الريــم
11-09-2022, 03:51 PM
Un informe del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, presentado ayer martes durante una jornada sobre el agua celebrada en el Centro Log?stico de la Comunidad de Regantes Riegos de Levante Margen Derecha ( Rojales), ha puesto las primeras cifras econ?mica negativas al recorte del agua del Tajo para la industria agroalimentaria de la zona abastecida por el trasvase Tajo-Segura, decidido unilateralmente por la vicepresidenta Teresa Ribera durante los ?ltimos cuatro a?os. En concreto, y pese a las recomendaci?n de los técnicos para enviar hasta 20 hm3 al mes, el Tajo ha dejado de trasvasar entre 2018 y 2022 -el acueducto est? hoy cerrado por obras- un total de 147, 3 hm³ de agua, lo que ha tenido una repercusi?n econ?mica de casi 600 millones de euros.
El profesor Joaqu?n Melgarejo, responsable de la C?tedra del Agua de la Universidad de Alicante y coordinador le informe, subraya que desde la toma de posesi?n de la ministra Teresa Ribera del Ministerio de Transici?n Ecol?gica en junio de 2018, se han producido de forma arbitraria, en contra de las recomendaciones de la Comisi?n Central de Explotaci?n del ATTS, una reducci?n de 147,3 hm3 a la cuenca del Segura, en contra de la recomendaci?n de los propios técnicos de la comisi?n de explotaci?n.
Seg?n los c?lculos del profesor Melgarejo “cada hect?metro c?bico que se deja de trasvasar tiene un impacto econ?mico de cuatro millones euros y una repercusi?n negativa sobre el empleo de 87 trabajadores. El montante total de pérdidas econ?micas producidas como consecuencia de las decisiones arbitrarias de la ministra, no motivadas, para la cuenca del Segura receptora de los caudales procedentes del trasvase durante estos cuatro a?os ascienden a 590,8 millones de euros”. De esta cantidad, a la provincia de Alicante le afecta en unos 180 millones de euros, seg?n el informe coordinado por el profesor Joaqu?n Melgarejo, director de la c?tedra del Agua UA-Diputaci?n de Alicante.
"Cada hect?metro c?bico que se deja de trasvasar tiene un impacto econ?mico de cuatro millones euros"
Alberto del Villar, economista de la Universidad de Alcal?, apunt?, en este sentido, que el regad?o que depende del agua del Tajo es una actividad estratégica que desempe?a una labor esencial en la creaci?n de valor de las actividades econ?micas regionales. Por s? s?lo, el sector genera una producci?n de m?s de 1.900 millones de euros, con una aportaci?n al VAB (Valor A?adido Bruto) nacional de unos 870 millones, y empleando a unos 30.100 trabajadores. La actividad econ?mica indirecta generada por las actividades vinculadas a las explotaciones de regad?o del trasvase se estima en unos 2.740 millones de euros aportando unos 67.000 empleos en Alicante y Murcia.
Villar advierte de que toda actividad tiene consecuencias externas sobre terceros, otras actividades o el entorno d?nde se desarrollan, tanto negativas como positivas. “Utilizando criterios de valoraci?n econ?mica basados en la correcci?n de estos efectos, se puede estimar un coste econ?mico de las actividades del regad?o de unos 1.171,87 euros/ha/a?o. Cifra que ascender?a a unos 176,6 millones de euros /a?o para toda la superficie regada del acueducto”.
"Los cultivos de regad?o son un sumidero de carbono con la fijaci?n de unas 707.276 - 1.208.084 tonelada de CO2/a?o"
El profesor apunt?, por otro lado, que los cultivos de regad?o son un sumidero de carbono, cuyo balance neto anual se estima en la fijaci?n de entre 707.276 y 1.208.084 tonelada de CO2/a?o. Utilizando los valores recomendados por la Comisi?n Europea para los proyectos de mitigaci?n del cambio clim?tico, obtenemos un valor de este beneficio ambiental estimado en entre 641 y 6.414 de euros hect?rea /a?o. Valores que proporcionar?an un beneficio econ?mico de unos 475,1 millones de euros.En términos netos, estos efectos externos alcanzan un beneficio de casi 300 millones de euros al a?o adicionales, compensando los beneficios de sumidero de carbono a los efectos de la contaminaci?n por nitratos. “Lo anterior no quiere decir que no haya que tomar medidas para resolver los problemas de contaminaci?n. Pero hay que ser inteligentes con las opciones”, se?al? Alberto del Villar.Estrategia calculada
Andrés Molina, director, del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, apunt?, por su parte, que el fracaso de la v?a legislativa para cancelar el trasvase Tajo-Segura (Estatuto de Castilla La Mancha, abril de 2008) ha evolucionado a una estrategia de reducci?n progresiva del trasvase por v?a reglamentaria (planificaci?n hidrol?gica y reforma de la regla de explotaci?n) mediante decisiones administrativas como son los trasvases mensuales. “El objetivo es desnaturalizar el trasvase, vaciarlo de contenido, no tocar su estructura legislativa, pero reducir al m?ximo, indirectamente, las aportaciones”. Molina advierte de que “si el Plan Hidrol?gico del Tajo se aprueba en los términos actuales, en cuanto a los caudales ecol?gicos, resultar? inevitable la presentaci?n de recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo, buscando la nulidad de pleno derecho de los caudales ecol?gicos”. “Los principales motivos de nulidad ser?an las insuficiencias en el proceso participativo: las alegaciones presentadas por entidades e instituciones p?blicas alicantinas y murcianas recibieron una contestaci?n meramente formal, sin analizar y contestar a los contenidos presentados”. Por otro lado, lament? la ausencia de concertaci?n con el sector. La concertaci?n es un imperativo de la normativa que regula el proceso de planificaci?n, y no se ha intentado acuerdo alguno con el sector. Adem?s, seg?n este juristas, se suma la “arbitrariedad en la fijaci?n de los caudales ecol?gicos”. Se han utilizado métodos técnicos, seg?n Molina, no debidamente justificados. "Existen estudios alternativos que demuestran la incorrecci?n de los datos que maneja la Administraci?n. Se observa adem?s falta de motivaci?n o motivaci?n insuficiente en la justificaci?n técnica de los caudales ecol?gicos, y no se han tenido en cuenta principios constitucionales como la proporcionalidad (los caudales ecol?gicos son desproporcionados porque resultan innecesarios para la masa de agua y afectan intensamente a los derechos existentes de los usuarios del ATS), la seguridad jur?dica o la confianza leg?tima".
"El objetivo es desnaturalizar el trasvase, vaciarlo de contenido, no tocar su estructura legislativa, pero reducir al m?ximo, indirectamente, las aportaciones"
Para el director del Instituto del Agua de la UA, los caudales ecol?gicos son contrarios a la Ley (infracci?n del principio de legalidad), ya que impiden la aplicaci?n efectiva de los objetivos previstos en la legislaci?n que regula el Acueducto. “Por tanto, por razones de jerarqu?a normativa los caudales ecol?gicos propuestos son nulos de pleno derecho”.En la jornada se puso de manifiesto que “al margen de la validez del Plan del Tajo, tanto si se lograra su anulaci?n como si no, existen fundamentos jur?dicos m?s que suficientes para plantear una reclamaci?n por responsabilidad patrimonial de la Administraci?n, ya que la elevaci?n de los caudales ecol?gicos causar? un perjuicio en los usuarios del trasvase, que estos no tienen el deber jur?dico de soportar. Los usuarios tienen un derecho subjetivo reconocido por la legislaci?n, que se va ver seriamente menoscabado, gener?ndoles perjuicios actuales, efectivos, individualizables, y que son susceptibles de ser evaluados. “Esos perjuicios no pueden ser compensados con la aportaci?n de agua de otra procedencia, toda vez que los costes del agua desalada o regenerada son muy superiores a los del ATS, por lo que el perjuicio patrimonial es evidente”, seg?n Molina.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/economia/recorte-tajo-segura-pese-agua-78326456)
El profesor Joaqu?n Melgarejo, responsable de la C?tedra del Agua de la Universidad de Alicante y coordinador le informe, subraya que desde la toma de posesi?n de la ministra Teresa Ribera del Ministerio de Transici?n Ecol?gica en junio de 2018, se han producido de forma arbitraria, en contra de las recomendaciones de la Comisi?n Central de Explotaci?n del ATTS, una reducci?n de 147,3 hm3 a la cuenca del Segura, en contra de la recomendaci?n de los propios técnicos de la comisi?n de explotaci?n.
Seg?n los c?lculos del profesor Melgarejo “cada hect?metro c?bico que se deja de trasvasar tiene un impacto econ?mico de cuatro millones euros y una repercusi?n negativa sobre el empleo de 87 trabajadores. El montante total de pérdidas econ?micas producidas como consecuencia de las decisiones arbitrarias de la ministra, no motivadas, para la cuenca del Segura receptora de los caudales procedentes del trasvase durante estos cuatro a?os ascienden a 590,8 millones de euros”. De esta cantidad, a la provincia de Alicante le afecta en unos 180 millones de euros, seg?n el informe coordinado por el profesor Joaqu?n Melgarejo, director de la c?tedra del Agua UA-Diputaci?n de Alicante.
"Cada hect?metro c?bico que se deja de trasvasar tiene un impacto econ?mico de cuatro millones euros"
Alberto del Villar, economista de la Universidad de Alcal?, apunt?, en este sentido, que el regad?o que depende del agua del Tajo es una actividad estratégica que desempe?a una labor esencial en la creaci?n de valor de las actividades econ?micas regionales. Por s? s?lo, el sector genera una producci?n de m?s de 1.900 millones de euros, con una aportaci?n al VAB (Valor A?adido Bruto) nacional de unos 870 millones, y empleando a unos 30.100 trabajadores. La actividad econ?mica indirecta generada por las actividades vinculadas a las explotaciones de regad?o del trasvase se estima en unos 2.740 millones de euros aportando unos 67.000 empleos en Alicante y Murcia.
Villar advierte de que toda actividad tiene consecuencias externas sobre terceros, otras actividades o el entorno d?nde se desarrollan, tanto negativas como positivas. “Utilizando criterios de valoraci?n econ?mica basados en la correcci?n de estos efectos, se puede estimar un coste econ?mico de las actividades del regad?o de unos 1.171,87 euros/ha/a?o. Cifra que ascender?a a unos 176,6 millones de euros /a?o para toda la superficie regada del acueducto”.
"Los cultivos de regad?o son un sumidero de carbono con la fijaci?n de unas 707.276 - 1.208.084 tonelada de CO2/a?o"
El profesor apunt?, por otro lado, que los cultivos de regad?o son un sumidero de carbono, cuyo balance neto anual se estima en la fijaci?n de entre 707.276 y 1.208.084 tonelada de CO2/a?o. Utilizando los valores recomendados por la Comisi?n Europea para los proyectos de mitigaci?n del cambio clim?tico, obtenemos un valor de este beneficio ambiental estimado en entre 641 y 6.414 de euros hect?rea /a?o. Valores que proporcionar?an un beneficio econ?mico de unos 475,1 millones de euros.En términos netos, estos efectos externos alcanzan un beneficio de casi 300 millones de euros al a?o adicionales, compensando los beneficios de sumidero de carbono a los efectos de la contaminaci?n por nitratos. “Lo anterior no quiere decir que no haya que tomar medidas para resolver los problemas de contaminaci?n. Pero hay que ser inteligentes con las opciones”, se?al? Alberto del Villar.Estrategia calculada
Andrés Molina, director, del Instituto del Agua y de las Ciencias Ambientales de la Universidad de Alicante, apunt?, por su parte, que el fracaso de la v?a legislativa para cancelar el trasvase Tajo-Segura (Estatuto de Castilla La Mancha, abril de 2008) ha evolucionado a una estrategia de reducci?n progresiva del trasvase por v?a reglamentaria (planificaci?n hidrol?gica y reforma de la regla de explotaci?n) mediante decisiones administrativas como son los trasvases mensuales. “El objetivo es desnaturalizar el trasvase, vaciarlo de contenido, no tocar su estructura legislativa, pero reducir al m?ximo, indirectamente, las aportaciones”. Molina advierte de que “si el Plan Hidrol?gico del Tajo se aprueba en los términos actuales, en cuanto a los caudales ecol?gicos, resultar? inevitable la presentaci?n de recursos contencioso administrativos ante el Tribunal Supremo, buscando la nulidad de pleno derecho de los caudales ecol?gicos”. “Los principales motivos de nulidad ser?an las insuficiencias en el proceso participativo: las alegaciones presentadas por entidades e instituciones p?blicas alicantinas y murcianas recibieron una contestaci?n meramente formal, sin analizar y contestar a los contenidos presentados”. Por otro lado, lament? la ausencia de concertaci?n con el sector. La concertaci?n es un imperativo de la normativa que regula el proceso de planificaci?n, y no se ha intentado acuerdo alguno con el sector. Adem?s, seg?n este juristas, se suma la “arbitrariedad en la fijaci?n de los caudales ecol?gicos”. Se han utilizado métodos técnicos, seg?n Molina, no debidamente justificados. "Existen estudios alternativos que demuestran la incorrecci?n de los datos que maneja la Administraci?n. Se observa adem?s falta de motivaci?n o motivaci?n insuficiente en la justificaci?n técnica de los caudales ecol?gicos, y no se han tenido en cuenta principios constitucionales como la proporcionalidad (los caudales ecol?gicos son desproporcionados porque resultan innecesarios para la masa de agua y afectan intensamente a los derechos existentes de los usuarios del ATS), la seguridad jur?dica o la confianza leg?tima".
"El objetivo es desnaturalizar el trasvase, vaciarlo de contenido, no tocar su estructura legislativa, pero reducir al m?ximo, indirectamente, las aportaciones"
Para el director del Instituto del Agua de la UA, los caudales ecol?gicos son contrarios a la Ley (infracci?n del principio de legalidad), ya que impiden la aplicaci?n efectiva de los objetivos previstos en la legislaci?n que regula el Acueducto. “Por tanto, por razones de jerarqu?a normativa los caudales ecol?gicos propuestos son nulos de pleno derecho”.En la jornada se puso de manifiesto que “al margen de la validez del Plan del Tajo, tanto si se lograra su anulaci?n como si no, existen fundamentos jur?dicos m?s que suficientes para plantear una reclamaci?n por responsabilidad patrimonial de la Administraci?n, ya que la elevaci?n de los caudales ecol?gicos causar? un perjuicio en los usuarios del trasvase, que estos no tienen el deber jur?dico de soportar. Los usuarios tienen un derecho subjetivo reconocido por la legislaci?n, que se va ver seriamente menoscabado, gener?ndoles perjuicios actuales, efectivos, individualizables, y que son susceptibles de ser evaluados. “Esos perjuicios no pueden ser compensados con la aportaci?n de agua de otra procedencia, toda vez que los costes del agua desalada o regenerada son muy superiores a los del ATS, por lo que el perjuicio patrimonial es evidente”, seg?n Molina.
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