الريــم
11-06-2022, 08:01 PM
Queda m?s de un a?o para que el Congreso ponga fin a la legislatura y las calles vuelvan a vestirse con banderines y carteles de los partidos pol?ticos, pero en la pol?tica nacional ya se empieza a respirar cierto olor a campa?a electoral. Aunque los programas no se han puesto a punto, el PP ya ha dado bastantes pistas de lo que har? si alcanza la Moncloa: en su agenda est? la derogaci?n de todas las leyes del gobierno de PSOE y Unidas Podemos que ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC). Feij?o pondr? fin a la ley de Memoria Hist?rica, la de Educaci?n, las que regulan la eutanasia y el aborto, o el traspaso del Ingreso M?nimo Vital al Pa?s Vasco y Navarra. Derogar? incluso la Ley de Secretos Oficiales, que todav?a ni ha sido aprobada. La l?gica que aplicaba Feij?o en una entrevista es sencilla: “Si un partido llega a la conclusi?n de que una ley es inconstitucional y ma?ana tiene la responsabilidad de gobernar en Espa?a, por coherencia debe derogar total o parcialmente aquellas leyes que tiene recurridas”.
Sin embargo, la historia refleja que estas normas no est?n necesariamente sentenciadas: no es la primera vez que los populares prometen acabar con las leyes socialistas recurridas mientras est?n en la oposici?n y que posteriormente mantienen cuando llegan al Gobierno. Recurrir al TC para mostrar rechazo a las pol?ticas del Ejecutivo de turno ha sido una pr?ctica habitual de los dos grandes partidos, pero una vez en la Moncloa, no siempre han obrado en consecuencia.
En 2021, los grupos parlamentarios presentaron 17 recursos contra leyes estatales, el dato m?s alto de la serie. El récord se hab?a alcanzado en 2013, con diez recursos.
El recurso de inconstitucionalidad lo pueden interponer el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los ?rganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Aut?nomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. En la ?ltima memoria de la instituci?n, su presidente, Pedro José Gonz?lez-Trevijano, se?alaba que “sobresale el n?mero de recursos de inconstitucionalidad promovidos por los diferentes grupos parlamentarios”, con 17 de los 32 presentados contra leyes del Estado. Todo un récord, puesto que casi duplica el dato m?s alto de la serie, el de 2013, cuando los partidos firmaron diez recursos contra normas estatales. Una tendencia que no decrece: en los primeros ocho meses del a?o, ya son once los recursos contra leyes estatales promovidos por diputados o senadores. Muchos de ellos llevan la firma de Vox, pero el PP también secunda algunos de ellos: el TC se usa como una nueva oportunidad de tumbar una norma que ha logrado el apoyo mayoritario del legislativo.
Aborto y matrimonio homosexual
En 1985, Alianza Popular, antecesora del PP, se opuso a la ley de supuestos en los que se permit?a una interrupci?n voluntaria del embarazo. Luego la llev? al Tribunal Constitucional, que acab? por darle el visto bueno no sin que el Gobierno tuviera que hacer varios ajustes. Cuando José Mar?a Aznar alcanz? el Gobierno en 1996, la norma no se toc?. Tiempo después asegur? que la hab?a respetado durante su mandato porque era “de consenso” y manten?a el aborto voluntario como “un delito, con alguna excepci?n”.
Con el PSOE de nuevo en el Gobierno, José Luis Rodr?guez Zapatero convirti? el aborto en un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo. El PP llev? de nuevo esta reforma al Tribunal Constitucional, que doce a?os después a?n no se ha pronunciado.
No tuvieron que esperar mucho los populares para tener en su mano cambiar la legislaci?n a la que se hab?an opuesto. El PP de Mariano Rajoy venci? con mayor?a absoluta en 2011, pero pese a que el presidente estaba entre los firmantes de aquel recurso, s?lo reform? la norma para a?adir la exigencia de incluir el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 a?os que quieren interrumpir su embarazo. La ley del aborto le cost? el puesto al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard?n, que hab?a impulsado un cambio m?s ambicioso y que no lleg? a buen puerto: recibi? contestaci?n incluso en el propio partido.
Durante la legislatura de Zapatero, los populares intentaron, sin éxito, tumbar en los tribunales la Ley de Suelo, la reforma de la Ley Org?nica del TC, la reforma del Reglamento del Senado e incluso varias leyes de Presupuestos Generales del Estado. Otro ejemplo es la ley de Igualdad de 2007; en concreto, la obligaci?n de llevar a los comicios listas paritarias. El TC rechaz? el recurso del PP antes de que el partido volviera al poder.
Algo similar ocurri? con la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que el PP recurri?. La respuesta de la Justicia lleg? siete a?os después, cuando Rajoy ya estaba en el Gobierno. En cualquier caso, el PP no hab?a mostrado la m?s m?nima intenci?n de derogar un derecho del que m?s tarde har?a uso el popular Javier Maroto en un enlace que cont? con el propio Rajoy como invitado. La lentitud de la Justicia lleva a que el consenso social se imponga a?os después de que el partido se haya ganado el titular frente a su electorado.
Los recursos del PSOE
Cuando el PP recurri? el Estatut de Catalunya que impuls? el Gobierno en 2009, Zapatero acus? al PP de querer “ganar en los juzgados lo que pierde, siempre, pol?ticamente por las mayor?as parlamentarias o por la mayor?a social”. Pero unos a?os después, cuando toc? estar en la oposici?n, fue el PSOE el que llev? al TC m?s de una docena de leyes de los populares en apenas dos a?os, como la amnist?a fiscal, las tasas judiciales, la jubilaci?n anticipada o la ley contra los desahucios. Muchas de ellas las aprob? el PP en solitario, con el rodillo de su mayor?a absoluta. Pero también en muchos casos, el recurso socialista no se tradujo en una derogaci?n de la norma recurrida una vez en el Gobierno: es lo que pas? con la prisi?n permanente revisable, que el PSOE recurri? junto a otros partidos por considerarla una cadena perpetua encubierta y cuya reforma enfri? posteriormente a la espera del veredicto del TC, que acab? resolviendo que era constitucional hace apenas un a?o.
También la ley de Seguridad Ciudadana sigue pendiente de derogaci?n o reforma, pese a que Pedro S?nchez lleva cuatro a?os en el Gobierno y es una promesa recurrente. El Congreso se prepara para dar luz verde al enésimo intento antes de que acabe la legislatura. La situaci?n es similar a la de la reforma laboral de 2012, que el PSOE llev? al TC y que recibi? el visto bueno de la Justicia en febrero de 2015. Hasta diez a?os han tardado los socialistas en derogar algunos de esos preceptos: la nueva reforma se aprob? este a?o, cinco después de que Pedro S?nchez llegara a La Moncloa.
أكثر... (https://www.sport.es/es/noticias/nacional/politica-tc-recurrir-leyes-oposicion-78211692)
Sin embargo, la historia refleja que estas normas no est?n necesariamente sentenciadas: no es la primera vez que los populares prometen acabar con las leyes socialistas recurridas mientras est?n en la oposici?n y que posteriormente mantienen cuando llegan al Gobierno. Recurrir al TC para mostrar rechazo a las pol?ticas del Ejecutivo de turno ha sido una pr?ctica habitual de los dos grandes partidos, pero una vez en la Moncloa, no siempre han obrado en consecuencia.
En 2021, los grupos parlamentarios presentaron 17 recursos contra leyes estatales, el dato m?s alto de la serie. El récord se hab?a alcanzado en 2013, con diez recursos.
El recurso de inconstitucionalidad lo pueden interponer el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los ?rganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Aut?nomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas. En la ?ltima memoria de la instituci?n, su presidente, Pedro José Gonz?lez-Trevijano, se?alaba que “sobresale el n?mero de recursos de inconstitucionalidad promovidos por los diferentes grupos parlamentarios”, con 17 de los 32 presentados contra leyes del Estado. Todo un récord, puesto que casi duplica el dato m?s alto de la serie, el de 2013, cuando los partidos firmaron diez recursos contra normas estatales. Una tendencia que no decrece: en los primeros ocho meses del a?o, ya son once los recursos contra leyes estatales promovidos por diputados o senadores. Muchos de ellos llevan la firma de Vox, pero el PP también secunda algunos de ellos: el TC se usa como una nueva oportunidad de tumbar una norma que ha logrado el apoyo mayoritario del legislativo.
Aborto y matrimonio homosexual
En 1985, Alianza Popular, antecesora del PP, se opuso a la ley de supuestos en los que se permit?a una interrupci?n voluntaria del embarazo. Luego la llev? al Tribunal Constitucional, que acab? por darle el visto bueno no sin que el Gobierno tuviera que hacer varios ajustes. Cuando José Mar?a Aznar alcanz? el Gobierno en 1996, la norma no se toc?. Tiempo después asegur? que la hab?a respetado durante su mandato porque era “de consenso” y manten?a el aborto voluntario como “un delito, con alguna excepci?n”.
Con el PSOE de nuevo en el Gobierno, José Luis Rodr?guez Zapatero convirti? el aborto en un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas de embarazo. El PP llev? de nuevo esta reforma al Tribunal Constitucional, que doce a?os después a?n no se ha pronunciado.
No tuvieron que esperar mucho los populares para tener en su mano cambiar la legislaci?n a la que se hab?an opuesto. El PP de Mariano Rajoy venci? con mayor?a absoluta en 2011, pero pese a que el presidente estaba entre los firmantes de aquel recurso, s?lo reform? la norma para a?adir la exigencia de incluir el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 a?os que quieren interrumpir su embarazo. La ley del aborto le cost? el puesto al entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallard?n, que hab?a impulsado un cambio m?s ambicioso y que no lleg? a buen puerto: recibi? contestaci?n incluso en el propio partido.
Durante la legislatura de Zapatero, los populares intentaron, sin éxito, tumbar en los tribunales la Ley de Suelo, la reforma de la Ley Org?nica del TC, la reforma del Reglamento del Senado e incluso varias leyes de Presupuestos Generales del Estado. Otro ejemplo es la ley de Igualdad de 2007; en concreto, la obligaci?n de llevar a los comicios listas paritarias. El TC rechaz? el recurso del PP antes de que el partido volviera al poder.
Algo similar ocurri? con la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo, que el PP recurri?. La respuesta de la Justicia lleg? siete a?os después, cuando Rajoy ya estaba en el Gobierno. En cualquier caso, el PP no hab?a mostrado la m?s m?nima intenci?n de derogar un derecho del que m?s tarde har?a uso el popular Javier Maroto en un enlace que cont? con el propio Rajoy como invitado. La lentitud de la Justicia lleva a que el consenso social se imponga a?os después de que el partido se haya ganado el titular frente a su electorado.
Los recursos del PSOE
Cuando el PP recurri? el Estatut de Catalunya que impuls? el Gobierno en 2009, Zapatero acus? al PP de querer “ganar en los juzgados lo que pierde, siempre, pol?ticamente por las mayor?as parlamentarias o por la mayor?a social”. Pero unos a?os después, cuando toc? estar en la oposici?n, fue el PSOE el que llev? al TC m?s de una docena de leyes de los populares en apenas dos a?os, como la amnist?a fiscal, las tasas judiciales, la jubilaci?n anticipada o la ley contra los desahucios. Muchas de ellas las aprob? el PP en solitario, con el rodillo de su mayor?a absoluta. Pero también en muchos casos, el recurso socialista no se tradujo en una derogaci?n de la norma recurrida una vez en el Gobierno: es lo que pas? con la prisi?n permanente revisable, que el PSOE recurri? junto a otros partidos por considerarla una cadena perpetua encubierta y cuya reforma enfri? posteriormente a la espera del veredicto del TC, que acab? resolviendo que era constitucional hace apenas un a?o.
También la ley de Seguridad Ciudadana sigue pendiente de derogaci?n o reforma, pese a que Pedro S?nchez lleva cuatro a?os en el Gobierno y es una promesa recurrente. El Congreso se prepara para dar luz verde al enésimo intento antes de que acabe la legislatura. La situaci?n es similar a la de la reforma laboral de 2012, que el PSOE llev? al TC y que recibi? el visto bueno de la Justicia en febrero de 2015. Hasta diez a?os han tardado los socialistas en derogar algunos de esos preceptos: la nueva reforma se aprob? este a?o, cinco después de que Pedro S?nchez llegara a La Moncloa.
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