Marwa sabe que nadie en su lugar podr?a haber soportado lo que ella tuvo que vivir. “Intenté escapar pero me capturaron, ten?a dos opciones: casarme o ser trasladada a una prisi?n subterr?nea”, recuerda esta mujer siria sobre el tiempo que pas? en las 'madafas' de Estado Isl?mico, es decir, las casas de huéspedes para mujeres del grupo terrorista. “No pod?amos salir de all? ni ver a nadie de fuera”, rememora ahora desde un centro de detenci?n en el noreste de Siria. Su historia es la de miles de mujeres que cayeron en las redes del tr?fico de Estado Isl?mico durante el califato. Ahora, muchas de ellas, decenas de miles, siguen atrapadas en insalubres e inhumanos centros de detenci?n bajo el control de la Administraci?n Aut?noma del Norte y Este de Siria (AANES, por sus siglas en inglés) y sus milicias asociadas, apoyados por Estados Unidos, seg?n denuncia Amnist?a Internacional.

“Las v?ctimas de tr?fico, como esta mujer, tienen algunos derechos: no ser condenadas por los actos cometidos durante su tiempo bajo coacci?n y la obligaci?n por parte de sus gobiernos de repatriarlas”, se?ala Lauren Aarons, asesora principal sobre género, conflictos y justicia internacional de Amnist?a Internacional. Pero en el infierno de estos infames centros no hay lugar para el derecho internacional. M?s de 56.000 personas son v?ctimas de esta ausencia al seguir encerradas por sexto a?o consecutivo en 27 centros de detenci?n y dos campos a cielo abierto, Al Roj y Al Hol, gestionados por la AANES. As? lo recoge Amnist?a Internacional en su informe 'Las consecuencias: injusticia, tortura y muerte bajo custodia en el noreste de Siria' realizado a través de tres visitas a estas instalaciones, “bastante excepcionales”, y m?s de 300 entrevistas con prisioneros, exprisioneros y funcionarios.

Ni?os separados de sus madres

Amnist?a Internacional denuncia que m?s de la mitad de las personas retenidas en este sistema son ni?os. "Estos 30.000 menores presos suponen la mayor concentraci?n de ni?os privados de libertad en cualquier parte del mundo", subraya Nicolette Waldman, asesora principal de crisis de la organizaci?n con sede en Londres. Muchos de ellos llegaron como menores a los centros de detenci?n y han entrado a la edad adulta desde una celda. “En los campos de detenci?n, d?nde el 94% de prisioneros son mujeres y ni?os, hay una pol?tica de separar a los hijos extranjeros una vez cumplen 11 o 12 a?os de sus madres y llevarlos a los centros con otros hombres adultos”, a?ade Waldman. Esta separaci?n es el principio de una vida repleta de ellas que obstaculiza la posibilidad de repatriaci?n para estos ni?os.

Para algunos de ellos, sus propios gobiernos son, de alguna forma, responsables de su permanencia en el infierno. “Estados Unidos no s?lo particip? en el establecimiento de estos centros de detenci?n administrado por las autoridades aut?nomas, sino que tiene un papel clave en el apoyo y mantenimiento de este sistema”, insiste Waldman. “M?s all? de los millones de d?lares que dan a las Fuerzas Democr?ticas Sirias (FDS), los funcionarios estadounidenses sobre el terreno realizan visitas frecuentes a las instalaciones”, a?ade. De esta forma, Washington viola la ley internacional al transferir a los detenidos a los centros tras haberles interrogados, ya que all? pueden ser sujetos a tortura o, incluso, a la muerte.

Responsabilidad occidental

Desde la organizaci?n de derechos humanos, denuncian las tr?gicas condiciones en las que estas personas llevan seis a?os viviendo. Muertes en masa, confesiones forzadas por la tortura, palizas severas, violencia de género, descargas eléctricas, y un tr?gico etcétera. “En los campos de Al Hol y Al Roj, la detenci?n de personas dentro de ellos va en contra del derecho internacional porque la gente no puede salir y llevan encerrados ah? desde el 2019 en condiciones inhumanas y que ponen en peligro sus vidas”, apunta Waldman. No todos los 56.000 detenidos en campos y centros han pasado por un juicio, y aquellos que s? lo han hecho no contaban con las garant?as de un procedimiento justo.

“Hemos documentado toda una serie de preocupaciones al respecto del sistema jur?dico de la regi?n aut?noma del noreste de Siria”, explica Aarons. En los ?ltimos seis a?os, unas 9.600 personas han sido procesadas a través de los tribunales de defensa del pueblo. “Nadie tiene acceso a abogados, se da una pr?ctica muy sistem?tica de torturas y malos tratos para forzar la confesi?n, las v?ctimas de Estado Isl?mico est?n siendo juzgadas por cargos antiterroristas muy vagos”, se?ala la asesora sobre género, conflictos y justicia internacional de Amnist?a. La ca?tica situaci?n que se produjo en marzo de 2019 tras la derrota del califato isl?mico en Baguz ha hecho que estos centros acojan a miles de personas vinculadas al grupo, pero también a otras que simplemente resid?an en la regi?n bajo su control.

El apoyo de Washington a las FDS, integradas por milicianos ?rabes y kurdos, no termin? con la derrota del grupo yihadista. A d?a de hoy, EEUU contin?a monitoreando cualquier asunto relacionado con los presos de Estado Isl?mico. Waldman explica que, al compartir los resultados de su informe con las fuerzas estadounidenses sobre el terreno, estas les respondieron que “hac?an lo que pod?an”. “No s?lo no lo est?n haciendo, sino que no est?n cumpliendo con sus obligaciones bajo el derecho internacional y apoyan un sistema de violaciones contra decenas de miles de personas”, subraya la representante de Amnist?a, que también se?ala la colaboraci?n de Reino Unido, Francia y las autoridades iraqu?es en el asunto.



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