الريــم
11-10-2022, 05:51 PM
La Fiscal?a Anticorrupci?n insiste en la trascendencia penal de los trabajos reputacionales pagados con dinero p?blico que fueron realizados por el 'conseguidor' de la trama P?nica Alejandro de Pedro para cargos del PP en distintos territorios espa?oles, como de los que se beneficiaron exresponsables de la Diputaci?n de Le?n que han comenzado a ser juzgados este jueves en la Audiencia Nacional. Sobre la naturaleza de estos trabajos pivota gran parte de la acusaci?n en este juicio.
La postura de la acusaci?n p?blica en P?nica ha sido evidenciada por la fiscal Teresa G?lvez durante la vista oral en respuesta a los argumentos de algunas defensas, que durante las cuestiones previas al juicio han alegado que la Fiscal?a del propio Tribunal Supremo no vio delito en la naturaleza de trabajos idénticos por los que fue investigada la que fuera senadora del PP y alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro. Este procedimiento fue archivado por la magistrada del alto tribunal Ana Ferrer en octubre de 2018.
En su d?a, la Fiscal?a del Supremo reconoci? la dificultad de "separar la promoci?n institucional del prestigio personal del pol?tico" y solicit? el archivo del procedimiento por falta de indicios, al entender que los hechos que se presentaban contra Barreiro no presentaban un perfil delictivo suficiente como para poder actuar contra ella.
G?lvez, por su parte, ha mostrado su discrepancia con su compa?ero del Supremo que realiz? dicho an?lisis, y ha recordado que cuando Ferrer archiv? provisionalmente los hechos también dijo que en este asunto se ech? en falta la realizaci?n de un informe pericial sobre los trabajos en Murcia, informes que abundar?n en la rama de Le?n. La ley de publicidad institucional, ha recordado, proh?be que este tipo de actividad sirva para ensalzar al cargo p?blico en cuesti?n, con independencia de promocionar su actividad institucional.
Para G?lvez, "lo resuelto por un tribunal no vincula ni condiciona a otro", que "con soberano criterio" puede aceptar como definitivo lo ya resuelto por otro ?rgano o decir la cosa contraria,. Ha a?adido que un asunto no puede causar una "interferencia en la apropiaci?n racional de la prueba" en otro procedimiento diferente ni “encorsetar” la postura del fiscal en el mismo. También ha recordado que el auto de la magistrada Ferrer en el Supremo a?ad?a que lo dicho en el caso Barreiro no ten?a por qué afectar a otras piezas de la trama P?nica.
Hechos juzgados
En este asunto se juzga a De Pedro junto con a dos excargos del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputaci?n Mart?n Marcos Mart?nez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente S?nchez, que se enfrentan a penas de entre 8 y 5 a?os y medio de prisi?n por el empleo de dinero p?blico en los trabajos de reputaci?n 'online' y asesoramiento al Mart?n Marcos y por la adjudicaci?n de contratos para la estaci?n de esqu? de San Isidro.
Por estos hechos también se acusa al exinterventor de la Diputaci?n Manuel Jes?s L?pez S?nchez; al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y a una empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, adem?s de a las empresas que desarrollaron los trabajos, Eico Online y Madiva Editorial, que habr?an recibido unos 90.000 euros de fondos p?blicos de forma irregular.
"El objetivo de todo ello era producir campa?as de imagen personales que construyeran una reputaci?n positiva en Internet, vinculada a los nombres del pol?tico, que neutralizara las noticias negativas o mejorara su perfil p?blico", se?ala la Fiscal?a en su escrito. Para alcanzar este objetivo empleaban decenas de peri?dicos digitales -muchos de ellos "zombies", sin actualizar- que hac?an de "motores de réplica", "sin ning?n interés period?stico", de las noticias positivas.
Se trata de la segunda pieza que se juzga de la trama P?nica, la primera de las juzgadas ya supuso la condena para un guardia civil, José Manuel Rodr?guez Talamino, de dos a?os de c?rcel por las filtraciones que originaron “un grave da?o” a la investigaci?n y un beneficio econ?mico para el agente. Talamino advirti? a Francisco Granados, exdirigente regional del PP, de la instalaci?n de una c?mara frente al edificio donde su socio y otro de los dirigentes de la trama, el empresario David Marjaliza, dirig?a sus negocios en la localidad madrile?a de Pinto.
Durante la primera sesi?n del juicio ?nicamente se han sustanciado las cuestiones previas, que han sido utilizadas por las defensas para aportar documental y alegar la falta de competencia de la Audiencia Nacional para ver estos hechos, lo que ha sido respondido por la Fiscal?a en el sentido de que este asunto forma parte inescindible de P?nica, pues comparte las identidades y forma de actuar de determinados empresarios y entidades como las vinculadas a De Pedro que se vieron presuntamente beneficiados con dinero p?blico en territorios gobernados con el PP con otras piezas de la trama.
Rechazan también el planteamiento de dilaciones indebidas planteado por Carlos G?mez-Jara, defensor de De Pedro, dada la gran cantidad de recursos de presentados por las defensas, as? como otros aspectos relativos a nulidades en relaci?n con las escuchas telef?nicas o la vulneraci?n de derechos fundamentales en las entradas y registros. "Parece que no quieren que entremos a juzgar los hechos", ha manifestado la representante del Ministerio P?blico.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/anticorrupcion-insiste-trascendencia-trabajos-reputacionales-78391038)
La postura de la acusaci?n p?blica en P?nica ha sido evidenciada por la fiscal Teresa G?lvez durante la vista oral en respuesta a los argumentos de algunas defensas, que durante las cuestiones previas al juicio han alegado que la Fiscal?a del propio Tribunal Supremo no vio delito en la naturaleza de trabajos idénticos por los que fue investigada la que fuera senadora del PP y alcaldesa de Cartagena (Murcia) Pilar Barreiro. Este procedimiento fue archivado por la magistrada del alto tribunal Ana Ferrer en octubre de 2018.
En su d?a, la Fiscal?a del Supremo reconoci? la dificultad de "separar la promoci?n institucional del prestigio personal del pol?tico" y solicit? el archivo del procedimiento por falta de indicios, al entender que los hechos que se presentaban contra Barreiro no presentaban un perfil delictivo suficiente como para poder actuar contra ella.
G?lvez, por su parte, ha mostrado su discrepancia con su compa?ero del Supremo que realiz? dicho an?lisis, y ha recordado que cuando Ferrer archiv? provisionalmente los hechos también dijo que en este asunto se ech? en falta la realizaci?n de un informe pericial sobre los trabajos en Murcia, informes que abundar?n en la rama de Le?n. La ley de publicidad institucional, ha recordado, proh?be que este tipo de actividad sirva para ensalzar al cargo p?blico en cuesti?n, con independencia de promocionar su actividad institucional.
Para G?lvez, "lo resuelto por un tribunal no vincula ni condiciona a otro", que "con soberano criterio" puede aceptar como definitivo lo ya resuelto por otro ?rgano o decir la cosa contraria,. Ha a?adido que un asunto no puede causar una "interferencia en la apropiaci?n racional de la prueba" en otro procedimiento diferente ni “encorsetar” la postura del fiscal en el mismo. También ha recordado que el auto de la magistrada Ferrer en el Supremo a?ad?a que lo dicho en el caso Barreiro no ten?a por qué afectar a otras piezas de la trama P?nica.
Hechos juzgados
En este asunto se juzga a De Pedro junto con a dos excargos del Partido Popular en esa provincia, el expresidente de la Diputaci?n Mart?n Marcos Mart?nez y el exjefe de gabinete Pedro Vicente S?nchez, que se enfrentan a penas de entre 8 y 5 a?os y medio de prisi?n por el empleo de dinero p?blico en los trabajos de reputaci?n 'online' y asesoramiento al Mart?n Marcos y por la adjudicaci?n de contratos para la estaci?n de esqu? de San Isidro.
Por estos hechos también se acusa al exinterventor de la Diputaci?n Manuel Jes?s L?pez S?nchez; al exalcalde de Cartagena José Antonio Alonso Conesa y a una empleada de De Pedro, Guadalupe Caballero, adem?s de a las empresas que desarrollaron los trabajos, Eico Online y Madiva Editorial, que habr?an recibido unos 90.000 euros de fondos p?blicos de forma irregular.
"El objetivo de todo ello era producir campa?as de imagen personales que construyeran una reputaci?n positiva en Internet, vinculada a los nombres del pol?tico, que neutralizara las noticias negativas o mejorara su perfil p?blico", se?ala la Fiscal?a en su escrito. Para alcanzar este objetivo empleaban decenas de peri?dicos digitales -muchos de ellos "zombies", sin actualizar- que hac?an de "motores de réplica", "sin ning?n interés period?stico", de las noticias positivas.
Se trata de la segunda pieza que se juzga de la trama P?nica, la primera de las juzgadas ya supuso la condena para un guardia civil, José Manuel Rodr?guez Talamino, de dos a?os de c?rcel por las filtraciones que originaron “un grave da?o” a la investigaci?n y un beneficio econ?mico para el agente. Talamino advirti? a Francisco Granados, exdirigente regional del PP, de la instalaci?n de una c?mara frente al edificio donde su socio y otro de los dirigentes de la trama, el empresario David Marjaliza, dirig?a sus negocios en la localidad madrile?a de Pinto.
Durante la primera sesi?n del juicio ?nicamente se han sustanciado las cuestiones previas, que han sido utilizadas por las defensas para aportar documental y alegar la falta de competencia de la Audiencia Nacional para ver estos hechos, lo que ha sido respondido por la Fiscal?a en el sentido de que este asunto forma parte inescindible de P?nica, pues comparte las identidades y forma de actuar de determinados empresarios y entidades como las vinculadas a De Pedro que se vieron presuntamente beneficiados con dinero p?blico en territorios gobernados con el PP con otras piezas de la trama.
Rechazan también el planteamiento de dilaciones indebidas planteado por Carlos G?mez-Jara, defensor de De Pedro, dada la gran cantidad de recursos de presentados por las defensas, as? como otros aspectos relativos a nulidades en relaci?n con las escuchas telef?nicas o la vulneraci?n de derechos fundamentales en las entradas y registros. "Parece que no quieren que entremos a juzgar los hechos", ha manifestado la representante del Ministerio P?blico.
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