الريــم
11-22-2022, 11:38 AM
La defensa del exdirector del Servicio Canario de la Salud (SCS) Conrado Dom?nguez ha solicitado la nulidad de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha en el marco del denominado 'caso Mascarillas' este lunes, tras conocerse que el Juzgado de Instrucci?n n?mero 7 de Las Palmas de Gran Canaria se inhib?a de la causa en favor de la Fiscal?a Europea.
En un escrito remitido al juzgado, y al que ha tenido acceso este peri?dico, ha explicado que el juez Francisco Javier Garc?a Garc?a-Sotoca sab?a desde el principio de la instrucci?n, que comenz? en julio de 2022, que se estaban viendo afectados fondos europeos. Ello significar?a que, aun sabiendo que no era competente en la materia, sigui? dirigiendo esta fase de investigaci?n en lugar de darle traslado al ?rgano judicial que verdaderamente ten?a esa autoridad.
Y es que la posible presencia de fondos europeos en esta transacci?n -la compra de un mill?n de mascarillas que nunca llegaron a los hospitales por cuatro millones de euros- fue el motivo por el cual la Fiscal?a Europea reclam? para s? la investigaci?n de la causa el 9 de noviembre, en la resoluci?n 49/2022, que dio traslado al juzgado de instrucci?n capitalino, que en la ma?ana de este lunes emit?a el auto de avocaci?n del caso en favor del organismo comunitario.
Seg?n la defensa de Conrado Dom?nguez, encarnada en el abogado José Mar?a Dom?nguez Silva, el juzgado "ha estado investigando una serie de presuntos hechos delictivos que, desde un principio, desde la denuncia formulada en Fiscal?a que dio lugar a las preprocesales tramitadas por ésta y a la querella, se sab?a que afectaban o perjudicaban a las finanzas o patrimonio de la Uni?n Europea". De esta manera, se est? vulnerando la legislaci?n espa?ola que dio lugar a la cooperaci?n judicial con el Ministerio p?blico comunitario.
Abstenerse de tomar decisiones
Seg?n apunta en su escrito de nulidad, "cuando el Ministerio Fiscal o un ?rgano judicial hayan iniciado una investigaci?n por hechos cuya competencia podr?a ser ejercida por los fiscales europeos delegados, lo pondr?n en conocimiento de estos a los efectos de permitir el ejercicio del derecho de avocaci?n en los términos previstos en el art?culo 27 del Reglamento y deber?n abstenerse de tomar decisiones que puedan impedirlo, sin perjuicio de adoptar aquellas urgentes dirigidas a asegurar la investigaci?n y el ejercicio de la acci?n penal”.
Es decir, que el juez no cumpli? con lo dispuesto en la Ley Org?nica 9/2021 por la que se establece una cooperaci?n reforzada para la creaci?n de la Fiscal?a Europea. Y, por ello, la defensa de Dom?nguez interesa la nulidad de todos los actos judiciales que se han practicado hasta la fecha y que el procedimiento contin?e el curso legal que le corresponda en virtud a esta normativa.
En la ?ltima resoluci?n p?blica del juez Garc?a Garc?a-Sotoca, de 30 de octubre de 2022, anunciaba que la declaraci?n de uno los principales inculpados, el empresario Rayco Rubén Gonz?lez, hab?a "propiciado un giro radical" a lo instruido hasta ese momento y apuntaba que la causa pod?a extenderse a m?s contratos cerrados por la sanidad p?blica. Ese mismo d?a decid?a decretar el secreto de las actuaciones.
http://www.uc-4u.com/clip/4d395277-0e41-49f5-ae2b-09683b5acdf6_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg El abogado Rachid Mohamed Hammu y el administrador de RR7, Rayco Rubén Gonzalez, a la salida del juzgado. | EFE
En el 'caso Mascarillas', se investigan las circunstancias en las que el SCS encarg? en las semanas iniciales de la pandemia de Covid-19 la importaci?n de una partida de un mill?n de cubrebocas de clase FFP-3 a una sociedad sin experiencia alguna en el sector, RR7, que cobr? por adelantado cuatro millones de euros pero que nunca lleg? a completar el encargo, tampoco en un momento posterior, en 2021, en el que se le dio una segunda oportunidad desde el departamento auton?mico.
Por estos hechos, el empresario Rayco Rubén Gonz?lez, administrador de RR7, est? imputado en delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales y quien fuera director del SCS en aquellas fechas, Conrado Dom?nguez, en prevaricaci?n y tr?fico de influencias.
Este caso provoc? la dimisi?n de Conrado Dom?nguez, quien renunci? a su cargo el pasado 3 de noviembre, después de que se conocieran las implicaciones de la declaraci?n de Rayco Rubén Gonz?lez y que, a ra?z de ellas, el juez del caso ampliaba la investigaci?n a un quinto delito: malversaci?n de fondos p?blicos. Lo hac?a, seg?n su escrito de renuncia, para poder centrarse en su defensa sin perjudicar al SCS.
Opiniones enfrentadas
Por su parte, desde la Asociaci?n en Defensa de la Sanidad P?blica en Canarias, su portavoz Guillermo de la Barreda coment? que si el juez tom? esta decisi?n es porque "ha encontrado indicios suficientes de que se pagaron las mascarillas con fondos europeos". Ello podr?a provocar que no pudieran seguir ejerciendo la acusaci?n popular, ya que en la jurisdicci?n europea no tiene cabida esta figura, a diferencia de lo que ocurre en la justicia espa?ola. "Pese a ello, nuestros abogados est?n analizando este auto y todo lo que ha generado el caso hasta el momento para tener claro qué podemos hacer", indic? a este respecto. Adem?s, crey? "positivo" que las actuaciones hayan sido asumidas por la Fiscal?a Europea, "porque el contexto est? dentro de una serie de actuaciones que se han llevado a cabo dentro de ese periodo del Covid, y al parecer hay m?s de lo que se cre?a".
Por su parte, el abogado de Rayco Rubén Gonz?lez, Rachid Mohamed, apunt? que no pueden "llegar a valorar la legalidad o acierto de la “avocaci?n” de competencia acordada, dado que el secreto de las actuaciones se ha extendido a este incidente". Pese a ello, censura este procedimiento porque se est? viendo afectado el derecho constitucional al juez legal predeterminado por ley. "Conf?o en que al menos se nos de traslado de todo lo actuado en este incidente, y en su caso, proceder en consecuencia", concluy?.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/defensa-exdirector-sanidad-canaria-pide-78902471)
En un escrito remitido al juzgado, y al que ha tenido acceso este peri?dico, ha explicado que el juez Francisco Javier Garc?a Garc?a-Sotoca sab?a desde el principio de la instrucci?n, que comenz? en julio de 2022, que se estaban viendo afectados fondos europeos. Ello significar?a que, aun sabiendo que no era competente en la materia, sigui? dirigiendo esta fase de investigaci?n en lugar de darle traslado al ?rgano judicial que verdaderamente ten?a esa autoridad.
Y es que la posible presencia de fondos europeos en esta transacci?n -la compra de un mill?n de mascarillas que nunca llegaron a los hospitales por cuatro millones de euros- fue el motivo por el cual la Fiscal?a Europea reclam? para s? la investigaci?n de la causa el 9 de noviembre, en la resoluci?n 49/2022, que dio traslado al juzgado de instrucci?n capitalino, que en la ma?ana de este lunes emit?a el auto de avocaci?n del caso en favor del organismo comunitario.
Seg?n la defensa de Conrado Dom?nguez, encarnada en el abogado José Mar?a Dom?nguez Silva, el juzgado "ha estado investigando una serie de presuntos hechos delictivos que, desde un principio, desde la denuncia formulada en Fiscal?a que dio lugar a las preprocesales tramitadas por ésta y a la querella, se sab?a que afectaban o perjudicaban a las finanzas o patrimonio de la Uni?n Europea". De esta manera, se est? vulnerando la legislaci?n espa?ola que dio lugar a la cooperaci?n judicial con el Ministerio p?blico comunitario.
Abstenerse de tomar decisiones
Seg?n apunta en su escrito de nulidad, "cuando el Ministerio Fiscal o un ?rgano judicial hayan iniciado una investigaci?n por hechos cuya competencia podr?a ser ejercida por los fiscales europeos delegados, lo pondr?n en conocimiento de estos a los efectos de permitir el ejercicio del derecho de avocaci?n en los términos previstos en el art?culo 27 del Reglamento y deber?n abstenerse de tomar decisiones que puedan impedirlo, sin perjuicio de adoptar aquellas urgentes dirigidas a asegurar la investigaci?n y el ejercicio de la acci?n penal”.
Es decir, que el juez no cumpli? con lo dispuesto en la Ley Org?nica 9/2021 por la que se establece una cooperaci?n reforzada para la creaci?n de la Fiscal?a Europea. Y, por ello, la defensa de Dom?nguez interesa la nulidad de todos los actos judiciales que se han practicado hasta la fecha y que el procedimiento contin?e el curso legal que le corresponda en virtud a esta normativa.
En la ?ltima resoluci?n p?blica del juez Garc?a Garc?a-Sotoca, de 30 de octubre de 2022, anunciaba que la declaraci?n de uno los principales inculpados, el empresario Rayco Rubén Gonz?lez, hab?a "propiciado un giro radical" a lo instruido hasta ese momento y apuntaba que la causa pod?a extenderse a m?s contratos cerrados por la sanidad p?blica. Ese mismo d?a decid?a decretar el secreto de las actuaciones.
http://www.uc-4u.com/clip/4d395277-0e41-49f5-ae2b-09683b5acdf6_16-9-aspect-ratio_default_0.jpg El abogado Rachid Mohamed Hammu y el administrador de RR7, Rayco Rubén Gonzalez, a la salida del juzgado. | EFE
En el 'caso Mascarillas', se investigan las circunstancias en las que el SCS encarg? en las semanas iniciales de la pandemia de Covid-19 la importaci?n de una partida de un mill?n de cubrebocas de clase FFP-3 a una sociedad sin experiencia alguna en el sector, RR7, que cobr? por adelantado cuatro millones de euros pero que nunca lleg? a completar el encargo, tampoco en un momento posterior, en 2021, en el que se le dio una segunda oportunidad desde el departamento auton?mico.
Por estos hechos, el empresario Rayco Rubén Gonz?lez, administrador de RR7, est? imputado en delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales y quien fuera director del SCS en aquellas fechas, Conrado Dom?nguez, en prevaricaci?n y tr?fico de influencias.
Este caso provoc? la dimisi?n de Conrado Dom?nguez, quien renunci? a su cargo el pasado 3 de noviembre, después de que se conocieran las implicaciones de la declaraci?n de Rayco Rubén Gonz?lez y que, a ra?z de ellas, el juez del caso ampliaba la investigaci?n a un quinto delito: malversaci?n de fondos p?blicos. Lo hac?a, seg?n su escrito de renuncia, para poder centrarse en su defensa sin perjudicar al SCS.
Opiniones enfrentadas
Por su parte, desde la Asociaci?n en Defensa de la Sanidad P?blica en Canarias, su portavoz Guillermo de la Barreda coment? que si el juez tom? esta decisi?n es porque "ha encontrado indicios suficientes de que se pagaron las mascarillas con fondos europeos". Ello podr?a provocar que no pudieran seguir ejerciendo la acusaci?n popular, ya que en la jurisdicci?n europea no tiene cabida esta figura, a diferencia de lo que ocurre en la justicia espa?ola. "Pese a ello, nuestros abogados est?n analizando este auto y todo lo que ha generado el caso hasta el momento para tener claro qué podemos hacer", indic? a este respecto. Adem?s, crey? "positivo" que las actuaciones hayan sido asumidas por la Fiscal?a Europea, "porque el contexto est? dentro de una serie de actuaciones que se han llevado a cabo dentro de ese periodo del Covid, y al parecer hay m?s de lo que se cre?a".
Por su parte, el abogado de Rayco Rubén Gonz?lez, Rachid Mohamed, apunt? que no pueden "llegar a valorar la legalidad o acierto de la “avocaci?n” de competencia acordada, dado que el secreto de las actuaciones se ha extendido a este incidente". Pese a ello, censura este procedimiento porque se est? viendo afectado el derecho constitucional al juez legal predeterminado por ley. "Conf?o en que al menos se nos de traslado de todo lo actuado en este incidente, y en su caso, proceder en consecuencia", concluy?.
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