los distintos actores, “incluyendo a la cooperaci?n descentralizada”, es decir, las Comunidades Aut?nomas. Luego deber?n ser aprobados en el Congreso.
Estas Comunidades Aut?nomas no pueden salirse de sus competencias: “La acci?n de las comunidades aut?nomas en la cooperaci?n para el desarrollo sostenible se desarrollar? seg?n sus respectivos Estatutos de Autonom?a y leyes auton?micas”. Si cumplen este requisito, podr?n participar de los programas de cooperaci?n financiados por la Uni?n Europea “de modo consensuado con el Estado”.
La nueva norma, adem?s, fija que Espa?a destine el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) "en el horizonte del a?o 2030". El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura, aunque la previsi?n en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/gobierno-podra-contratar-empresas-privadas-79023394)
La acci?n humanitaria espa?ola incluye la respuesta de emergencia en desastres naturales, como el env?o urgente de material de socorro o alimentos, la atenci?n a las v?ctimas de los conflictos o la rehabilitaci?n de los destrozos producidos por las guerras, entre otras tareas. Toda esta labor la dirige la Agencia Espa?ola de Cooperaci?n y Desarrollo.
En la nueva ley se especifica que esa acci?n humanitaria puede ser llevada a cabo “por las Administraciones p?blicas directamente o bien a través de organizaciones humanitarias imparciales, otras organizaciones no gubernamentales, y organizaciones internacionales, en particular del sistema de Naciones Unidas y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja”, y a?ade: “También podr? ser llevada a cabo por empresas privadas contratadas al efecto por dichos actores”.
Los concursos y "procesos de licitaci?n de obras, suministros o servicios de las actividades de la cooperaci?n espa?ola estar?n abiertos al sector privado y a otros actores, como las ONGD [Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo], en la medida que contemplen objetivos espec?ficos de tipo medioambiente, social u otros", a?ade el texto.
Esta ?ltima referencia es una de las modificaciones que la mayor?a parlamentaria ha acordado durante el paso del proyecto legislativo por la Comisi?n de Exteriores del Congreso. En otra de las anotaciones se destaca en particular el papel de las empresas de consultor?a como parte de la “asistencia técnica” para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.
Adem?s, se fomentar?n “los partenariados y las alianzas p?blico-privadas entre los ?rganos ejecutores de la cooperaci?n espa?ola contemplados en esta ley y el sector privado empresarial y las entidades de la econom?a social” para la “mejora de las cadenas de valor, el suministro de bienes y servicios o la cooperaci?n financiera”, entre otros.
La participaci?n de compa??as en la acci?n humanitaria es una novedad de esta Ley de Cooperaci?n para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, en caso de que finalmente sea aprobada, como prevén fuentes del Gobierno visto su paso sin incidencias por la Comisi?n de Exteriores. En la votaci?n de la Comisi?n, el dictamen fue respaldado por 21 votos, entre ellos los del PSOE, Unidas Podemos y habituales aliados parlamentarios. El PP vot? en contra. Fuentes del grupo popular han se?alado que la decisi?n sobre el sentido de su voto este jueves a?n no est? tomada.
También es nuevo considerar como cooperantes a las personas que trabajen en consultoras privadas pero para proyectos humanitarios. “Se consideran personas cooperantes a los y las profesionales que trabajen tanto para el sector privado (ONGD, Fundaciones, Asociaciones, empresas consultoras, etcétera) como para el sector p?blico (estatal, auton?mico o local)”, y hay una menci?n especial sobre los “consultores” que hagan proyectos de desarrollo, que también ser?n “cooperantes” y estar?n protegidos por el Estatuto de las Personas Cooperantes.
Proyectos con dinero p?blico
La acci?n humanitaria no debe confundirse con los proyectos de cooperaci?n al desarrollo. Un caso t?pico de la primera es la asistencia a los habitantes de una zona devastada por un terremoto o un tsunami. Médicos sin Fronteras poniendo un hospital de campa?a, por ejemplo. En esas circunstancias es extra?o ver a compa??as privadas. Los proyectos de cooperaci?n al desarrollo, por su parte, son planes que no derivan de una cat?strofe natural. Por ejemplo, llevar tendido eléctrico a una regi?n remota o construir una escuela en una zona empobrecida. Para este segundo tipo ya se promocionaban alianzas p?blico-privadas para el desarrollo (APPD), y se definen en todo su contexto en la nueva norma.
En este sentido, la ley especifica condiciones que las empresas privadas tienen que cumplir para poder conseguir licitaciones, contratos p?blicos o subvenciones de actividades de cooperaci?n espa?ola. As?, el texto fija como “prioritario e indispensable” para la cooperaci?n espa?ola “el respeto a la diversidad sexual y la protecci?n y ”. En el mismo sentido, se destaca la exigencia de promover que “mujeres, adolescentes y ni?as tengan un acceso libre e igualitario a los servicios sociales b?sicos, tales como la educaci?n y la salud” y su protecci?n “frente a todas las formas de violencia, en particular la mutilaci?n genital”. Adem?s, se prestar? “especial consideraci?n a la agricultura y la ganader?a ecol?gicas, el comercio justo y la igualdad de género”.
Acci?n humanitaria de las comunidades aut?nomas
Uno de los puntos m?s enmendados de la propuesta del Gobierno es el ep?grafe dedicado a definir qué tipo de cooperaci?n exterior pueden llevar a cabo las Comunidades Aut?nomas por su cuenta, un punto de interés especial para los grupos independentistas y nacionalistas de Catalu?a o Pa?s Vasco.
La futura norma considera la pol?tica de cooperaci?n para el desarrollo sostenible “un elemento integral, central y definitorio de la Acci?n Exterior del Estado”, pero reconoce que “dicha pol?tica no se agota en los elementos esenciales de las relaciones internacionales, por lo que, seg?n reiterada jurisprudencia constitucional, existe amplio margen para la acci?n exterior de las Comunidades Aut?nomas en ejercicio de sus competencias”. Por ello reconoce a lo que llama “cooperaci?n descentralizada” como una de las “se?as de identidad y fortaleza de la cooperaci?n al desarrollo sostenible espa?ola y expresi?n solidaria de sus respectivas sociedades”.
Pero ser? el Ministerio de Exteriores el que tenga la prerrogativa de elaborar los planes directores de esa acci?n exterior humanitaria. Deber?n hacerlo escuchando a los distintos actores, “incluyendo a la cooperaci?n descentralizada”, es decir, las Comunidades Aut?nomas. Luego deber?n ser aprobados en el Congreso.
Estas Comunidades Aut?nomas no pueden salirse de sus competencias: “La acci?n de las comunidades aut?nomas en la cooperaci?n para el desarrollo sostenible se desarrollar? seg?n sus respectivos Estatutos de Autonom?a y leyes auton?micas”. Si cumplen este requisito, podr?n participar de los programas de cooperaci?n financiados por la Uni?n Europea “de modo consensuado con el Estado”.
La nueva norma, adem?s, fija que Espa?a destine el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) "en el horizonte del a?o 2030". El Gobierno se ha marcado como objetivo alcanzar el 0,5% para el final de la actual legislatura, aunque la previsi?n en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es que en 2023 se alcance el 0,34%.
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