الريــم
11-10-2022, 06:22 PM
El secretario general para la Innovaci?n y Calidad del Servicio P?blico de Justicia, Manuel Olmedo, ha se?alado que el "actual" Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) est? incumpliendo la normativa al tener un "déficit" de 300 plazas de jueces sin convocar desde el a?o 2013 por el cuarto turno, el acceso destinado para juristas de reconocida competencia, porque las "deber?a haber convocado durante estos nuevos a?os si respetara la ley".
Durante su intervenci?n este jueves en la Comisi?n de Justicia del Congreso, Olmedo ha subrayado que "la competencia" para la convocatoria final y la selecci?n de jueces no es del Ministerio, sino del CGPJ, que lleva -ha enfatizado- "nueve a?os de mandato".
"Seg?n nuestros c?lculos, el actual CGPJ tiene un déficit de 300 plazas que deber?a haber convocado durante estos nueve a?os si respetara la ley org?nica del Poder Judicial, es decir, si convocara una de cada cuatro plazas vacantes en la categor?a de magistrado", ha precisado Olmedo al referirse al "cuarto turno", un método de ingreso en la carrera judicial mediante concurso para juristas de reconocida competencia que tengan m?s de diez a?os de experiencia profesional.
Lo ha dicho en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha afeado a Justicia que se convoquen pocas plazas para jueces y fiscales. A esto, Olmedo ha recordado que en 2022 el Gobierno de Pedro S?nchez ha convocado 200 y que en 2023 ser?n 300, frente a las cero de 2012, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.
Desde Ciudadanos y también desde Vox han insistido, como en anteriores ocasiones, en que el problema no es tanto de inversi?n, sino de gesti?n de los recursos, ya que en Espa?a hay 11 jueces operativos por cada 100.000 habitantes y el promedio europeo es de 17, cuando Espa?a invierte m?s dinero que la media en Justicia.
Para el secretario de innovaci?n, esos datos comparativos con Europa "no hacen referencia al grado de sustituci?n por parte de jueces sustitutos y magistrados suplentes que hay en Espa?a". "Si los tuviéramos en cuenta se acercar?an a las medias europeas", ha dicho.
Con todo, Olmedo ha replicado a los portavoces parlamentarios que "no se pueden crear plazas sin m?s", porque crear una plaza de juez "significa crear una unidad judicial, que cuesta mucho dinero".
"Si el atasco lo tenemos en los jueces, lo primero que tenemos que hacer es transitar y transformar nuestra actual primera instancia en un tribunal de instancia, donde ser? much?simo m?s sencillo crear una plaza de juez sin tener que crear m?s plazas para letrados, funcionarios...", ha a?adido Olmedo, que ha considerado "necesario" que salgan adelante los proyectos de ley del plan Justicia 2030.
Condenar en costas si se evita la mediaci?n
Olmedo, que ha comparecido para debatir sobre el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, ha expresado que la Justicia espa?ola tiene dos grandes problemas, a mejorar con estos proyectos: la "nefasta" organizaci?n judicial y la alta litigiosidad.
Ha abogado por "intensificar los esfuerzos por alentar el recurso de la mediaci?n" y de otros medios adecuados de resoluci?n de controversias antes de acudir finalmente a los tribunales.
Olmedo ha explicado que estos medios suponen un "cambio de paradigma cultural" en la actuaci?n de los tribunales y ha detallado que con este proyecto se "puede condenar en costas cuando se detecte la existencia de un abuso del servicio p?blico de justicia, aunque la parte haya visto estimadas todas sus pretensiones en el juicio".
Ha dicho que es un concepto novedoso que puede solapar en algunos aspectos otros conceptos temas tradicionales como la temeridad, la mala fe o el abuso del Derecho, pero que "tiene un ?mbito de actuaci?n propio y la jurisprudencia lo decantar? oportunamente".
Esta condena, seg?n ha precisado Olmedo, se aplicar? cuando una parte evite "injustificadamente" el recurso a un medio adecuado de soluci?n para resolver su conflicto antes de acudir a los tribunales.
La normativa propuesta establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles que exige haber intentado una soluci?n consensuada antes de interponer una demanda judicial. Para ello, las partes podr?n cumplir dicho requisito mediante la negociaci?n directa, la opini?n de un experto independiente, la conciliaci?n, la mediaci?n o una oferta vinculante confidencial.
Durante la Comisi?n, el director general de la Asociaci?n Espa?ola de Mediaci?n (ASEMED), Jes?s Lorenzo, se ha posicionado en contra de que los medios alternativos de resoluci?n pasen a ser obligatorios y ha apostado por que sean de "absoluta voluntariedad mitigada".
Lorenzo ha abogado por que las personas que van a enfrentarse en un proceso judicial acudan antes a un mediador y reciban una sesi?n informativa sobre esta alternativa, ya que sus estad?sticas indican que "entre el 70 y 75 por ciento de las veces llegan a un acuerdo".
"Estamos preparados y deseando ayudar a la ciudadan?a", ha resaltado el dirigente de ASEMED, que ha comentado que trabaja en un programa de mediaci?n en las c?rceles con presos peligrosos con el que recientemente ha logrado un acuerdo de paz entre bandas latinas.
El futuro de la videoconferencia
Por otra parte, y a preguntas de la diputada de Podemos Martina Velarde, el secretario del Ministerio ha reconocido que existe preocupaci?n en los operadores jur?dicos sobre la regulaci?n de la videoconferencia tras su normalizaci?n como consecuencia de la pandemia, pero ha puntualizado que la propuesta del Gobierno exige la presencia f?sica del acusado en el juicio "en determinados casos".
Ser?n, ha a?adido, "los juicios por delito grave y a petici?n suya o de su defensa en la audiencia cuando se solicite la prisi?n y en los juicios cuando se solicita pena de prisi?n superior a dos a?os".
Olmedo ha respondido a Podemos que hay ?rganos jurisdiccionales donde la presencialidad "no es tan delicada como en el orden penal", apuntando que en el civil "muchas veces solo van los abogados".
"No veo ning?n inconveniente en que se pueda realizar telem?ticamente, pero en todo caso, en la mayor parte de los supuestos se deja la decisi?n final en manos del juez o tribunal", ha zanjado el secretario de innovaci?n, no sin antes se?alar que la identidad de quien comparezca por videoconferencia se va a garantizar con un sistema de firma electr?nica, para as? tener la "absoluta certeza" de que la persona que haya al otro lado "es quien dice ser".
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/justicia-dice-cgpj-incumple-ley-78391456)
Durante su intervenci?n este jueves en la Comisi?n de Justicia del Congreso, Olmedo ha subrayado que "la competencia" para la convocatoria final y la selecci?n de jueces no es del Ministerio, sino del CGPJ, que lleva -ha enfatizado- "nueve a?os de mandato".
"Seg?n nuestros c?lculos, el actual CGPJ tiene un déficit de 300 plazas que deber?a haber convocado durante estos nueve a?os si respetara la ley org?nica del Poder Judicial, es decir, si convocara una de cada cuatro plazas vacantes en la categor?a de magistrado", ha precisado Olmedo al referirse al "cuarto turno", un método de ingreso en la carrera judicial mediante concurso para juristas de reconocida competencia que tengan m?s de diez a?os de experiencia profesional.
Lo ha dicho en respuesta al portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha afeado a Justicia que se convoquen pocas plazas para jueces y fiscales. A esto, Olmedo ha recordado que en 2022 el Gobierno de Pedro S?nchez ha convocado 200 y que en 2023 ser?n 300, frente a las cero de 2012, cuando gobernaba el PP de Mariano Rajoy.
Desde Ciudadanos y también desde Vox han insistido, como en anteriores ocasiones, en que el problema no es tanto de inversi?n, sino de gesti?n de los recursos, ya que en Espa?a hay 11 jueces operativos por cada 100.000 habitantes y el promedio europeo es de 17, cuando Espa?a invierte m?s dinero que la media en Justicia.
Para el secretario de innovaci?n, esos datos comparativos con Europa "no hacen referencia al grado de sustituci?n por parte de jueces sustitutos y magistrados suplentes que hay en Espa?a". "Si los tuviéramos en cuenta se acercar?an a las medias europeas", ha dicho.
Con todo, Olmedo ha replicado a los portavoces parlamentarios que "no se pueden crear plazas sin m?s", porque crear una plaza de juez "significa crear una unidad judicial, que cuesta mucho dinero".
"Si el atasco lo tenemos en los jueces, lo primero que tenemos que hacer es transitar y transformar nuestra actual primera instancia en un tribunal de instancia, donde ser? much?simo m?s sencillo crear una plaza de juez sin tener que crear m?s plazas para letrados, funcionarios...", ha a?adido Olmedo, que ha considerado "necesario" que salgan adelante los proyectos de ley del plan Justicia 2030.
Condenar en costas si se evita la mediaci?n
Olmedo, que ha comparecido para debatir sobre el proyecto de ley de medidas de eficiencia procesal, ha expresado que la Justicia espa?ola tiene dos grandes problemas, a mejorar con estos proyectos: la "nefasta" organizaci?n judicial y la alta litigiosidad.
Ha abogado por "intensificar los esfuerzos por alentar el recurso de la mediaci?n" y de otros medios adecuados de resoluci?n de controversias antes de acudir finalmente a los tribunales.
Olmedo ha explicado que estos medios suponen un "cambio de paradigma cultural" en la actuaci?n de los tribunales y ha detallado que con este proyecto se "puede condenar en costas cuando se detecte la existencia de un abuso del servicio p?blico de justicia, aunque la parte haya visto estimadas todas sus pretensiones en el juicio".
Ha dicho que es un concepto novedoso que puede solapar en algunos aspectos otros conceptos temas tradicionales como la temeridad, la mala fe o el abuso del Derecho, pero que "tiene un ?mbito de actuaci?n propio y la jurisprudencia lo decantar? oportunamente".
Esta condena, seg?n ha precisado Olmedo, se aplicar? cuando una parte evite "injustificadamente" el recurso a un medio adecuado de soluci?n para resolver su conflicto antes de acudir a los tribunales.
La normativa propuesta establece un requisito de procedibilidad en los procedimientos civiles y mercantiles que exige haber intentado una soluci?n consensuada antes de interponer una demanda judicial. Para ello, las partes podr?n cumplir dicho requisito mediante la negociaci?n directa, la opini?n de un experto independiente, la conciliaci?n, la mediaci?n o una oferta vinculante confidencial.
Durante la Comisi?n, el director general de la Asociaci?n Espa?ola de Mediaci?n (ASEMED), Jes?s Lorenzo, se ha posicionado en contra de que los medios alternativos de resoluci?n pasen a ser obligatorios y ha apostado por que sean de "absoluta voluntariedad mitigada".
Lorenzo ha abogado por que las personas que van a enfrentarse en un proceso judicial acudan antes a un mediador y reciban una sesi?n informativa sobre esta alternativa, ya que sus estad?sticas indican que "entre el 70 y 75 por ciento de las veces llegan a un acuerdo".
"Estamos preparados y deseando ayudar a la ciudadan?a", ha resaltado el dirigente de ASEMED, que ha comentado que trabaja en un programa de mediaci?n en las c?rceles con presos peligrosos con el que recientemente ha logrado un acuerdo de paz entre bandas latinas.
El futuro de la videoconferencia
Por otra parte, y a preguntas de la diputada de Podemos Martina Velarde, el secretario del Ministerio ha reconocido que existe preocupaci?n en los operadores jur?dicos sobre la regulaci?n de la videoconferencia tras su normalizaci?n como consecuencia de la pandemia, pero ha puntualizado que la propuesta del Gobierno exige la presencia f?sica del acusado en el juicio "en determinados casos".
Ser?n, ha a?adido, "los juicios por delito grave y a petici?n suya o de su defensa en la audiencia cuando se solicite la prisi?n y en los juicios cuando se solicita pena de prisi?n superior a dos a?os".
Olmedo ha respondido a Podemos que hay ?rganos jurisdiccionales donde la presencialidad "no es tan delicada como en el orden penal", apuntando que en el civil "muchas veces solo van los abogados".
"No veo ning?n inconveniente en que se pueda realizar telem?ticamente, pero en todo caso, en la mayor parte de los supuestos se deja la decisi?n final en manos del juez o tribunal", ha zanjado el secretario de innovaci?n, no sin antes se?alar que la identidad de quien comparezca por videoconferencia se va a garantizar con un sistema de firma electr?nica, para as? tener la "absoluta certeza" de que la persona que haya al otro lado "es quien dice ser".
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