Los manifiestos de adhesi?n a Pedro S?nchez se suceden desde las distintas federaciones y cargos institucionales. El ?ltimo de ellos, firmado por los alcaldes y presidentes de diputaciones, describe una campa?a contra Pedro S?nchez que compara con “una corriente de impulso al lawfare que ha tenido ya sus primeros precedentes en Europa”. Como ejemplo, citan los casos del ex primer ministro de Portugal, Ant?nio Costa, y la ex vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, M?nica Oltra. Ambos ambadonaron sus cargos por investigaciones judiciales que finalmente fueron archivadas.

La carta del presidente del Gobierno ya desliza, aunque sin hacer referencia directa al lawfare, el marco de la guerra sucia pol?tica con connivencia judicial, mientras que otros dirigentes ha aludido a los casos de Costa y otros dirigentes extranjeros. El mismo miércoles en el que se conoci? la investigaci?n a la esposa del presidente del Gobierno, Bego?a G?mez, por delitos de tr?fico de influencias y corrupci?n en los negocios, el argumentario m?s repetido por los ministros y dirigentes socialistas fue el de “denuncia falsa”. Campa?a y bulo fueron otros de los conceptos m?s repetidos por los socialistas, tratando de mezclar la investigaci?n judicial con la fiscalizaci?n pol?tica de los populares sobre Bego?a G?mez por un supuesto conflicto de intereses de G?mez relacionado con el rescate a Air Europa (Globalia).

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi L?pez, habl? de investigaci?n prospectiva para denunciar que se deba demostrar la inocencia de alguien en lugar de se?alar con pruebas la culpabilidad. “Un pa?s en el que hay que demostrar la inocencia, eso es tremendo", exclamaba en los pasillos del Congreso. Lo que s? evitaron en todo momento desde el Gobierno fue en cuestionar directamente al juez que decidi? abrir diligencias por la denuncia, el titular del juzgado n?mero 41, Juan Carlos Peinado.

La situaci?n es inédita y los pronunciamientos de miembros del Gobierno no se quedan atr?s. Este mismo viernes, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, magistrado en excedencia, se manifest? por primera vez desde que est? en pol?tica en contra de una actuaci?n judicial. Tras asegurar que la querella "adolece de ning?n contenido incriminatorio", concluy? que el juez deber?a haber archivado la denuncia, un "sobreseimiento libre", en lugar de abrir diligencias previas.

Entre las pocas personas que reconocen haber hablado desde el miércoles por la noche con el presidente del Gobierno est? su hom?logo brasile?o, Lula Da Silva. Precisamente, el simb?lo del ‘lawfare’ al que, sin nombrarlo directamente, asocian desde el PSOE la campa?a de “acoso y derribo” a S?nchez a través de su esposa, Bego?a G?mez. El motivo por el que el jefe del Ejecutivo se plantea en su carta diriga a la ciudadania “si merece la pena” seguir al frente de la presidencia del Gobierno. La denominada guerra sucia, en el terreno judicial, pol?tico y medi?tico, marc? la biograf?a pol?tica de Lula. Inhabilitado y hasta encarcelado por un caso de corrupci?n, a?os después se anularon todos sus cargos y volvi? a la primera l?nea pol?tica para ser reelegido presidente.

El manifiesto "a favor de la concordia y la convivencia democr?tica", como recoge Europa Press, lo impulsa la alcaldesa de A Coru?a y vicepresidenta primera de la Federaci?n Espa?ola de Municipios y Provincias (FEMP) y, seg?n el PSOE lo firman m?s de 2.500 alcaldes, presidentes de diputaciones provinciales, cabildos y consells del PSOE y de otros partidos "progresistas".

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"Incompatible" con la democracia

Seg?n indica el texto, dan este paso a ra?z de la decisi?n de S?nchez de abrir un periodo de reflexi?n para decidir si contin?a al frente del Ejecutivo, que se produjo a ra?z de las investigaciones a su mujer, Bego?a G?mez.

Los firmantes se?alan que la decisi?n de S?nchez viene condicionada por "comentarios y acciones difamatorias" hacia su persona y su entorno, que traspasan del campo pol?tico al personal. "La deriva de los discursos y las campa?as de los ?ltimos a?os promovida por parte de la extrema derecha y la derecha extrema son incompatibles para los alcaldes y alcaldesas progresistas con los valores democr?ticos y suponen un peligro para la convivencia", se?alan.

Entre los firmantes, est?n Javier Ayala , alcalde de Fuenlabrada y portavoz del grupo socialista de la FEMP; Jaume Collboni , alcalde de Barcelona; Carolina Darias , alcaldesa de Las Palmas; Abel Caballero , alcalde de Vigo; Maider Etxebarria , alcaldesa de Vitoria; Miryam Andrés , alcaldesa de Palencia; Antonio Rodr?guez Osuna , alcalde de Mérida; David Bote , alcalde de Matar?; Mariv? Monteser?n , alcaldesa de Avilés; Carlos Fern?ndez Bielsa , alcalde de Mislata; y Francisco Reyes , presidente de la Diputaci?n de Jaén.

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Se?alan adem?s que como personas que se dedican al ejercicio pol?tico, quieren expresar su "empat?a y solidaridad" a todas las personas que han sido objeto de ataques, insultos "promovidos desde estas actitudes radicales e intolerantes".

El documento, que no lleva la siglas de ning?n partido, cuenta adem?s con el respaldo de todos los alcaldes y alcaldesas de las capitales de provincia y principales ciudades socialistas, adem?s de los presidentes de diputaci?n y cabildos y los presidentes y presidentas de las Federaciones de Municipios de Catalu?a, Canarias, Asturias, Galicia y Extremadura, seg?n indican fuentes del PSOE.



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